Más de 181.000 euros salieron de las cuentas de Emasagra, la empresa municipal de abastecimiento de aguas de Granada, para costear los gastos extra de las retransmisiones de Semana Santa, feria del Corpus o las Campanadas de fin de año en la tele pública local de esta ciudad, una emisora que puso en marcha el PP en la época de aplastantes mayorías absolutas y cuya financiación ha acabado en los tribunales. Un informe pericial reciente levanta sospechas sobre los pagos del principal sponsor: no había contrato y facturaban diferentes empresas privadas. A la luz del documento, la Fiscalía pide al juez que siga adelante con el caso por haber indicios de delitos. 

Emasagra es una empresa mixta, aunque mayoritariamente pública, al mantener el Ayuntamiento de Granada el 51% de las acciones, que tiene a Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía SA, como socio privado con el 49% de participación. Desde el punto de vista político, el control de esta sociedad que abastece de agua tanto a la capital granadina como a una quincena de municipios del Área Metropolitana, ha sido siempre uno de los principales objetos de deseo en el reparto de funciones de gobierno, lo que en ocasiones ha supuesto una verdadera batalla política interna. Aunque el presidente sea el alcalde, el concejal designado como consejero delegado en la empresa ha sido siempre un hombre fuerte del gobierno, aquel que maneja asuntos importantes a la sombra del regidor. 

Un ejemplo claro fue el largo periodo de Gobierno municipal de José Torres Hurtado, que siempre tuvo al frente de Emasagra a Sebastián Pérez, entonces presidente del PP de Granada, y con el que no ocultaba su enfrentamiento político directo. Luego, el socialista Paco Cuenca puso en la empresa de aguas al 'fontanero' político-económico Baldomero Oliver. Y la vuelta del PP al poder trajo otra lucha con Ciudadanos por la representación en la empresa que con su patrocinio cubrió durante años los gastos extra de la tele local.    

Otro concejal que en aquellos años (2013-2015 es el periodo investigado) contaba con un importante poder interno, por su peso en el Partido Popular, era Juan Antonio Fuentes. Él era también el responsable de la televisión municipal, TG7, y el que firmó un controvertido contrato con el grupo empresarial Secuoya para la prestación de servicios. Tanto el entonces edil como el propietario de esta empresa, Raúl Berdonés, son los principales investigados en el caso judicial sobre la financiación de la tele granadina. Aquel acuerdo fue secreto durante años y sólo salió a la luz cuando las empresas municipales, que habían actuado como sponsor sin contrato, dejaron de pagar la abultada cuenta de gastos que llevaba el empresario, sin pasar por la contabilidad municipal. Así lo puso de relieve la Fiscalía en su querella, cuando conoció el caso que llegó a sus manos a través de la concejal de un pequeño grupo de la oposición, Vamos Granada.

Las últimas elecciones municipales (2019) dejaron a este partido fuera del Ayuntamiento y devolvieron el poder el PP, aunque fuera en coalición, y con Sebastián Pérez como cabeza de lista. Se suele decir que los votantes tienen una memoria frágil pero la realidad es que este caso judicial, además de complejo por el entramado económico que conlleva, sigue sin sustanciarse después de tres años de investigación tras aquella querella fiscal. 

Eso sí, han pasado por el juzgado todo tipo de testigos e imputados, desde el concejal y el empresario hasta los presentadores de programas de TG7, pasando por los máximos responsables de las empresas municipales que abonaban las facturas a la empresa privada de comunicación. Además de Emasagra, pagaban esos gastos Inagra (basuras), Rober (autobuses) y Granada Educa. Pero es la abastecedora de aguas la que sobresale por haber sido el sponsor más generoso. Según las cuentas del último informe encargado por el juez, llegó a abonar más de la mitad de los 315.345 euros que las empresas del grupo Secuoya cobraron de la lista de patrocinadores para descontar de la deuda municipal.

Los gerentes de Emasagra, Inagra y Granada Educa subrayaron en su declaración ante el juez de Instrucción 6 de Granada que contrataban sus campañas publicitarias con la empresa CBM y que desconocían las razones por las que la productora pudo haber retraído del importe que reclamaba al Ayuntamiento las cantidades abonadas por las empresas, aunque negaron que estas campañas fueran contratadas a petición del concejal Fuentes.

