En una concentración celebrada este miércoles 30 de Junio a las 10:00h frente a la Subdelegación del Gobierno de Granada, trabajadores laborales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas e interinos del Ayuntamiento y de la Diputación de Granada han reclamado fijeza en sus puestos de trabajo, ante la situación de "fraude de ley por abuso de la temporalidad" en la que se encuentran.

Esta concentración forma parte de una acción conjunta a nivel estatal y autonómico, en coordinación con la Comisión Abierta Estatal de Coordinación y Lucha de los Trabajadores Precarios de las Administraciones Públicas, con la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) y con la Coordinadora Andaluza de Empleados Públicos en Abuso de la Temporalidad (CAEPAT).

La Plataforma de Temporales del CSIC de Granada denuncia que para conseguir la estabilización se les obligará a pasar por proceso de estabilización en forma de oposición, cuyo contenido nada tiene que ver con las tareas que desarrollan en sus puestos de trabajo. “Llevamos décadas trabajando en el CSIC encadenando contratos temporales o bajo la figura de indefinidos no fijos. Somos uno de los pilares fundamentales de esta institución que a lo largo de estos años hemos tenido que superar los diferentes procesos de acceso que nos exige la AGE para obtener cada contrato, demostrando así, reiteradamente nuestros méritos y capacidades".

"Este ERE encubierto afectaría a más de 1300 temporales y sus familias en el CSIC en toda España. Aunque el total de trabajadores temporales en la institución ronda más del 40%. Somos personal altamente cualificado implicados en proyectos de índole internacional en campos tan diferentes y específicos como la biología, la astrofísica, las ciencias de materiales o la medicina", exponen los trabajadores del organismo científico, quienes agregan que les asiste el derecho y la jurisprudencia europea.

Por eso solicitan al gobierno español que se aplique la directiva 1999/70/CE, que es de obligatorio cumplimiento para los estados miembros de la UE. La fijeza tiene el amparo legal para ser la sanción disuasoria y compensatoria para los afectados. "Los que están deben quedarse”.

SITAG (Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Granada) afirma que la propuesta del ministro incumple la jurisprudencia del TJUE, que establece claramente que los procesos selectivos abiertos no son adecuados para sancionar el abuso de temporalidad. En el Ayuntamiento de Granada son ya 250 los afectados.

En su mayoría han demandado judicialmente, por lo que a raíz de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo si se sigue adelante con la ejecución de las ofertas de empleo público el coste para las arcas municipales rondaría entre los 6 y los 12 millones de euros, de los cuales entre 3 y 5 millones podrían verse ya comprometidos para el año 2022. Por eso desde SITAG reclaman que se ejecute cuanto antes la moción aprobada por unanimidad en el pleno ordinario del pasado mes de mayo, donde se establecía el compromiso de excluir de las ofertas de empleo público que tengan que ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2021, las plazas ocupadas por personas que se encuentren en situación de abuso de fraude de ley.

A su juicio, todo lo que no sea ejecutar esta moción supondría el mayor ERE encubierto realizado por el Ayuntamiento, con cargo a los ciudadanos, que serían los que pagarían estos despidos vía impuestos, afirman desde SITAG.

Desde ATRADIGRA, Asociación de Trabajadores de la Diputación de Granada, se sigue denunciando, la situación de precariedad laboral que sufren las 400 familias afectadas y exponen que la solución acorde con la reciente sentencia del TJUE pasa por “la regularización de las personas que se encuentran en fraude de ley” y que “no puede ser mediante un proceso de estabilización de libre concurrencia, que es inadecuado para sancionar a la Administración por el abuso cometido y que podría ser un supuesto proceso de promoción interna encubierta”.