Las ramificaciones del conflicto que lleva sufriendo la Cámara de Comercio desde hace dos años llegan hasta los tribunales. Ayer por la mañana estaba prevista la celebración del juicio derivado de la denuncia de liquidación del contrato por mobbing presentada por el ex secretario general de la corporación, Jaime Parra, contra la actual directiva de la Cámara, incluido su presidente, Gerardo Cuerva. Pero el juicio quedó finalmente aplazado hasta el próximo 14 de mayo ante el acercamiento de posturas entre las partes para llegar a una salida negociada por despido improcedente.

Aunque todavía no hay ningún acuerdo formal, las cantidades que piden una y otra parte se han acercado hasta llegar a una indemnización que rondará los 120.000 euros. Según explicaron ayer a este periódico fuentes cercanas a la Cámara, los informes jurídico-laborales con los que cuenta la corporación aseguran que, en caso de contrato extintivo, al ex secretario general le correspondería una indemnización de unos 100.000 euros, que es el límite que la Cámara se había impuesto en las negociaciones. Por su parte, los representantes del ex secretario general partían de una petición de 240.000 euros (180.000 de liquidación de contrato y 60.000 de indemnización por acoso laboral). Finalmente, en el acto de conciliación previo al juicio, los abogados de la Cámara y de Jaime Parra han acercado posturas hasta el punto de que el juez ha decidido aplazarlo hasta 14 de mayo con objeto de que la Cámara pueda someter el principio de acuerdo, que ronda los 120.000 euros y supera ligeramente el 'límite' autoimpuesto, a la aprobación del Comité Ejecutivo y el pleno. En el caso de que la Cámara finalmente dé el visto bueno a la indemnización, los abogados pactarían la extinción del contrato del que ha sido secretario general de la Cámara durante más de 20 años, hasta la anulación por parte del TSJA de las bases del concurso por el que ocupó el cargo.

Pero este no es el único 'frente' abierto en sede judicial relacionado con la Cámara de Comercio. En octubre de 2013 un grupo de trabajadores de la Cámara interpuso una querella criminal contra Jaime Parra por "presunta falsedad documental", derivada del pleno en el que se autorizó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo de la institución cameral, y en el que, según denunciaron empleados y miembros del pleno, no hubo quórum suficiente para llevar a cabo la sesión. El quid de la querella se basaba en que en la siguiente sesión plenaria, el secretario general dio lectura para su aprobación del acta del anterior pleno en la que "aparecían los nombres de dos personas que no estuvieron presentes". Además de la querella de los trabajadores, un grupo de 11 empresarios y vocales del pleno de la Cámara también presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el entonces secretario general por "presunta prevaricación continuada y falsedad documental".

Las primeras consecuencias de aquellas denuncias se han hecho públicas ahora. Aunque todavía no ha sido notificada oficialmente a las partes, sí que ha trascendido el auto de apertura del juicio oral emitido por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, en el que se recogen las peticiones de la fiscalía y de la acusación particular que ejercen los trabajadores. Pues bien, la Fiscalía acusa a Jaime Parra de "un delito continuado de falsedad documental", por el que le pide cuatro años de prisión, una multa de más de 3.200 euros y la inhabilitación para ejercer como secretario general durante cuatro años a consecuencia de haber dado como bueno un pleno contando con dos personas que, según han declarado ante el juez, no llegaron a acudir.

La Fiscalía no se limita a eso. A pesar de que la denuncia de la acusación particular no se dirigía contra el entonces presidente de la Cámara, Javier Jiménez, el fiscal considera que al permitir los actos de Jaime Parra -es el presidente el que da por abierta la sesión plenaria-, es responsable de un delito de prevaricación, por el que solicita nueve años de inhabilitación especial.

En declaraciones a este periódico, el ex secretario general aseguró que tiene "pruebas gráficas" de que los dos vocales que aseguran que no estuvieron en el pleno sí que asistieron, a lo que se suma el hecho de que tras el supuesto pleno que no fue se adoptaran decisiones como la firma del talón del despido de una trabajadora por parte del entonces presidente y la formalización de la entrada en el Convention Bureau.

Por su parte, Javier Jiménez, que ya en su día aseguró que no se celebró pleno alguno y que se percató del acta presuntamente falsa cuando se sometió a aprobación en el siguiente encuentro, reconoció estar "extrañado" por la situación. "Tengo la conciencia tranquila de que hice lo que tenía que hacer, decir que no hubo pleno, para defender los intereses de la Cámara y de los trabajadores".