La Consejería de Educación y Deporte oferta de cara al próximo curso escolar un total de 10.950 plazas en 3 años en la provincia de Granada. El procedimiento, pese a la crisis del coronavirus y el estado de alarma, continúa por vía telemática. La mayoría de las plazas, hasta 8.650, se ofertan en colegios públicos, mientras que el resto, 2.300 puestos, corresponden a centros concertados.

El número de plazas para el curso escolar 2020/2021 es inferior a la oferta presentada para el curso 2018/2019. En el proceso de escolarización que se desarrolló hace ahora dos años, en marzo de 2018, la oferta fue de 11.375 puestos para niños de 3 años. En dos años, la oferta desde la Consejería para la provincia de Granada se ha reducido en 425 plazas.

El descenso se debe, según se ha reiterado en numerosas ocasiones desde la Administración, al descenso de la natalidad. En 2017 nacieron en Granada un total de 7.968 criaturas. Un año antes fueron 8.635. 

El proceso abierto el pasado 1 de marzo por la Administración educativa ha venido marcado por el Covid-19. Pese a ello, el procedimiento continúa. Desde la comunidad educativa, cada año, el proceso es mirado con lupa. Este año el blanco de las críticas ha estado en el decreto de escolarización. Su aprobación vino sucedida por una jornada de huelga y dos manifestaciones en Granada el pasado día 4 de marzo. Los convocantes alegaron que el texto aprobado el pasado 17 de febrero en Consejo de Gobierno por la Junta favorece a los centros concertados, extremo que la Administración negó ya que, indicaron, los anteriores decretos eran similares. El punto más criticado por sindicatos y organizaciones ligadas a la defensa de la escuela pública es el que hace referencia a que en los municipios en los que convivan centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos “las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las personas solicitantes tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo”. Es decir, que las familias podrán elegir entre públicos y concertados, sea cual sea la zona de escolarización en la que residan, siempre que existan los dos tipos de centro en el municipio. La aplicación del decreto conllevó la modificación de las áreas de escolarización de los municipios de Baza y Motril.

Según la Junta, "la normativa favorece la escolarización de los hermanos en el mismo centro docente, se mantienen las listas de espera hasta septiembre en la etapa educativa correspondiente y en las zonas de escolarización habrá un centro público y uno concertado, siempre que en la localidad exista un concertado". "Además impulsa la administración electrónica con el objetivo de facilitar a las familias un procedimiento más simplificado. Así, la Administración va a cruzar más bases de datos de lo que se venía haciendo para que las familias apenas tengan que aportar documentos que ya están en el sistema público".

De cómo se desarrolle el procedimiento dependerá el número de unidades de cara al próximo curso. Los sindicatos denuncian que los recortes se concentran en la red de colegios públicos, mientras que no afectan a la red de centros concertados. Para este curso, la Administración cerró 27 unidades con respeto al año académico anterior. El cierre de unidades se concentró en Primaria. Para el próximo curso, centros como el CEIP Genil de la capital granadina ya han denunciado que se prevé la supresión de una unidad de Infantil. Según indicó la Delegación territorial de Educación y Deporte en Granada, la decisión sobre creación o eliminación de unidades "es un acto administrativo que se dicta en el mes de octubre de cada año" y que la oferta de plazas vacantes "se realiza en base a la información disponible de años anteriores, pero se basa en estimaciones". "No ha finalizado aún el plazo de presentación de solicitudes, por lo que no se puede valorar si dichas previsiones de ajustan a datos reales de demanda de plazas escolares en una determinada zona geográfica". Así, la Administración alega que "no se ha producido la pérdida de unidad alguna".