Granada

Convenio y trámite exprés

  • El asunto que comenzó a investigar la Fiscalía parte de un acuerdo firmado por Torres Hurtado con un empresario que fue concejal del PP en Otura

El exalcalde, junto al gerente denunciado, y otros responsables municipales, se reunieron con los vecinos de la zona, que llevan años de movilizaciones.

El exalcalde, junto al gerente denunciado, y otros responsables municipales, se reunieron con los vecinos de la zona, que llevan años de movilizaciones. / archivo

El origen de la operación urbanística -conocida como la del Vial de La Chana o del P-19- cuya investigación judicial está en el aire, es un convenio urbanístico firmado el 8 de mayo de 2006 por el entonces alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, con varias empresas, una de ellas representada por el que era concejal de Urbanismo por el PP en el Ayuntamiento de Otura, Ignacio Pérez Cabrera. Este edil fue condenado años después por prevaricación en un asunto urbanístico de ese municipio.

Aquel convenio, que la Fiscalía pidió investigar cuando denunció este asunto al Juzgado, sirvió para mantener abierta la gasolinera La Vega sobre unos terrenos municipales. El anterior gobierno tripartito había comenzado los trámites para desalojar a las empresas que explotaban la estación de servicio y éstas habían recurrido a los tribunales.

La Gerencia de Urbanismo hizo toda la tramitación en menos de 24 horas

Mediante el acuerdo suscrito en 2006 (ahora con el PP en la Alcaldía), el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con las empresas para mantener la explotación de la gasolinera durante 75 años más y ambas partes se comprometían a retirar las acciones judiciales en marcha. El convenio incluía un apartado curioso y es que las dos empresas con intereses en el negocio (la propietaria, BP Oil España, y la arrendataria, Markoil) acababan de ceder dos meses antes del acuerdo todos los derechos a una promotora granadina (Promoconstrucciones Andalusí), cuyo administrador único era el político de Otura Ignacio Francisco Pérez Cabrera. De modo que él mismo firmó el convenio con Torres Hurtado.

Como contraprestación por ese permiso para ocupar la parcela municipal con la gasolinera, la empresa de Pérez Cabrera se comprometía a ejecutar varias obras, incluida una remodelación de la zona, según los criterios y el proyecto que tenía previsto aprobar el Ayuntamiento antes de un año.

La Gerencia de Urbanismo llevó a cabo la tramitación en tiempo exprés. Según el expediente municipal que constaba, al que tuvo acceso este periódico, en un solo día la Gerencia de Urbanismo hizo la propuesta técnica, se reunió la Ejecutiva y se certificó la autorización. En total, el Ayuntamiento dejó aprobado el asunto en solo 11 días. Y había otra extrañeza en esa documentación, pues mientras esa fulgurante tramitación se produjo en octubre de 2006, el proyecto visado que aparecía en el expediente tenía fecha de enero de 2007, posterior a su aprobación.

El entonces concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, siempre defendió que la actuación era legal porque se amparaba en criterios técnicos y responsabilizó de la decisión a Tráfico. Pero la Consejería de Ordenación del Territorio nunca estuvo de acuerdo con aquella actuación, que permitió la apertura de una calle en una zona verde y además sin pasar el preceptivo trámite del Consejo Consultivo. Años después, la Junta de Andalucía sigue reclamando al Ayuntamiento de Granada que regularice esta situación.

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