El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado favorablemente la propuesta de acuerdo estimatorio parcial en el procedimiento tramitado por la Consejería de Educación a instancia de dos centros educativos concertados de Granada. Estos dos centros se vieron afectados en el curso 2013/2014 por la supresión de las ayudas que percibían para pagar el servicio de comedor.

El dictamen determina que es “irrelevante” que hubiera otros centros públicos

El motivo del cese de la subvención entonces fueron los reparos que encontró la Intervención de a Junta al diseño de las ayudas. Mientras la Junta reguló otro sistema de ayudas, los centros afectados –seis en Granada– tuvieron que asumir con sus propios fondos el pago de los menús escolares. Se da la circunstancia de que todos los centros se encuentran en zonas desfavorecidas. Durante los años anteriores al cese de la subvención, éstos se beneficiaron de estas ayudas mediante convenios firmados con la Administración.

Ahora el Consultivo ha formalizado un dictamen en el que determina que uno de los centros percibió ayudas durante siete cursos. Tras los reparos de la Intervención, siguió sirviendo los menús de forma gratuita “sin que se le advirtiera por la Administración de la imposibilidad de seguir operando como hasta entonces”.

El centro reclamó los gastos del comedor, un coste que asciende a los 66.173,07 euros, aunque la Administración considera que únicamente se ha acreditado un gasto de 64.618,40 euros, “y esa es la cantidad que, actualizada, propone como indemnización”.

El Consultivo recuerda que la normativa determina que “las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables”. Además, señala que es la Consejería la que “podrá financiar el servicio de comedor en centros privados concertados” que tengan aprobado un plan de compensación educativa. También apunta a que es “irrelevante” que haya otros centros públicos a los que pueden ir los menores que se vieron perjudicados por el cese de la subvención. “En definitiva, ha de considerarse acreditada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño por el que se reclama”.

En el caso del segundo centro, “la reclamante solicita 65.299,85 euros, cantidad que aparece justificada en el expediente y que la Administración acoge”. “La propuesta de resolución merece el plácet de este Consejo también en ese extremo”, concluye el dictamen, que reproduce el argumentario que sirve para sostener las conclusiones del dictamen del otro centro.