Si desde hace unos años la actualidad judicial se ha llenado de titulares sobre el arranque y los llamativos avances de las grandes investigaciones sobre supuesta corrupción en Granada, que afectaban a importantes nombres de la vida política de la provincia, este 2019 ha supuesto un punto y seguido. Un tiempo para concluir gran parte de las pesquisas, hacer balance de las actuaciones y poner camino del banquillo a aquellos sobre los que se hayan reunido suficientes indicios delictivos. También ha habido archivos y carpetazos, unos más esperados que otros.

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado, buena parte de sus concejales de gobierno, la que fue directora de la Alhambra María del Mar Villafranca o el último regidor socialista, Paco Cuenca, son algunos de los procesados o acusados que ya han quedado cerca de ser enjuiciados.

2020 puede ser para ellos el año de las togas, el momento de la verdad en que los jueces determinarán si era verdad que la corrupción estuvo a la orden del día durante años, o si al final queda demostrada la inocencia de esos altos cargos, que se han visto salpicados durante años por la sombra de la sospecha: la temida pena de telediario.

Al margen de los grandes asuntos de posible corrupción, en el último año no han faltado novedades de lo que ya son asuntos fijos: la lucha contra el sistema judicial de Juana Rivas, las batallas dialécticas con consecuencias penales para Spiriman, el tráfico de drogas o la violencia de género. La persecución de delitos medioambientales adquiere más relevancia año a año y en 2019 ha sido importante.

Corrupción municipal: Serrallo, Nazarí, Emucesa...

En primavera de 2019, en plena oleada de campañas electorales, la Audiencia Provincial irrumpió en la actualidad informativa con el anuncio de la fecha del que será el primer gran juicio contra la supuesta corrupción municipal durante los largos años de gobierno del PP en la capital granadina. Se celebrará durante todo el mes de febrero próximo, de modo que 2020 va a comenzar muy caliente en este apartado político-judicial. 

José Torres Hurtado, la mayoría de sus concejales de gobierno, altos cargos técnicos de Urbanismo y quien fue el principal promotor urbanístico en la ciudad durante años, Roberto García Arrabal, se enfrentarán a penas de 8 años de cárcel (según la petición fiscal) por importantes delitos relacionados con la construcción de una discoteca sobre un terreno destinado a parque infantil en el Serrallo.

En paralelo, la macrocausa que sí provocó el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Granada y que supuso un terremoto político de repercusión nacional, el caso Nazarí, está a punto de concluir este 2019 su cuarto año de instrucción. La magistrada que impulsó tanto este asunto como el del Serrallo, María Ángeles Jiménez Muñoz, ya ha comenzado a abrir piezas separadas, dado que el caso Nazarí es un compendio de diferentes expedientes urbanísticos donde la supuesta “trama criminal” habría orquestado una forma habitual de actuar para beneficiar a promotores y conocidos, en perjuicio de los intereses de la ciudad.

Para agilizar la última fase de la causa, tanto la fiscal como la magistrada han considerado que es más apropiado la división del caso en distintas partes, que pueden seguir caminos diferentes en función de las pruebas o indicios hallados durante todos estos años de investigación. 

De las seis piezas previstas inicialmente, la jueza ha abierto este año tres (Registrador, Obispo Hurtado y Mulhacén) y ha ordenado el archivo de una de ellas (Cerrillo de Maracena), aunque esa decisión ha sido objeto de recurso por parte del PSOE.

La primera pieza separada, el expediente urbanístico que permitió autorizar una obra supuestamente irregular en la sede de un registrador de la propiedad, es también el primer asunto que ya ha pasado a la siguiente fase procesal. En este último mes del año, la magistrada ha dictado un auto en el que procesa a siete personas (incluidos Torres Hurtado y la cúpula de Urbanismo) por media docena de delitos, entre los que está el de “organización criminal”. Este dato es fundamental, porque pone de relieve que en la parte final del proceso de instrucción la jueza ha encontrado indicios y mantiene la teoría de la existencia de esa “trama”, que fue la base para el inicio de la Operación Nazarí.

Otro asunto relacionado con la supuesta prevaricación durante el etapa de amplias mayorías absolutas del PP en la ciudad es el caso Emucesa, conocido como el de los contratos fantasma. Este año que acaba ha supuesto también el final de la instrucción y la apertura de juicio oral, que podría ser el año próximo. De los siete acusados, tres han llegado a un acuerdo con todas las acusaciones para rebajar su pena. Admitieron que la empresa municipal de cementerios hizo contratos ficticios de alto nivel por “afinidad personal o política”. Entre estas personas que han pagado la cantidad económica que se les exigía, está la exconcejal María Francés. Los otros cuatro tendrán que ser enjuiciados.

Siguen pendientes otros dos casos relacionados con la gestión municipal, la venta de Casa Agreda y el de las facturas supuestamente falsas de la televisión municipal, TG7. Esta última investigación se ha declarado causa compleja para poder extender los plazos. Lo más destacado fue la declaración como investigado del empresario Raúl Berdonés (muy destacado en el mundo de la televisión nacional e internacional), quien afirmó ante el juez que el cobro de ese tipo de facturas, tramitadas como gastos extraordinarios, es una práctica común en todas las televisiones públicas.

