El exconcejal del PP Juan Antonio Fuentes se ha sentado este martes en el banquillo como único acusado en el juicio por el caso TG7, en el que se enfrenta a una solicitud de pena por parte del Ministerio Fiscal de 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público acusado por un delito continuado de prevaricación por el convenio firmado con la productora CBM para la televisión municipal y el pago de facturas por los servicios extraordinarios que generó TG7. Un perjuicio económico para las arcas públicas que la Fiscalía eleva a los 864.000 euros.

A su llegada a Plaza Nueva para el juicio, celebrado en la sección Segunda de la Audiencia Provincial, Fuentes ha defendido su inocencia y ha dicho que el caso responde a una "cacería política" de los grupos entonces en la oposición. Su abogado ha destacado la ausencia de "mala intención" en sus actos y ha defendido que su gestión fue "buena" asegurando incluso que si sigue existiendo TG7 es "gracias a Juan Antonio Fuentes". Así, dice que los 15 años de inhabilitación (este delito no supone penas de cárcel) que pide la Fiscalía es un "exceso de acusación", calificando de "deplorable" su postura desde el primer momento y previendo incluso que en sus conclusiones finales rebaje la petición, según el abogado defensor.

En la sesión de este martes, la primera de las tres programadas para el juicio, se ha producido la declaración de Fuentes, que se ha declarado inocente, y de varios testigos, como la entonces coordinadora de la televisión municipal. 

El exconcejal solo ha respondido a las preguntas de la fiscal y de su defensa, evitando así en sala las preguntas de los tres abogados de la acusación particular, entre la que ya no está Vamos Granada, que inició la causa en 2007 con su denuncia a la Fiscalía y se ha retirado del caso porque el Ayuntamiento le ha congelado sus fondos, según ha denunciado la formación.

La fiscal ha insistido en su interrogatorio en intentar aclarar si Fuentes era consciente de que el documento que firmó en 2015 y que se denominó "Convenio de Servicios Complementarios al contrato de servicios de grabación de todos los eventos de informativos, programas y especiales designados por TG7", excedía de sus competencias y suponía una modificación del contrato inicial firmado con CBM; así como evidenciar cómo se pagaba la deuda con la productora, cómo se revisaban las facturas y si existió acuerdo directo con Raúl Berdonés, representante de CBM y del grupo Secuoya, para el reconocimiento de la deuda y la firma de este convenio.

Fuentes, a su llegada a la Audiencia Provincial.

Esponsorización para pagar a través de empresas públicas

Fuentes en todo momento se ha escudado en que firmó lo que le ponían en la carpeta de firmas como concejal responsable de la televisión municipal y que, sin tener conocimientos jurídicos, entendía que el documento era correcto legalmente. Además, ha defendido taxativamente que el objetivo fue reducir la deuda y pagar lo que reclamaba en las facturas la productora por los servicios extraordinarios, que asegura desconocía. Un desconocimiento del contenido del contrato que no le ha impedido asegurar que solo se trataba de un convenio "de esponsorización para reducir la deuda que no tuvo efectos administrativos ya que nadie lo aprueba ni nadie se acoge a él". "Tuvo efectos nulos. El único efecto del convenio era reducir la deuda", asegura. Y lleva a gala que lo hizo. La forma: con una esponsorización que consistía en pagar las facturas a través del patrocinio de programas por parte de las empresas municipales como Emasagra o Inagra, de forma que eran estas quienes pagaban y no el propio ayuntamiento.

En datos aportados a petición fiscal y a aclaración del juez, la deuda cuando se liquida Emcasa, la empresa de comunicación audiovisual que tenía firmado el primer contrato de producción con CBM en 2011, era de 1,8 millones. Su liquidación y el procedimiento de pago a proveedores cubrió algo más de un millón de euros. Después, con la firma de convenio se bajó de una deuda de 860.000 euros a 500.0000. Tras la disolución de Emcasa el Ayuntamiento se subrogó al contrato pero se cambiaron las condiciones, con una disminución de servicios y un incremento del precio de un 26% respecto a 2011, con un importe del contrato de casi 630.000 euros.

