El informe sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica elaborado por el Defensor del Pueblo y que ha sido presentado este viernes desvela la existencia de 14 casos registrados por la Diócesis de Granada, lejos de la que más episodios investigados tiene (Madrid, con 27) y de la primera andaluza con más casos (Córdoba, 24). El informe ha sido entregado este viernes por Ángel Gabilondo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, con el resultado de la investigación que la Cámara le encargó hace año y medio y que recoge los datos comunicados por cada obispado. 

En el caso concreto de Granada, y de acuerdo a los datos que constan en el estudio, la Diócesis comunicó siete de los 14 casos, mientras que la oficina del Defensor conoció los otros siete a raíz del informe realizado por El País. Algunos de los comunicados por la Iglesia incluyen los casos denunciados en la investigación del diario nacional, algo que no ocurre en todas las diócesis.

El número de víctimas comunicadas por la Diócesis y que no constaban en la investigación de El País se eleva a dos, ambas hombres menores de edad en el momento de producirse los hechos. Una de ellas se produjo entre los años 1980 y 1999, y de la otra no se conocen datos.

Una de las quejas del Defensor es que la mayoría de las diócesis no ofrece datos sobre la identidad de los agresores, ni siquiera iniciales. Aunque en el caso de la de Granda sí reconoce que dos eran sacerdotes.

Por otra parte, el informe destaca que uno de los problemas detectados por el Defensor del Pueblo al analizar las respuestas de la Diócesis de Granada fue que esta informó exclusivamente acerca de casos de abusos contra menores de edad, aunque esa acotación no constaba en las cartas enviadas ni en la encomienda del Congreso. Además, la oficina del Defensor ha encontrado, en el caso de Granada, otros casos publicados por los medios de comunicación que no aparecen entre los comunicados por la diócesis correspondiente, aunque asegura que estos son casos "excepcionales".

El informe también se detiene en destacar el Caso Romanones como uno de los "más emblemáticos, ya que de una u otra manera contribuyó a llamar la atención sobre la necesidad de hacer frente a esta problemática". Este caso es relativo a una serie de abusos supuestamente cometidos por sacerdotes en el Obispado de Granada en 2004 y 2007. Se puso al descubierto una presunta red de pederastia organizada en la que participaron diversos miembros de la referida diócesis. Por estos hechos fue juzgado y finalmente absuelto únicamente un sacerdote por los cargos de abusos sexuales de varios menores. El resto de actos presuntamente delictivos se consideraron prescritos y no llegaron a ser juzgados.

Los casos recogidos

Entre los 14 casos recogidos por el informe del Defensor del Pueblo, se recogen asuntos por toda la geografía de la provincia de Granada. Algunos de ellos han sido reconocidos por diferentes estamentos de la Iglesia Católica, mientras que otros han aparecido gracias al trabajo de El País, y se han documentado a través de su investigación.

En Granada, han aparecido casos de abusos comunicados por la Iglesia en una casa parroquial en Aldeire, en el Colegio de los Escolapios de la capital, en el coro parroquial de Huétor Santillán, y un caso sin identificar.

Respecto a los casos recogidos en la investigación de El País, el Defensor del Pueblo destaca el producido en el Colegio Maristas La Inmaculada, denunciado por el escritor Ernesto Pérez Zúñiga, en la Catedral de la capital, en el Internado San Cristóbal, en la Parroquia de San Juan María Vianneyen, en la Parroquia Santa Micaela, en la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Cúllar Vega, en el Seminario de Nuestra Señora del Buen Consejo de Monachil, en el Seminario Menor de Guadix.

También se destaca un único caso ocurrido en el Seminario Menor Diocesano San Torcuato de Granada, que ha sido comunicado por la Iglesia, recogido por El País, y en el Colegio Residencia La Salle Mirador de Rolando de la capital, que además de en la Iglesia y El País, ha sido denunciado a la Unidad de Atención Víctimas del Defensor del Pueblo.

El testimonio de casi 500 víctimas en toda España

El informe reúne los testimonios de 487 víctimas, y recoge los resultados de una encuesta en la que el 1,13% de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6% por parte de un sacerdote o religioso. El documento de 777 páginas, titulado Una respuesta necesaria, recoge un total de 354 casos comunicados por las distintas diócesis y archidiócesis de España.

El Defensor critica la respuesta de la Iglesia y lamenta que ésta ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por la negación o la minimización del problema. "Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos", ha censurado.

En rueda de prensa, Gabilondo ha calificado de "insuficiente y dilatoria" la respuesta de la Iglesia a las víctimas y ha criticado conductas habituales como el traslado de personas abusadora a otras parroquias, centros docentes o incluso países. En cuanto a la participación de la Iglesia en esta investigación, Gabilondo ha explicado que se ha intentado contactar con todos los obispos, pero no todos han contestado. "Algún obispo nos ha reñido", ha dicho, pero también ha habido otros "que lo han hecho bien".

"Mentiría si dijera que aquí nadie ha colaborado y mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria", ha indicado Gabilondo, quien ha añadido: "La Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar con esta sociedad que quiere saber".

Las críticas del Defensor no se limitan al ámbito eclesial, también ha denunciado que los poderes públicos carecieron de procedimientos para prevenir, detectar y reaccionar frente a los abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia y solo a partir de 2021 se introdujeron mecanismos de prevención y detección. Y lamenta también que la mayoría de casos que han llegado a ser denunciados no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

Propone un fondo para indemnizar a las víctimas

El informe incluye una serie de recomendaciones, como la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- e instaurar un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas. "Me parece imprescindible que la Iglesia participe activamente y sea una parte fundamental del fondo estatal", ha dicho Gabilondo a este respecto y ha añadido que "la Iglesia, a estas alturas, debe ser consciente de esto".

También considera que esta institución debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y solicita que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

Otra de las propuestas es la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas "por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad", en particular entre 1970 y 2020.

En cuanto a los testimonios recogidos, que en palabras de Gabilondo "revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en su vida", se trata de entrevistas a 487 víctimas, realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. El informe destaca cómo las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Un tercio de ellas afirman haber tenido síntomas de estrés postraumático y algunas han experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.