El último informe pericial destaca varios puntos controvertidos: las campañas se hacían sin contrato (según comunicó Emasagra al propio auditor) y se pagaban a través de facturas que no siempre emitió la empresa que prestaba los servicios de la tele, sino otras sociedades del grupo empresarial, principalmente Efecto Global (cobró 116.000 euros de Emasagra). 

El informe auditor anterior de PwC, contratado por los propios investigados para remitir al Juzgado, explicaba que este tipo de patrocinios son "frecuentes en el sector audiovisual" y ponía como ejemplo el apoyo económico prestado por El Corte Inglés al programa MasterChef de Radio Televisión Española. El paralelismo tiene un defecto, que es el carácter público o semipúblico del dinero que manejaban los patrocinadores de la tele local de Granada. 

Cuando encargó su informe, el juez quería aclarar si los gastos extra de la tele que cubrieron en parte los patrocinadores estarían duplicados con respecto a los que la empresa privada sí facturaba por la vía oficial al Ayuntamiento, en virtud del contrato legal que firmó tras la licitación pública. El perito no cree que haya duplicidad de costes, si bien advierte de que los gastos no parecían extraordinarios porque había "estabilidad temporal". 

Los gastos "extraordinarios" fueron autorizados por el concejal Juan Antonio Fuentes mediante una serie de actas mensuales que no pasaban por la contabilidad municipal. La losa de "imprevistos" fuera de contrato que se generó en tres años alcanzó los 769.000 euros, pero con una progresión tan ascendente que en el último ejercicio, solo de enero a octubre de 2015, se acumularon supuestos servicios prestados por valor de 441.968 euros (365.263 más IVA), que es casi el doble de la cantidad del primer año completo (228.144 euros). En aquel ejercicio fue cuando Emasagra aportó más dinero (76.000 euros más IVA). 

Ese 2015 en que se desbordaron los gastos fuera de contrato fue el año de las elecciones municipales que trajeron una nueva victoria electoral al PP en el Ayuntamiento de Granada. En las actas donde la empresa privada Central Broadcaster Media (CBM SL) reflejaba todos esos servicios extras que asegura haber prestado a petición del Ayuntamiento de Granada (y que estaban al margen del contrato regular suscrito con el municipio) hay una relación de gastos mes a mes que llegan a su máxima cuantía (109.274 euros) en abril de 2015, justo antes de los comicios. En el mismo periodo del año anterior, la empresa sólo había reclamado 11.687 euros.

Entre los servicios que se incluyeron en esa "bolsa" de gastos "extraordinarios e imprevistos" hay contratos laborales y colaboraciones profesionales que se repetían mes a mes, dietas de la feria de turismo Fitur (2014 y 2015), gastos de viaje a Sevilla, alquiler de balcones para Semana Santa y arrendamientos de edificios. La fiscal que investiga este asunto expuso en su escrito que "no es posible admitir como gastos extraordinarios aquellos a los que se refiere la factura, dado que se transforman en gastos recurrentes, al darse mes a mes". El perito también destaca esa estabilidad de los gastos.

El juez pedía que la prueba pericial valorara si los costes por "medios técnicos" que alegaba la empresa privada para cobrar esos gastos extra eran imputables a un contrato de estas características. El perito alega dificultad para concluir sobre este asunto, aunque sí destaca que hay algunas facturas de una empresa de interiorismo, relativas a mobiliario y enseres, de 2015, que no parecen tener relación con el objeto del contrato municipal, es decir, que no se justifican como gastos para prestar el servicio de televisión. 

Tras las elecciones de 2015, Torres Hurtado retiró a Fuentes del control de la televisión y liquidó el contrato con esa empresa privada. Fue entonces cuando afloraron los gastos extra de los tres últimos años, el contrato alcanzado en privado, las actas firmadas por el edil y la información de que Emasagra y otras empresas municipales habían estado sufragando parte de esos costes. Con la baraja rota, el empresario recordó al Ayuntamiento que quedaba medio millón de euros de esos gastos extra sin pagar y presentó una factura con todos los atrasos de tres años que ni la empresa de aguas ni el resto habían llegado a cubrir.