El Tribunal Supremo se pronunciará previsiblemente esta semana sobre el recurso del Gobierno canario por la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la región de avalar el cierre perimetral de las islas, de manera que será la primera restricción en la que deberá unificar un criterio general para el resto de comunidades autónomas. Y de esta decisión está muy pendiente Granada, donde el TSJA ha tumbado las dos ocasiones en las que la Junta ordenó confinar el municipio de Montefrío, cuya situación epidemiológica es grave pero no está sujeta a ninguna restricción al no haber sustento legal que obligue a sus vecinos a no salir de su perímetro.

El Gobierno canario registró su recurso de casación este jueves ante el Tribunal Supremo, pero no contra la supresión del toque de queda sino ante la eliminación del cierre perimetral, ya que entiende que esta última medida junto con la limitación de los grupos son esenciales para controlar la pandemia.

Lo primero que hizo el alto tribunal fue dar traslado inmediatamente a la Fiscalía para alegaciones, que dispone de tres días hábiles, según el decreto aprobado días antes de que decayera el estado de alarma y que daba la última palabra al Supremo para unificar una posición común para las autonomías. La Fiscalía de Canarias dio su visto bueno al cierre perimetral, una restricción que contó con el apoyo de varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Pero está por ver qué posición mantendrá ahora la Fiscalía del alto tribunal, teniendo en cuenta que la Fiscalía General no ha dado un criterio general de actuación a la carrera fiscal, si bien se antoja extraño que la propia institución se enmiende a sí misma.

Una vez que la Fiscalía remita su informe a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, el Supremo dispondrá de un máximo de cinco días hábiles para resolver directamente el recurso. Será el primero sobre el que se pronuncie el Supremo, que lleva días preparándose ante una posible cascada de recursos que, de momento, no es tal, pues Canarias es la única que ha recurrido.

En líneas generales, los altos tribunales de Cataluña, Valencia, Comunidad de Madrid, Baleares, Navarra, Castilla la Mancha, Extremadura, Andalucía, Galicia, Canarias y Murcia han avalado las restricciones de los Gobiernos autonómicos, si bien no ha habido uniformidad cuando han entrado a abordar aquellas medidas que limitan o restringen derechos fundamentales.

El más llamativo es el caso de Andalucía. Allí el Tribunal Superior autorizó la semana pasada el cierre perimetral en cuatro localidades de la comunidad, todas ellas situadas en la zona occidental andaluza. Pero, en cambio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada lo denegó en dos ocasiones en Montefrío, la última el pasado viernes después de la que la Junta ordenara el cierre el miércoles tras la reunión del Comité de Alertas de Salud Pública de la provincia.

De la previsible resolución del Tribunal Supremo depende que Montefrío quede cerrada de forma legal en su perímetro. Salud recordó la semana que pasada que van a seguir manteniendo sus reuniones semanales para dictar cierres en municipios con más de 1.000 casos de incidencia acumulada en dos semanas para municipios de más de 5.000 habitantes, mientras que los que tengan menos población son sometidos a análisis individual. Pero estas órdenes carecen, ahora mismo, de sustento jurídico en Granada.