La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha querido tranquilizar a la comunidad universitaria sobre el proceso de solicitud de concurso de acreedores de la Fundación Universidad Empresa. Durante la sesión ordinaria del claustro en la que presentó la memoria de gestión 2019 y trazó los objetivos de cara al 2020, Aranda indicó que “se han adoptado decisiones” tras el fallo del Tribunal Supremo que ratifica la sentencia de la Audiencia de Granada que condena a subsanar los daños que ha dejado en estado ruinoso la Urbanización Cármenes del Mar de Cerro Gordo.

Se “está hablando” con docentes e investigadores que mantenían proyectos “para que la actividad” ya comprometida “pueda seguir desarrollándose”. Aranda especificó, tras ser preguntada por ello, que “hará diez días” se llegó al acuerdo de solicitar el concurso de acreedores. Además, se va a pedir un expediente de nulidad de ejecución de la sentencia del Supremo.

La Fundación se vio envuelta en la condena por los defectos constructivos de las 400 viviendas solo por haber sido la mediadora administrativa en el contrato entre las empresa promotora y los investigadores de la UGR que hicieron el estudio del suelo.

Recientemente, el TS desestimó el recurso extraordinario presentado por los responsables de la construcción de la urbanización de La Herradura, en Almuñécar, y ratificó la sentencia que los condena a subsanar los daños que ha dejado en estado ruinoso un centenar de casas. El alto tribunal ratificó al sentencia que dictó la Audiencia de Granada en 2017 para refrendar una dictada tres años antes.

Esta urbanización de 425 viviendas se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros y desde su construcción, la ladera de Cerro Gordo en la que se ubica ha sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras y desperfectos graves en la mayoría de las construcciones. El auto del Supremo, contra el que no cabe recurso alguno, hizo firme la condena impuesta por la Audiencia a los promotores de las viviendas, que tendrán que reparar la urbanización.

Aunque el juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ya condenó a los responsables de las obras por las deficiencias de la urbanización y acordó como medida cautelar acometer unas obras de emergencia, las promotoras se declararon insolventes.