La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha abierto en lo que va de año 17 expedientes por captaciones de aguas subterráneas sin concesión. De ellos, 16 son leves y uno menos grave. Este dato se suma a los expedientes incoados en los dos últimos años.Entre 2017 y 2018 la Confederación abrió 102 expedientes por captaciones, de los que 96 se catalogaron como leves, cuatro menos graves y dos, graves. Las sanciones leves suponen una multa de 10.000 euros; las menos graves implican sanción de entre 10.000,01 y 50.000 euros. Las graves, informa la CHG, conllevan entre 50.000,01 y 500.000 euros.

La muerte del niño Julen en Totalán en enero de 2019 despertó un notable interés por los pozos, una cuestión que hasta ese momento parecía estar únicamente en el alero de las organizaciones ecologistas –sobre todo por los efectos que las extracciones de agua tienen sobre los acuíferos– y que, debido al fatal accidente del niño, adquirió una nueva dimensión. La apertura de pozos sin protección necesaria pueden provocar –como ocurrió en Totalán– accidentes fatales. Aquel incidente propició que vecinos, particulares, e incluso ayuntamientos de la provincia –como Vegas del Genil–, apuntaran la existencia de pozos. También se determinó la dificultad de atajar o al menos ordenar esa práctica.

Poco después del mortal accidente en el pozo de Málaga, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, destacó en el Congreso de los Diputados que “no se dispone” en las distintas confederaciones hidrográficas “de un inventario de pozos ilegales”, aunque, por los datos de expedientes incoados, existir, existen. Todos los pozos ilegales que se detectan forman parte de un expediente de sanción, y se debe clausurar si éste no es legalizable. El último dato oficial, del Ministerio de Medio Ambiente, datan de 2006, señala la existencia de medio millón de pozos ilegales en toda España.

También a nivel nacional, según los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica, las extracciones legales de agua subterránea en España son próximas a los 6.000 hectómetros cúbicos. También se reconoce –lo hizo con sus propias palabras Morán– la “carencia sustancial de recursos presupuestarios, de recursos técnicos y, sobre todo, de recursos humanos” en las confederaciones. Morán expuso que se utiliza “información que trasladan los satélites” lo que “permite tener un control más o menos aproximado de dónde se están produciendo riegos, pero resulta muy complicado el control del punto concreto de las extracciones” que puede estar a varios kilómetros de donde se materializa el riego, Por eso, en aquella sesión en el Congreso, el secretario de Estado apuntó hacia la posibilidad de “disponer de drones que permitan completar la información que se extrae de los satélites” y también abordar la “interconexión” con las distintas administraciones, entre las que citó Agencia Tributaria, Seguridad Social o las propias confederaciones hidrográficas, bajo un razonamiento: “Tendría que ser relativamente sencillo contrastar si allí donde se está produciendo un aprovechamiento agrario ese aprovechamiento tiene una traducción efectiva en una declaración y una tributación”.

Mientras, la CHG mantiene sus competencias en la inspección y vigilancia de las concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico en la mayor parte de la provincia de Granada, salvo la franja del litoral.El Seprona de la Guarda Civil también tramita denuncias ante una práctica relacionada con las prácticas agrarias. Muchos agricultores han perforado en sus fincas particulares ellos mismos en busca de agua. El hecho de estar en fincas privadas dificulta la localización y el inventario de estos sondeos. Según la Ley de Aguas de Andalucía, los propietarios o titulares de una perforación que no se use están obligados a sellarla.