"Alguien revisaría las facturas"

Fuentes, preguntado por la fiscal, ha dicho no recordar los detalles de la firma, si subía o bajaba el precio, ni cómo se acordó el pago de facturas. Alega no haber redactado el convenio ni saber por qué se hizo con ese mecanismo en lugar de una modificación del primer contrato, como ha reiterado la fiscal. "No lo recuerdo. Y ni hago el pliego ni lo valoro ni recuerdo si se presentaron tres empresas o una", asegura, declarando en todo momento que lo que firmaba en su despacho entendía que ya había pasado por el control de Intervención y asesoría jurídica además del coordinador general de su Concejalía. Fuentes defiende, eso sí, que entendía que era una relación con CBM sujeta a un contrato privado y ha dicho que se actuó como en otros procedimientos municipales cuando no existía dinero para pagar o cuando se han hecho reconocimientos de deuda. "Alguien revisaría las facturas y se pasaban a Intervención", ha dicho, asegurando que "cuando había se pagaba y cuando no, no".

Un momento de la celebración del juicio en la sección Segunda de la Audiencia.

El asunto es que la productora reclamaba una elevada deuda, que iba creciendo, por servicios extraordinarios, como podía ser la Semana Santa, la Virgen de las Angustias, la misa en San Juan de Dios o los bailes de mayores. Preguntado por qué se aumentaban tanto estos servicios extraordinarios, Fuentes ha dicho que no había previsión y que aunque cada dos meses se reunía la comisión de seguimiento de TG7 en el Ayuntamiento para fijar programación, todos los grupos políticos (del gobierno y oposición), llamaban diariamente para tener cobertura de sus actos o proponer programas, lo que se cubría aumentando las horas de trabajo y programación. Ha llegado a confirmar que había 'carta libre'.

De hecho, la entonces coordinadora de la televisión, inicialmente procesada pero que finalmente quedó fuera del procedimiento, igual que el propio Berdonés, ha acudido como testigo y ha dicho que desconocía el contenido del contrato como para saber lo que era trabajo ordinario y extraordinario pero que para ella todo lo que excediera de 1,5 horas al día de programación local era extraordinario, pasando a emitirse a su salida en 2015 hasta 4,5 horas. De los programas especiales y coberturas como la Semana Santa, que reclamaba CBM en las facturas, ha reconocido que se hicieron y que además cada día recibía llamadas de concejales pidiéndole cobertura mediática a sus actos. Según Fuentes, la decisión política entonces era cubrir estos eventos y "ningún partido se opuso a cubrirlos".

Fuentes, cuestionado sobre si firmó el convenio por presión de la productora o si se reunió con su gerente, ha dicho que cuando hablaban era exclusivamente del servicio y que el objetivo era el de reducir la deuda. 

Un informe de trabajo realizado donde no se comprobó el precio

En la jornada también se le ha preguntado por el informe que hizo la responsable de la televisión municipal sobre los gastos facturados. La Fiscal sostiene que fue Fuentes quien exigió ese informe para justificar unos servicios que no habían sido solicitados y no estaban en el contrato. Fuentes dice que quien lo pidió fue el coordinador de Economía y que solo recibió la llamada de la coordinadora de la televisión para cuestionarle si los precios se ajustaban a mercado, a lo que dijo entender que sí. La coordinadora en su turno de declaración ha explicado que no entendió por qué se le pidió a ella ese informe, que vio en los conceptos que eran programas y actuaciones realizadas y que no auditó las facturas, no sabiendo si el precio era ajustado. 

La Fiscal también ha cuestionado por qué se firmó el convenio con Berdonés en lugar de con CBM como el contrato original y por qué se facturaba a través de otras empresas del grupo Secuoya, algo que el acusado ha dicho desconocer. La Fiscalía busca insistir en este asunto en que con la firma del convenio se vulneraron todos los procedimientos. Fuentes se ha agarrado en todo momento al fin de reducir la deuda y de que se bajó 300.000 euros pagando facturas. 

A preguntas de su defensa, Fuentes ha asegurado que ningún grupo político entonces inició una revisión de oficio del convenio y ha defendido que en el expediente que se le abrió por Junta de Gobierno Local a instancias de IU se dejó claro que "entendía que no cometí un delito" y que la comisión de investigación "fue algo más político que otra cosa". De hecho, ha asegurado que quedó absuelto de responsabilidad y que ningún grupo recurrió. Además, ha insistido en que los grupos políticos tenían carta libre a la hora de pedir cubrir sus actos y que el procedimiento de reconocimiento de deuda es algo habitual en el Ayuntamiento.