Había pasado la Semana Santa -unas fechas que los responsables del operativo eludieron deliberadamente-, pero aquellos días había Feria de Abril en Sevilla. ¿Y qué tiene que ver esto con Granada, con la corrupción o con la macrocausa Nazarí? Conocedores del caso desde dentro y desde fuera coinciden en la importancia del albero hispalense en el devenir de esta historia. El 12 de abril, martes de feria, Torres Hurtado estaba allí con dos de sus colaboradores municipales. Oficialmente acudió a la invitación de Juan Espadas, junto a otros alcaldes, para escenificar un “eje vertebrador de Andalucía”. En la caseta municipal de Sevilla y en otras pudo coincidir con importantes cargos orgánicos y públicos del PP, partido del que sería expulsado a las pocas horas de aquellos cordiales encuentros. Por su pasado como delegado del Gobierno en Andalucía tenía la experiencia y los contactos para estar allí como en su propia casa. 

La expedición granadina pasó momentos de distensión en la feria hasta que, a media tarde y sin previo aviso, ordenó a sus compañeros de viaje coger el coche para regresar a Granada de forma inmediata. Mientras tanto, cientos de policías de la Udef se desplazaban desde Madrid y llegaban a Granada en secreto para perfilar los últimos detalles del operativo que debía coger por sorpresa a todos los detenidos a las 8 de la mañana del día siguiente.

El día 13 fue muy largo. Para los funcionarios judiciales, la magistrada que coordinaba el operativo y los cientos de policías implicados el trabajo comenzó a las 6 de la mañana y rozaron la media noche todavía en las dependencias de La Caleta. A los detenidos y sus familias, también les pareció eterna la jornada, que comenzó con la Udef llamando a su puerta para el registro de sus viviendas y despachos y acabó con su puesta en libertad, pero en calidad de investigados en una causa judicial cuyos detalles desconocían por estar bajo secreto sumarial. Los telediarios mostraron aquellas imágenes de Granada para toda España. En Granada no se hablaba de otra cosa y hasta hubo grupos de personas que se concentraron en la puerta de la casa del alcalde, el céntrico edificio que es uno de los motivos por los que tendrá que ir a juicio.

Aquella misma noche estaba prevista una cena de postín en la Huerta del Sello para conmemorar los cien años de historia de una empresa de fertilizantes, Herogra. Era uno de esos eventos en los que suelen coincidir políticos, empresarios e importantes cargos de Granada. Como invitados de honor estaban un consejero de la Junta y el alcalde Granada. A nadie le hubiera extrañado, ni a los mismos organizadores, que Torres Hurtado faltara a aquella cita sólo unas horas después de su detención policial. Pero no. El alcalde, que el día anterior estuvo en la feria de Sevilla, esa mañana fue llevado a la sede policial como detenido, al mediodía apareció en las televisiones de todo el país y por la tarde dio una rueda de prensa en el Ayuntamiento, se cambió de corbata, recogió a su esposa y acudió al lujoso salón de celebraciones de la Vega para dar su discurso y alternar con el resto de los pasmados invitados. Sobre todo al comprobar que al regidor no le faltaba nada de su habitual humor y campechanía. En el juzgado aún había luces encendidas.

Aquella noche el alcalde pretendería transmitir normalidad, pero ya nada era igual. En su rueda de prensa el mismo día de la detención, Torres Hurtado aseguró que no dimitiría. “Yo casi fundé el PP”, dijo el dirigente granadino, que culpó a la Policía de no haber podido hablar a esas alturas del día con el presidente de su partido, Mariano Rajoy, porque lo habían dejado “incomunicado”. Se refería a la retirada del móvil y la tablet en el registro. Pero para esos momentos, el alcalde ya había sido el único punto a tratar en muchas reuniones; en Granada, donde Ciudadanos decidió romper el pacto de gobierno; en la sede madrileña de Génova, para la inmediata suspensión de militancia, y hasta en el Senado, que ese día tenía pleno y entonces asistía el dirigente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. La secretaria general del PP-A, Loles López, salió en rueda de prensa esa tarde desde Sevilla para pedir la dimisión de Torres Hurtado y establecer un cordón sanitario.

El problema es que el alcalde no estaba dispuesto a irse para dejar el sillón que había ocupado durante 13 años al presidente provincial de su partido, Sebastián Pérez. Y ahí es donde se produjo un movimiento político más inesperado, porque el PP satisfizo la exigencia de Torres Hurtado y propició la dimisión de ambos, anunciada el mismo día en lugares separados. Pérez lo acató y tuvo que esperar a 2019 para ser candidato a la Alcaldía de Granada, pero su partido volvió a dejarlo fuera de la ecuación y firmó un pacto que daba el bastón de mando a Luis Salvador (Ciudadanos)… Aunque esa es otra historia con final abierto.

En esta historia, la del caso Nazarí, la noticia ahora es que se cumplen cinco años desde aquel día de abril que una jueza de instrucción de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, señaló en el calendario para hacer estallar una investigación secreta que llevaba en curso desde finales del año anterior. En coordinación con la fiscal especializada de Medio Ambiente y Urbanismo, Sara Muñoz-Cobo, y un grupo policial de la Udef, investigaban la supuesta existencia en Granada de una “trama criminal” de políticos, empresarios y altos cargos de Urbanismo. El objeto de la causa no era un solo asunto, sino un puñado de expedientes urbanísticos de diferentes épocas que a juicio de los investigadores seguían un patrón común basado en eludir la normativa y permitir favoritismos.

Aunque los tres primeros años de investigación la causa ha estado unida bajo un tronco común, una vez concluidas las diligencias policiales sobre el análisis de los registros, el contenido de los correos electrónicos o las averiguaciones sobre el patrimonio de los investigados, entre otras pesquisas, la jueza dividió el caso Nazarí en ocho piezas separadas que han llevado caminos muy diferentes. Hay dos expedientes archivados, por prescripción de los posibles delitos y por considerarse cosa juzgada. Otras dos piezas han avanzado ya hacia la preparación del juicio oral. La del Registrador dependerá del Tribunal Supremo, porque la Audiencia de Granada ha ordenado el archivo anticipado. Y lo siguiente será el juicio en un juzgado de lo Penal por las licencias obtenidas para la construcción del céntrico edificio de Obispo Hurtado donde el exalcalde y la entonces concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, tienen sus viviendas.

El resto de los asuntos urbanísticos del Nazarí, separados ahora en piezas independientes, siguen su tramitación con nuevas diligencias que no se pueden extender mucho más por los plazos legales para la instrucción de causas complejas. La última fecha límite fue 2020, pero el estado de alarma ha paralizado los plazos procesales, que se extienden un año más. En este intervalo también se ha celebrado el primer juicio contra Torres Hurtado, anterior al caso Nazarí, por la discoteca del Serrallo, donde ha salido absuelto, aunque fueron condenados la concejal de Urbanismo, un alto cargo y el empresario de la construcción. La sentencia está recurrida en el Supremo.

La pieza clave del caso Nazarí es el Mulhacén, un pabellón encargado al empresario García Arrabal sobre suelo municipal de uso deportivo donde luego se hicieron también una serie de locales para restaurantes, como el Mc Donald’s del Zaidín. Además, la investigación policial sobre éste y otros proyectos del mismo empresario en Granada con el apoyo financiero del antiguo Banco Popular sacó a la luz una serie de movimientos con sociedades pantalla de Luxemburgo que ahora se investigan en otra causa de la Audiencia Nacional.