“Desgraciada, mamona, te mato, te piso la cabeza”. “Te las vas a ver conmigo y me vas a demostrar lo hombre que eres”. Los insultos, recogidos en una sentencia de la Audiencia Provincial, revelan el grado de violencia verbal que pueden llegar a sufrir los docentes. Esas amenazas se resolvieron en el juzgado y tuvieron como castigo la condena de los padres de una alumna, autores de las barbaridades que se recogen al inicio de esta información. El caso fue de 2015. Fue uno de los que llegó ante el juez, algo que no siempre ocurre. El pasado año, el primero en el que hubo clases presenciales tras el estado de alarma, ninguno de los casos atendidos desde el Defensor del Profesor del sindicato ANPE acabó en el juzgado, pero alertan de una circunstancia preocupante: el acoso verbal por parte de los alumnos a un profesor “es gratuito”. Otro ejemplo, más cercano en el tiempo, fue el caso denunciado en el IES Aricel de Albolote, donde una familia insultó al jefe de estudios, lo que llevó a la comunidad educativa del centro a movilizarse y a la Delegación territorial de Educación y Deportes a anunciar que se tomarían las medidas necesarias.

Rosa Crovetto, que atiende las peticiones que llegan a la defensoría de ANPE en Granada, señala que el mayor problema en las aulas es la “disciplina” en el alumnado disruptivo. Las agresiones son por lo que llega hasta este servicio de ANPE, principalmente, verbales. La provincia sumó el 12% de los 164 casos atendidos durante el curso 2020/2021 en Andalucía según los datos facilitados por el sindicato, lo que supone que hubo 19 denuncias ante este servicio en Granada. La mayoría de las llamadas de petición de ayuda al Defensor fueron precisamente por esas faltas de respeto y “por acusaciones sin fundamento”, revela Crovetto.

El servicio de defensoría está abierto a cualquier profesional de la educación, también los que ejerzan en centros privados y concertados, que son minoría en esta estadística, no porque no se den situaciones de este tipo, sino porque no pasan por el sindicato, que reconoce que el tamaño del problema de convivencia en las aulas es una incógnita.

El servicio del Defensor “lo tienen a su disposición”, señala Crovetto, que destaca que se atiende al profesorado “respetando el anonimato” y ofreciendo información sobre cómo solucionar la situación. Se presta asimismo asesoramiento personal y jurídico. En este punto, cabe destacar que ninguno de los casos tratados en Granada ha derivado en una denuncia en el juzgado, “que se sepa”. Además, se da apoyo psicológico y pedagógico a los afectados. “Se intenta que no llegue a más, que haya un acuerdo entre las partes”, destaca Crovetto.

Los casos de agresiones y acoso en los centros educativos se ceban con las mujeres: un 58% de las personas que se dirigen al Defensor son profesoras, lo que se explica por la alta feminización de la profesión y, sobre todo, la mayoría de maestras. En la etapa educativa de Primaria se da el 40% de los casos. Otro 45% se registra en ESO, y es residual en el resto de etapas educativas.

Del total de casos, cuatro de cada diez están relacionados con el alumnado: fundamentalmente llegan asuntos sobre la dificultad de dar clase y faltas de respeto al profesor. El 35% tienen que ver con el comportamiento de los padres del alumnado.

Sobre la incidencia de la pandemia en el número de llamadas que recibe la defensoría se ha detectado un descenso. “Ha ido a mejor”, explica Crovetto, que reflexiona sobre la posibilidad de que parte de la docencia en los institutos fuera online como motivo que explique este descenso de casos reflejados en el informe. También el modelo de evaluación se atemperó, lo que pudo influir también en esta tendencia.

Sobre cómo se abordan estos casos, desde ANPE destacan la necesidad de que se agilicen los procedimientos desde la Administración. “Sí hay inmediatamente medidas correctoras, eso es ágil. Pero cuando un caso es más complicado, porque hay una denuncia, el procedimiento es más lento”. Cuando las faltas de respeto son “reiterativas” es señal de que las medidas tomadas no son efectivas, por lo que “hay que abrir un protocolo que sí que sea efectivo”.

También revelan la influencia que tiene en el “terreno psicológico” sufrir un episodio de acoso en el aula. “Es muy duro”, destaca Crovetto, que destaca que hay quien ha decidido incluso darse de baja o solicitado el traslado ante la situación generada en el centro. El 90% de los docentes que han llevado su caso al Defensor ha alegado sentir ansiedad, un 25% depresión y un 10% se ha dado de baja.

Ante estas situaciones que constata el informe, desde ANPE se requiere una mayor dotación de recursos humanos y una bajada de ratio, “petición que siempre defendemos para mejorar la calidad de la docencia”. Asimismo, ver pertinente dar formación al profesorado sobre la resolución de conflictos. Además, se reitera la necesidad de desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado y de reducir la carga burocrática del profesorado.

Tras años en los que los casos de ciberacoso repuntaron, según lo recogido en los sucesivos informes de ANPE, el pasado curso no se han registrado situaciones de ese tipo.