La Policía Nacional ha desmantelado una organización que favorecía la inmigración clandestina mediante la realización de matrimonios de conveniencia y ha detenido a 13 personas relacionadas, entre las que se encuentran un abogado y un gestor.

La investigación, denominada Operación Casamentera y que también investiga a otra persona con los hechos, favorecía la falsedad documental con el fin de obtener autorizaciones de residencia y trabajo como beneficiarios de cónyuges de ciudadanos de la Unión Europea.

Las pesquisas se iniciaron en una primera fase en marzo con la detención de cinco personas por delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración clandestina y falsedad documental.

Después de analizar la documentación intervenida en esa primera fase se amplió la investigación, con el descubrimiento de un total de cinco parejas de hecho más. Una de estas se trasladó a otros países de la Unión Europea.

La operación se inició en marzo y se amplió hasta detener a 13 personas, todas relacionadas con el entramado

Además, constituían falsos trabajadores autónomos y daban altas ficticias para acreditar que disponían de solvencia económica y empadronarse falsamente.

El entramado estaba compuesto por varias personas, siendo la cabecilla una mujer de origen marroquí nacionalizada española encargada de buscar extranjeros en situación irregular y de su mismo origen.

Otra de los miembros de la organización buscaba chicas jóvenes españolas con problemas económicos y un abogado que realizaba los trámites oficiales. Los extranjeros pagaban entre 5.000 y 12.000 euros por regularizarse, y un gestor tramitaba las altas ficticias.

La investigación ha determinado las falsedades de todas las relaciones laborales, como trabajadores autónomos y asalariados de las españolas que daban derecho de residencia a los extranjeros y de todos los empadronamientos, todo ello orquestado para la regularización ilegal de extranjeros.

Los inmigrantes pagaban entre 5.000 y 12.000 euros por obtener sus documentos falsos

Un total de 13 personas han sido detenidas, y una más se encuentra investigada, según han informado fuentes oficiales. Entre ellas se encuentran el abogado y el gestor. Se les imputan delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.

Además se han anulado o denegado todos los expedientes de regularización de los ciudadanos extranjeros, dado de baja todas las parejas registradas y declarado ficticias y nulas todas las altas en Seguridad Social.