La aprobación del expediente del Ayuntamiento de Granada para congelar el IBI a los ciudadanos ha tenido sus principales perjudicados en las grandes compañías a las que se les aplica una "progresividad fiscal" por la que se amplía del 0,7% actual al 1% el tipo a más de 500 empresas.

Algo que la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada considera discriminatorio y por lo que sus servicios jurídicos están estudiando un recurso legal para evitar que "empresas que antes pagaban una cuota de 35.000 euros pasen a pagar 50.000".

El secretario general de la ACP, Francisco Martínez-Cañavate, ha señalado que al sector empresarial le "ha sorprendido" esta subida que han cifrado en un incremento del 42,86% en el pago de las empresas.

Se trata de los inmuebles de mayor valor que hay en la capital y que, según Martínez-Cañavate, pertenecen a "empresas tractoras que generan dinamismo". Así, el secretario general de los constructores ha apuntado que "estamos planteando si cabe algún tipo de recurso porque es desproporcionada esta subida".

En concreto, esta modificación de la ordenanza afectará a edificios singulares, aparcamientos, empresas de ocio y hostelería, superficies comercios, oficinas y suelo dedicado a la actividad empresarial.

Martínez-Cañavate ha puesto el ejemplo concreto de un aparcamiento que estaba pagando 34.900 euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y con la nueva normativa pagaría 50.000 euros.

Cabe recordar que se trata de la modificación de la ordenanza número 3 que regula el IBI (tipo general y diferenciado) y que el equipo de gobierno sacó adelante con el apoyo del concejal de IU Francisco Puentedura, la edil no adscrita Pilar Rivas, la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, Luis de Haro y la abstención de Partido Popular y Ciudadanos.