La Fiscalía ha solicitado un año de prisión y 16 de inhabilitación para empleo o cargo público para el que fuera arquitecto municipal del Ayuntamiento de Atarfe Luis Gustavo G.C. por supuestamente prevaricar en una operación urbanística en la que se incrementó la edificabilidad de unos terrenos en beneficio de un promotor sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

La Audiencia de Granada repetirá este mes el juicio contra el que fuera arquitecto del Ayuntamiento de Atarfe, que fue condenado por un delito de prevaricación, aunque el Tribunal Supremo (TS) anuló la condena por haber sido juzgado sin el exalcalde Víctor Sánchez, ya fallecido.

El Tribunal Supremo anuló, en enero de 2017, la condena a ocho años y medio de inhabilitación y al pago de una multa de 5.400 euros impuesta al que fuera arquitecto del Ayuntamiento de Atarfe por un delito de prevaricación y ordenó entonces que se repusieran las actuaciones al momento anterior al juicio.

Aquel pronunciamiento de la Sala de lo Penal del alto tribunal dictó que se señalase de nuevo el juicio, previsto para el 9 de octubre, porque el primero se celebró en 2016 sin el también acusado exalcalde de Atarfe, Víctor Sánchez.

El Supremo ordenó entonces que el arquitecto y el exregidor fueran enjuiciados juntos al concurrir una causa fundada que impide juzgarlos con independencia, aunque el juicio se ha vuelto a señalar solo contra el que fue arquitecto porque Sánchez ha fallecido.

En el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía relata que tanto el arquitecto como el por entonces alcalde, el fallecido Víctor Sánchez (PSOE), usaron la fórmula del estudio de detalle para introducir una serie de cambios en los terrenos que permitieron conceder licencia a una promotora para construir 96 viviendas, locales comerciales, aparcamientos y trasteros en una zona donde el aprovechamiento urbanístico era menor.

Los hechos se remontan al 22 de abril de 2004, cuando el regidor cerró un convenio urbanístico con una promotora tendente a conseguir "el mayo lucro" para la empresa mediante el incremento de la edificabilidad y densidad de viviendas. El fiscal expone que estas modificaciones sólo podían llevarse a cabo a través de una innovación del plan general, "con un procedimiento marcado por las garantías y controles exigidos legalmente".

No obstante, con el fin de "eludir" la participación de terceros que pudieran frustrar sus planes y de la propia administración autonómica, los acusados decidieron usar la fórmula del estudio de detalle para modificar la tipología de los terrenos y "omitieron de forma absoluta todos los trámites esenciales y garantías de control de la legalidad previstas en el procedimiento realmente aplicable".

Así, además de excluir la intervención de la Junta se "suprimió" el "amplio y exigente periodo de información pública de una verdadera innovación de planeamiento, el cual quedó reducido, por la utilización del estudio de detalle, a un periodo mínimo".

El fiscal considera que los hechos constituyen, por una parte, un delito continuado de prevaricación ordinaria por el que pide para el arquitecto ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; y por el otro, un delito de prevaricación urbanística por el que solicita un año de prisión e inhabilitación durante otros ocho años. La Fiscalía pedía la misma pena para el exalcalde, cuya responsabilidad penal quedó extinguida en el momento de su fallecimiento.