La Fiscalía de Granada ha pedido el archivo de las dos primeras piezas avanzadas en la macrocausa Nazarí, de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de la ciudad. Se trata de las investigaciones relacionadas con la construcción y tramitación urbanística de la casa del exalcalde José Torres Hurtado, por un lado, y de las presuntas irregularidades en la sede de un registrador de la propiedad que ya ha sido procesado por este motivo. Aunque se han conocido ahora, estas peticiones son previas a la sentencia del caso Serrallo, donde el exregidor resultó absuelto. 

Estos asuntos son dos de las siete piezas separadas que la jueza de instrucción, María Ángeles Jiménez Muñoz, ha abierto para desgajar el enorme caso Nazarí, que fue motivo de una gran operación policial y la detención en 2016 de una quincena de personas, entre ellas el entonces alcalde del PP en el Ayuntamiento de Granada, además de los miembros de la cúpula de Urbanismo. 

De todas las piezas separadas abiertas en este momento, estas dos son las únicas que ya han pasado a procedimiento abreviado, una vez que la magistrada consideró que había suficientes indicios de delito para procesar a la mayor parte de los investigados (se trata de una fase intermedia, que suele ser previa a la apertura de juicio). En los dos asuntos quedaron a las puertas de un nuevo juicio el exalcalde, la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, varios altos cargos de Urbanismo y el registrador de la propiedad (sólo en la pieza que le afecta). 

Pieza Registrador

La primera resolución que ponía fin a una de las partes de la investigación del caso Nazarí fue relativa a la pieza Registrador, que llegó en diciembre de 2019. La jueza de Instrucción 2 de Granada decidió incluir a José Torres Hurtado y a otras seis personas entre los procesados, al encontrar suficientes indicios para llevarlos a juicio por presunta "organización criminal", además de otros 4 delitos relacionados con favores a un registrador para que construyera una obra irregular.

La Fiscalía se ha pronunciado con un escrito fechado el pasado 30 de junio (previo a la sentencia del Serrallo, contra muchos de los mismos acusados) para pedir el sobreseimiento de la causa, lo que significa que no tiene previsto mantener acusación alguna contra los procesados si la jueza opta por dictar un auto de apertura de juicio oral, como sí han pedido ya otras partes acusadoras.

En el documento remitido al Juzgado, la fiscal Sara Muñoz-Cobo admite que en las obras de la sede del Registro situado en la calle Tórtola de la capital se cometieron "graves irregularidades", pero considera que son obras "susceptibles de legalización" con el pago de compensaciones y sanciones, de modo que han de ser tratadas en la vía administrativa, mediante "la apertura de un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, si procede, y sancionador, en su caso". En definitiva, la fiscal renuncia a continuar por la vía penal e insta al Ayuntamiento a actuar para restituir las posibles irregularidades. También menciona las acciones civiles que los demás propietarios y posibles perjudicados del edificio donde se instaló el Registro pudieran ejercer contra los responsables de la actuación urbanística y quienes lo permitieron.

Por eso, insta a la jueza a que, si finalmente dicta auto de sobreseimiento de esta pieza, deduzca testimonio de particulares y remita el asunto al Ayuntamiento para su posible actuación en vía administrativa. Y pide que el archivo sea con "reserva de acciones civiles a los posibles perjudicados" para que las puedan ejercitar por una vía judicial diferente al ámbito penal.

La fiscal considera que el auto judicial de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (dictado en diciembre) estuvo ajustado a derecho porque la magistrada halló indicios de delito en la instrucción. Pero ahora, "tras el estudio de la causa", la fiscal "no estima que existan datos suficientes de la perpetración de los delitos de prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio". 

No obstante, sobre la mesa del Juzgado sí hay otros escritos de acusaciones populares que sí piden la apertura de juicio oral contra los anteriores responsables municipales por delitos como la asociación ilícita, el tráfico de influencias o la prevaricación urbanística. Es la posición del PSOE (aunque deja fuera de este asunto al exalcalde), del grupo de Podemos-IU o del empresario Ramón Arenas. Con estas mimbres, la jueza tendrá que decidir si avanza hacia la apertura de juicio o da carpetazo, como pide la Fiscalía. 

La pieza de la casa de Torres Hurtado

El otro asunto en el que la fiscal ha pedido el archivo formalmente, aunque ya lo avanzó hace meses, es la pieza relacionada con la casa del exalcalde y la exconcejal Nieto en la calle Obispo Hurtado de la capital de Granada.  

A primeros de julio, la misma jueza Jiménez Muñoz dio por concluida la instrucción de esta pieza del caso Nazarí, y procesó al exalcalde y a la que fuera su concejal de Urbanismo, junto a dos personas más, por delitos de asociación ilícita u organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio.

En este caso, la posición de la fiscal no es ninguna sorpresa, porque en otoño pasado ya avanzó su posición al respecto. 

El edificio de la calle Obispo Hurtado que es propiedad del anterior alcalde del PP, su edil de Urbanismo, y otros miembros de sus familias (la promoción figuraba a nombre de un hermano de Torres Hurtado), ha sido objeto de la amplia investigación del caso Nazarí desde sus inicios por las supuestas irregularidades en su construcción y en la tramitación de las licencias. La fiscal del caso considera acreditados estos extremos, aunque pide el sobreseimiento porque no considera que sean constitutivos de delito penal. 

"A pesar de que se incumplió la legalidad urbanística (...) la actuación queda fuera de la sede penal y, en su caso, deberá dar lugar a responsabilidades en la vía correspondiente", avanzó en su primer informe la fiscal encargada de este caso. Ahora ha confirmado su posición, pese a que en la causa constan nuevos informes de los peritos judiciales.