Familiares de enfermos mentales, desesperados por falta de recursos

La aprobación de la Ley 14/1986 de 25 de abril provocó el cierre de los llamados manicomios, unos espacios donde se encerraba a los enfermos mentales en unas condiciones deplorables. De esta forma España inauguraba un nuevo modelo de tratamiento para estas personas que serían atendidas en unidades especializadas. Sin embargo, todo quedó en eso, una buena intención, un gran proyecto que aunque ha funcionado en los tiempos de bonanza, ha explotado durante la crisis económica.

A día de hoy no hay capacidad en la provincia de Granada para cubrir el 100% de las necesidades de la población que necesita de estos cuidados. No existen plazas en residencias ni tampoco son bien recibidos en los hospitales, lo que provoca situaciones más que dramáticas para ellos mismos pero también para las familias que se encargan de su cuidado sin contar con los medios necesarios para ello.

Una situación que se ha agravado hasta tal punto que, según explica el Defensor del Ciudadano en Granada, Manuel Martín, cada semana llegan decenas de quejas hasta su oficina pidiendo ayuda. Casos individuales que Martín y su equipo tienen que ir analizando uno a uno para realizar después peticiones a los distintos organismos, en este caso a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para ayudar a estas familias desesperadas.

Normalmente, según cuenta Martín estas historias terminan con éxito después de tocar a muchas puertas y luchar por un derecho que deberían disfrutar todos los ciudadanos: tener una vida digna y que en estos casos por desgracia no se cumple. Se dan situaciones, por ejemplo, de personas que con una enfermedad mental pierden a sus padres por edad, quedando en desamparo.

En el mejor de los casos un familiar se encarga de cuidarlos pero no siempre es así, lo que les lleva, según cuenta Martín a vivir en la calle sin ningún tipo de ayuda. "El 35% de las personas sin hogar son enfermos mentales", detalla el Defensor que también recuerda que un 10% de la población tiene algún tipo de enfermedad mental.

Un drama, que él mismo reconoce "nos puede pasar a todos en cualquier momento", por lo que a su juicio se hace totalmente necesario que las administraciones trabajen por la mejora de los servicios que se ofrecen a este amplio colectivo. Otro dato que llama la atención es la alta criminalidad que tienen estas personas que en un estado de confusión cometen delitos.

Como contraposición también se dan casos positivos: según Martín en el momento en que se les diagnostica una enfermedad y se les manda un tratamiento, a estas personas les cambia la vida. "He visto cómo enfermos evolucionaban tan favorablemente que incluso, ya saludan con alegría", detalla satisfecho con algunos finales felices de personas que, incluso, han estado al borde de la muerte y ahora disfrutan de una vida digna.

Así, una de las peticiones del Defensor es ahondar en los tratamientos, ofrecer tratos personalizados pero también lograr que quienes lo necesiten puedan ser ingresados en un centro, hecho que ante la falta de plazas es misión imposible. Según detalla Martín, cuando una familia realiza una solicitud, la respuesta puede tardar meses o años en llegar y no siempre es favorable, lo que les imposibilita tanto a la familia como al enfermo hacer una vida normal pues tienen que cuidar de esta persona las 24 horas del día.

Esto fue lo que le pasó a una mujer que prefiere no dar su nombre pero que en este reportaje se llamará Ángela. Según explicó a Granada Hoy, cuando murió la madre de su tío, que padecía una discapacidad mental crónica e irreversible tuvo que hacerse cargo de él. Como estaba trabajando muy pronto empezaron los problemas.

A pesar de que los informes tanto de Salud Mental como del trabajador social del centro de Servicios Sociales Comunitarios de su zona indicaron que lo más apropiado era el ingreso hospitalario del enfermo, la plaza no llegaba.

Según detalla Ángela, aunque se le había adjudicado una se trataba de una asignación "virtual" que no llegaba a hacerse realidad a medida que pasaban los meses. Lo que sí le concedieron fue una plaza en una residencia de día que no abre por las tardes y que cierra festivos, fines de semana y huelgas. "Por la mañana lo llevábamos al centro de día y por la tarde lo cuidaba mi madre, que también estaba enferma. Por las noches lo hacía yo. Durante ese tiempo abandoné todos mis proyectos, hasta mi boda, no tenía tiempo para nada más", detalló.

Finalmente y tras tocar en muchas puertas llegó hasta el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín que envió una recomendación al delegado de la Junta de Andalucía, Higinio Almagro para informarle de lo sucedido.

"Vengo observando y constatando con preocupación cómo la falta de recursos sanitarios y sociales para atender a los enfermos de salud mental en Granada está generando graves problemas entre los enfermos crónicos con más dificultades. La falta de dichos recursos está derivando en que haya enfermos propuestos por los servicios correspondientes que esperan desde hace uno o más años una solución", decía Martín en su misiva.

Finalmente este caso se resolvió. El tío de Ángela ha sido ingresado en una residencia donde tiene todo tipo de cuidados y a la que ella acude para verlo. Pero hay un problema. Como el caso de Ángela hay muchos más. Por eso tanto ella como el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, realizan una petición: que desde las administraciones se trabaje por los enfermos, pero también por las familias que viven situaciones desesperadas.

El Defensor va más allá: "existe un rechazo por parte de la sociedad hacia el enfermo mental. A veces parece que se obvian e incluso hay quien los trata como si fueran unos apestados. Nadie está libre de estas enfermedades, son iguales que cualquier otra y deben tener el mismo tratamiento".

Una solución que no solo debe venir por parte de las administraciones públicas que a juicio de Martín deben iniciar ya un plan para paliar esta situación, si no también de parte de todas las personas que no "deben dar la espalda a los enfermos mentales", remarca. En el año 2013, 425 de las quejas presentadas ante el Defensor del Ciudadano se centraban en el desamparo hacia los enfermos mentales y sus familias. En los casos más graves se abre un completo expediente y el Defensor inicia una batería de medidas para buscar una solución real.