Alhambra: Villafranca procesada y la macrocausa archivada

El otro gran foco de supuesta corrupción política durante los últimos años, el de la Alhambra, ha tenido un 2019 contradictorio. De un lado, la macrocausa que dio lugar a la espectacular operación policial de Colina Roja (con decenas de detenidos) ha recibido la confirmación del archivo por parte de la Audiencia Provincial.

Esta decisión fue muy polémica porque el motivo del carpetazo no fue el de ausencia de indicios delictivos, sino la caducidad de los plazos sin que el juzgado hubiera tramitado en tiempo las prórrogas necesarias para continuar las pesquisas en una causa tan compleja. La Fiscalía recurrió al Supremo, por su rechazo a cerrar un asunto que ha puesto en tela de juicio la adjudicación de decenas de contratos durante décadas.

Pero el caso que dio origen a esa enorme investigación y que fue el hilo del que tiraron la Policía y el juez instructor, llamado Audioguías por el nombre del primer contrato que se comenzó a investigar, sí ha seguido su tramitación y ha supuesto el procesamiento de la exdirectora María del Mar Villafranca, la secretaria general del monumento y el empresario que tenía el contrato de este servicio.

ERE: las ramificaciones granadinas

La sentencia de la causa principal de los ERE puso de manifiesto la ilegalidad de las ayudas concedidas por la Junta a las empresas concesionarias de limpieza de la provincia como forma de desatascar el conflicto laboral de 2005. Las posibles responsabilidades penales de ese asunto se tendrán que dirimir en una pieza separada en la que ha sido citado como investigado el antiguo delegado de Economía, el motrileño Luis Rubiales.

También en relación a los ERE, este mes ha quedado archivado definitivamente el caso para los 5 directivos de Caja Rural de Granada que fueron investigados por un préstamo concedido a Dhul y cuya amortización se aseguró con una de las controvertidas ayudas de la Junta. La Audiencia de Sevilla ha confirmado el sobreseimiento ordenado por la jueza Núñez Bolaños.

Paco cuenca, procesado por su etapa de delegado de la Junta

Otro alcalde de la ciudad, el socialista Paco Cuenca, ha sido procesado este año por el juez de Sevilla que investiga el control de los cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía. El granadino puede ser llevado a juicio por la adjudicación de contratos en la etapa en la que fue delegado de Economía e Innovación en la provincia (anterior a su época en la política municipal). Durante la campaña de las elecciones municipales y las posteriores negociaciones para formar gobierno se especuló mucho con el posible archivo de la causa para el socialista (dado que su imputación era un obstáculo para ser apoyado por otros grupos políticos), pero al final, el juez optó por incluirlo entre la lista de 19 procesados que pueden llegar a juicio.

Juana Rrivas, asunto de Estado

El caso de Juana Rivas, la madre de Maracena que fue condenada a 5 años de cárcel por incumplir la orden judicial de entrega de sus hijos al padre (al que acusa de maltrato), ha continuado este 2019 con el recurso al Tribunal Supremo contra esa sentencia penal y con nuevas denuncias suyas contra su expareja en Italia y en España. Una de las noticias más destacadas fue la carta que la ministra de Justicia española, Dolores Delgado, envió a su homólogo italiano para tratar el asunto de Juana Rivas.

Spiriman: juicio y condena por insultos a Susana Díaz

Aunque los discursos del médico granadino Jesús Candel, a través de redes sociales, le han traído ya innumerables conflictos judiciales por sus insultos a compañeros de profesión, jueces, periodistas o políticos, el asunto más relevante de este 2019 fue el juicio y la condena posterior que recibió por sus ofensas a la expresidenta andaluza Susana Díaz. La sentencia obligaba al médico a pagar casi 10.000 euros a la política por sus “injurias”.

Vertidos de aguas sin reciclar: la Fiscalía denuncia a los alcaldes

La situación casi establecida durante muchos años, de vertidos de aguas municipales sin reciclar a los cauces públicos, ha tenido en 2019 un punto de inflexión. La Fiscalía decidió denunciar en los juzgados a decenas de alcaldes del Área Metropolitana y de la Costa, como directos responsables de ese daño medioambiental, que quedó acreditado con informes toxicológicos.

Los juzgados han ido archivando estas denuncias al entender que no está clara la responsabilidad directa de los alcaldes en una situación cuya solución pasa por la ejecución de unas obras que están en manos de la Junta de Andalucía o de los consorcios de aguas. La Fiscalía está recurriendo esos archivos y está en manos de la Audiencia el devenir de estas querellas.

En cualquier caso, sea por esta campaña de denuncias o no, en este año también se han licitado y comenzado a ejecutar la mayoríad de las obras de canalizaciones y depuración que habían estado paralizadas durante muchos años.