Granada

Caso Nazarí: La Fiscalía pide tasar los "perjuicios económicos" para Granada del Pabellón Mulhacén y los restaurantes

  • Solicita también un informe de Hacienda sobre la legalidad de la concesión a García Arrabal y que declaren como investigados otros funcionarios del Ayuntamiento 

Caso Nazarí: La Fiscalía pide tasar los "perjuicios económicos" para Granada del Pabellón Mulhacén y los restaurantes

Caso Nazarí: La Fiscalía pide tasar los "perjuicios económicos" para Granada del Pabellón Mulhacén y los restaurantes

La fiscal del caso Nazarí, de presunta corrupción municipal en Granada, ha solicitado a la jueza instructora la práctica de nuevas diligencias en la pieza que investiga la supuesta construcción irregular del Pabellón Mulhacén y los negocios de restauración aledaños ubicados en el Zaidín. Propone el encargo de una tasación sobre los "perjuicios económicos" que estas construcciones pueden haber supuesto para la ciudad, dado que hubo cambios importantes respecto al proyecto inicial. 

Tras la apertura de la pieza Mulhacén, la más importante del caso Nazarí activa en este momento, la jueza pidió a las partes que designaran los documentos, las personas investigadas y las diligencias del enorme caso que consideraban oportuno incluir en esta investigación. La fiscal ha rechazado en este momento procesal señalar a las personas presuntamente responsables (más allá de la lista genérica de imputados que ya declararon tras la Operación Nazarí en 2016, con el exalcalde José Torres Hurtado a la cabeza). Pero sí propone nuevas citaciones como investigados de funcionarios municipales que habrían participado en la toma de decisiones sobre este expediente urbanístico. Propone lo mismo para a las hermanas del investigado Roberto García Arrabal, como responsables de la empresa promotora Fontdeis

La fiscal delegada de Medio Ambiente, Sara Muñoz-Cobo, que estos días participa en el juicio del caso Serrallo (con grandes rasgos comunes con la pieza Mulhacén), ha solicitado a la jueza la práctica de una lista de diligencias de carácter muy técnico, entre las que estaría ese informe pericial mencionado y otra valoración experta de la Junta Consultiva de Contratación (Ministerio de Hacienda) u otro organismo especializado en contratación pública sobre "la legalidad de la concesión y de las modificaciones introducidas en su objeto".

El Ministerio público pretende que los expertos en la materia señalen si las modificaciones que se introdujeron en el proyecto deportivo que fue objeto de una concesión municipal al empresario Roberto García Arrabal "se realizaron de conformidad con los requisitos formales y presupuestos establecidos en la legislación en materia de contratos de las administraciones públicas". O si "las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de la licitación hubieran precisado un rescisión del contrato". 

El Pabellón Mulhacén es un proyecto que el Ayuntamiento de Granada sacó a concurso para llevar a cabo sobre una parcela municipal de uso deportivo  y que más tarde sufrió una serie de modificaciones, de modo que la instalación cambió sus dimensiones, no se llevaron a cabo algunas de las instalaciones deportivas previstas al aire libre, ni el aparcamiento subterráneo. Por contra, el promotor hizo una serie de edificaciones destinadas a albergar restaurantes, como el McDonalds de la esquina, cuyo contrato de alquiler con la empresa concesionaria consta en el sumario y la fiscal pide que sea valorado también en la tasación. 

La Fiscalía propone identificar a una serie de trabajadores del Ayuntamiento de Granada que hicieron informes favorables o votaron a favor de dar el visto bueno a la mayoría de los cambios introducidos. Entre ellos estarían los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo que dio luz verde a la licencia de obras, el interventor general que hizo un informe sobre la explotación de la actividad comercial, el inspector que giró visitas o los funcionarios que se posicionaron a favor de revocar un decreto de reposición de la realidad física alterada de 2014.

Según el plan trazado por la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz, titular de Instrucción 2 de Granada, el caso Nazarí se va a compartimentar en una serie de piezas separadas que permitan agilizar una investigación que ha cumplido 4 años y que ya ha entrado en su recta final.

Después de haber finalizado la investigación y seguido los trámites para un posible juicio de la pieza Registrador (la construcción de un patio de luces en la sede de un Registro de la capital), abierto Obispo Hurtado (relativo a la casa del exalcalde y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto), y de haber ordenado el archivo del asunto relativo a la gestión urbanística del Cerrillo de Maracena, la pieza que supone uno de los nudos gordianos del caso Nazarí, la del Mulhacén, se encuentra en pleno proceso de definición.

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