Casi un año y medio pueden esperar los propietarios de una casa en el Albaicín para recibir el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para hacer un cambio en el interior de su vivienda o los cerramientos. El nuevo delegado de Fomento y Cultura,Antonio Granados, cuenta que ese es el tiempo que pueden acumular de retraso los expedientes que esperan la luz verde de la Comisión y está decidido a ponerle freno cuanto antes con un “plan de choque”.

“Cuando hay un BIC (Bien de Interés Cultural), que tienen un tipo especial de protección, como a su alrededor hay una zona de influencia para cambiar de bañera a plato de ducha porque eres una persona mayor o hay una persona impedida en casa tienes que pedir permiso a Cultura. Y para ese informe de la Delegación, como hay sólo dos arquitectos y un aparejadora que atienden hasta 900 proyectos al año –lo que incluye desde la Alhambra a yacimientos arqueológicos pasando por obras de particulares–, tienes que esperar una barbaridad. Eso es imposible”, sentencia el delegado. “Hombre la calidad industrial no sé, pero la calidad patrimonial que puede tener una bañera de los años ochenta de Gala o Roca...”, ironiza sobre reformas que en inmuebles que pueden esperar un informe siete u ocho meses porque los vecinos de la vivienda residen en las zonas calificadas como entornos BIC.

Ante esta situación, informa que la “agilización” administrativa se realizará por dos vías. Por una lado, la que se está preparando en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la modificación legislativa de la Ley de Patrimonio Histórico. “Hay ocasiones en las que se ha dado una protección excesiva o tal vez sea una falta de desarrollo de la reglamentación”, señala Granados, quien adelanta que además de esa modificación la Comunidad Autonómica también está procediendo ya a la modificación de otros marcos legales, como el de la antigua LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).

“Trabajamos en esos marcos porque una excesiva desprotección del territorio puede llevar a su extinción, y eso tenemos que ser conscientes que se está dando en la provincia de Granada”, subraya.

En ese sentido la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia Pozo, ha indicado en declaraciones a prensa que se está ultimando de qué manera se realizará la reforma: “Si se hace una modificación puntual en la Ley de Patrimonio o saca algún tipo de instrucción”. Siempre, por supuesto, compatibilizando “al cien por cien la conservación de la riqueza patrimonial” con “el día a día y la vida de los andaluces”: “Las administraciones no estamos para generar problemas”.

Además, Antonio Granados adelanta que la segunda vía de agilización administrativa partirá de la propia Delegación Territorial de Cultura que implementará la plantilla destinada a informar sobre los expedientes que llegan a la Comisión de Patrimonio. “Estamos haciendo un plan de choque para incentivar la contratación de personal y quitar esa lista de espera que afecta tanto a los Ayuntamientos como a particulares”, detalla el delegado. “Nos encontramos que hay un abandono de la administración”, apostilla sobre la ‘herencia’ recibida por parte del anterior Gobierno socialista.

En ese sentido, Granada es una de las provincias andaluzas que cuenta con más expedientes BIC. Si en toda Andalucía hay más de 4.500 inmuebles catalogados como BIC, sólo en la capital se supera el centenar.

La agilización administrativa afectará sobre todo a los habitantes donde se concentran mayor cantidad de BIC, que suelen ser los barrios de los cascos históricos de la ciudades. En el caso de Granada se facilitarán las reformas de inmuebles de entornos sujetos a protección de zonas como Albaicín, Realejo, el Centro, pero también la Alhambra o el Sacromonte.

Pero Granados señala la importancia de la simplificación y agilización de los trámites urbanísticos sobre todo para facilitar la actividad en la provincia de Granada. “Hay muchos cascos históricos de municipios como La Calahorra, Loja, Salobreña, Guadix...”, indica.