Cuatro familias granadinas aguardan desde junio a que la Junta de Andalucía falle en una investigación abierta contra el último proceso de escolarización del colegio concertado Virgen de Gracia, donde trataron de colocar (sin éxito) a sus hijos. Confían en que las dos instituciones responsables del procedimiento, el Ayuntamiento de Granada y la Delegación Provincial de Educación, resuelvan este supuesto caso de fraude en el que están involucradas 13 familias más de Granada.

Sin embargo, los vericuetos legales en los que se amparan ambas administraciones para no afrontar la parte más delicada de la investigación parece que van a dar al traste con el esclarecimiento de los hechos. ¿Está muerta la única vía existente para destapar el fraude en la escolarización pública?

Para Educación, el mayor obstáculo está en el documento de padrón, que acredita la cercanía del domicilio del menor al colegio deseado. Es el certificado más valioso (con 10 puntos) en el baremo de la escolarización después de la existencia de hermanos en el centro (13 puntos). De hecho, la mayor parte de los fraudes detectados en Andalucía están vinculados a las trampas que hacen las familias con el padrón. Los progenitores se registran en casa de los abuelos o hermanos para conseguir una plaza en Infantil y, cuando termina el proceso, vuelven a inscribirse en su verdadero hogar.

"Hasta hace unos meses, con una factura del agua era suficiente para que te dieran automáticamente el empadronamiento", explica el concejal de Personal del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes. Según el responsable del padrón en el Consistorio, ahora existe una Unidad Identificatoria del Territorio (UIT) que supervisa la legalidad de los empadronamientos, aunque el trámite se ralentice unos días. Pero, ¿qué pasa con los documentos que ya están concedidos?

Cuando se denuncia un posible fraude escolar, como es el caso del Virgen de Gracia, la Delegación de Educación reclama automáticamente a los ayuntamientos responsables en el padrón de los implicados que certifiquen la legalidad del documento que han presentado los progenitores cuestionados. Es lo que denomina "una posible inscripción indebida".

"El problema es que para investigar un fraude en el padrón hace falta una orden judicial", sentencia el concejal Fuentes. "La Ley de Protección de Datos nos obliga a no proporcionar ni un sólo dato personal a no ser que nos lo demande un juez", añade. Es por esta razón que, aunque el Ayuntamiento de Granada debe ahora remitir a Educación un informe sobre las posibles inscripciones indebidas de las 13 familias acusadas del Virgen de Gracia, dice que no puede cuestionar sus padrones sin una orden judicial. Es decir, que no va a poner en duda un documento que ellos mismos han emitido.

El Ayuntamiento de Granada asegura que la Delegación podría conseguir por sí misma los datos que necesita. "Con la Policía Autonómica podría indagarlo por su cuenta", dice Fuentes, "y si no, que ponga un contencioso administrativo". El concejal de Personal advierte a la Junta que "no puede ampararse en el Ayuntamiento para paralizar una investigación".

Las familias que han emitido la denuncia (respaldada con pruebas que ellas mismas han recabado) no salen de su asombro. Saben que otros colegios antes que el suyo se han esclarecido episodios de fraude en la escolarización y no entienden por qué ahora el Ayuntamiento se niega a colaborar con Educación. "Padres del colegio La Gaviota tienen un documento del Ayuntamiento de Granada con datos que le había proporcionado la Policía Local y están a punto de resolver su caso", relata una de las afectadas del Virgen de Gracia.

"La Delegación no pretende dejar la pelota en otro tejado, cuando tengamos todos los datos resolveremos lo que haga falta", respondió ayer la titular de Educación en la provincia, Ana Gámez. "Si se confirma la existencia de alguna irregularidad se realizará una nueva baremación", dijo.

Para Educación, el Ayuntamiento es el único que puede actuar en el registro de sus ciudadanos. Lo constata el reglamento de población del decreto de 1990/86, del 11 de julio: "sólo las entidades locales son las competentes para actualizar el padrón".

En estos casos no cabe pensar además que las diferencias políticas entre partidos estén pasando factura. Hace unos días se resolvió otro caso similar en el colegio de los Maristas de Jaén, donde ocho familias fueron descubiertas por un fraude en el padrón tras prosperar la denuncia de un padre. Y los dos ayuntamientos implicados eran de distinto signo político, el de Andújar (PP) y el de la capital (PSOE).

Para evitar este taponamiento en el esclarecimiento de los fraudes escolares, la Consejería de Educación anunció hace un año que ya sólo iba a exigir el domicilio fiscal para comprobar dónde viven los alumnos. Con el curso ya empezado, se acaba de demostrar que esta medida no se ha llevado a cabo. En la pasada campaña de escolarización volvieron a pedir el documento de padrón y, donde está la ley, otra vez ha surgido la trampa.