Tribunales

La Fiscalía pide archivar la pieza del caso Nazarí sobre la sede del PP de Granada

  • El Ministerio público sugiere que la parte del sumario sobre la empresa que construyó el edificio y vendió las oficinas al partido sea remitida a la Audiencia Nacional para incorporar si procede al caso Banco Popular

La Fiscalía pide archivar la pieza del caso Nazarí sobre la sede del PP de Granada

La Fiscalía pide archivar la pieza del caso Nazarí sobre la sede del PP de Granada / G. H.

El caso Nazarí, de supuesta corrupción municipal en Granada, podría seguir perdiendo fuelle en breve si la jueza de instrucción sigue la línea marcada por la Fiscalía, que ha pedido el sobreseimiento de otra pieza separada. En este caso se trata de el expediente Progreso, donde se investigaba la construcción del edificio del Zaidín donde se instaló la sede provincial del Partido Popular y el Colegio de Médicos. El Ministerio Público sugiere, no obstante, que la parte del sumario referente a las operaciones de la empresa que promovió el inmueble y vendió esas oficinas puede ser remitido por la magistrada instructora a la Audiencia Nacional para su incorporación al caso Banco Popular, donde la misma sociedad es objeto de investigación. 

La Fiscalía se ha pronunciado sobre la petición de archivo de esta pieza formulada por una parte de los investigados del caso Nazarí, la exconcejal Isabel Nieto y los principales antiguos cargos de Urbanismo involucrados en este caso. "Procede acordar el sobreseimiento provisional de la causa", arranca el informe, donde la fiscal Sara Muñoz-Cobo justifica su decisión en la reciente doctrina de la Audiencia Provincial en su sentencia del caso Serrallo. 

La cuestión nuclear del caso, según explica la fiscal en su informe fechado el 9 de noviembre y notificado ayer, era la autorización municipal a la empresa propietaria para desarrollar en esa parcela una construcción con usos residencial y terciario (oficinas), cuando el PGOU establecía otros usos de equipamientos comunitarios.

Por eso entiende la representante del Ministerio Público que sí se han producido irregularidades urbanísticas en este caso. "Entre otras cuestiones se incrementa de forma considerable la ocupación sobre y bajo rasante, lo que es contrario al PGOU", expone en su escrito la fiscal. "Se ha vulnerado, por tanto, la legalidad urbanística en un doble sentido (...) por la ejecución de obras contrarias a la ordenación urbanística aplicable y (...) por la omisión de los trámites y garantías necesarios para la innovación del planeamiento". 

Pero esas "irregularidades o ilegalidades", continúa la fiscal, "no alcanzan el reproche penal de la conducta enjuiciada ni justifican ir más allá de la infracción administrativa". Sobre todo tras la doctrina reciente de la Audiencia Provincial de Granada, que enjuició el caso Serrallo: "No cabe hablar de prevaricación urbanística o común cuando las irregularidades obedecen a una interpretación erróneo, equivocada o discutible".

Deducción de testimonio hacia la Audiencia Nacional

Entiende la fiscal que en este caso se investigan "cuestiones de índole estrictamente urbanística", pero en el sumario y en los informes policiales de la UDEF hay datos sobre la empresa promotora del edificio, Taler Real Estate (antes llamada Inversiones Área Sur) y los contratos con terceros (entre ellos el PP), que la acusación particular del empresario Ramón Arenas ha esgrimido para pedir a la jueza que este caso siga vivo y no acceda a la petición de archivo. 

La fiscal considera que como esos datos trascienden del objeto de la investigación del caso Nazarí, que es de carácter urbanístico, esa información sobre la empresa que está en el sumario puede ser remitida al Juzgado Central del Instrucción 4 de Madrid (Audiencia Nacional) para que sea incorporada si se considera procedente al sumario del caso Banco Popular, donde se investigan operaciones con empresas a través de países como Luxemburgo con el supuesto objetivo de encubrir deudas. 

Como otros importantes edificios de Granada, entre los que están el Comercial Serrallo o el Forum de Negocios, fue levantado entonces por la empresa de la familia García Arrabal, que además contaba con el Banco Popular como socio. En teoría, el promotor granadino se desvinculó de esta sociedad a finales de 2014 mediante unas operaciones de venta a firmas de Luxemburgo, extremo que fue recogido en sus  informes por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Tras esas supuestas desvinculaciones a través de las sociedades extranjeras relacionadas con otras empresas pantalla ubicadas en paraísos fiscales, la sociedad cambió de nombre a Taler Real Estate y quedó como propietaria de un patrimonio millonario en la ciudad. Tras la quiebra del Banco Popular, la Audiencia Nacional investiga un supuesto procedimiento seguido por el banco para refinanciar empresas participadas que estaban muy endeudadas a través de esos procesos de venta a firmas de Luxemburgo. 

El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abierta una causa en la que Taler Real Estate está siendo investigada por esas operaciones de compraventa de acciones y de refinanciación de deuda que podría ser fraudulenta y que podría haber hecho perder dinero a muchos inversores que acudieron a la ampliación de capital del banco antes del desastre.

La macrocausa Nazarí adelgaza

La macrocausa Nazarí, que comenzó en 2016 y estalló a la opinión pública en abril de 2016 con la detención de una quincena de personas, entre ellas el entonces alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, se ha ido dividiendo en piezas separadas por parte de la jueza instructora, María Ángeles Jiménez Muñoz. Algunas de ellas ya han sido archivadas, como la del Cerrillo de Maracena, la de los aparcamientos o la del Registrador (fue sobreseída por la Audiencia Provincial y la decisión está recurrida en el Supremo).

Solo una pieza ha llegado a juicio, que es la del piso del exalcalde y la exconcejal Isabel Nieto. La reciente sentencia absuelve a los acusados de todos los delitos imputados por la acusación particular, porque en este caso también la fiscal pidió el archivo y no acusó a los antiguos responsables municipales.  

En este caso, el juez de lo Penal 1 ha resuelto la imposición de las costas a la única acusación particular que se mantuvo, la del empresario Ramón Arenas. La decisión del magistrado podría tener repercusión en otras piezas separadas como la del edificio Progreso, dado que ahora esta acusación vuelve a quedarse en soledad tras el reciente informe de la fiscal. 

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