Universidad de Granada

Los nombres de los que decidirán si Granada será sede de la Agencia y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial

  • El Gobierno crea una comisión consultiva tras la aprobación del Real Decreto que quiere "dar la oportunidad" a otros territorios con la instalación de nuevos organismos públicos

  • La Universidad de Granada desarrolla en el PTS un 'ecosistema' ligado a la IA con epicentro en el edificio AI Lab

La ministra Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros del pasado martes.

La ministra Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros del pasado martes. / J.J. Guillén / efe

El pasado 22 de marzo el Gobierno aprobó un Real Decreto que determina cómo será el procedimiento para determinar dónde se ubicarán las futuras sedes físicas de los nuevos organismos estatales. Granada, desde hace meses, trabaja en ser sede de la Agencia y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, entidades gubernamentales de próxima creación, La candidatura granadina lleva meses de trabajo y cuenta con el apoyo expresado públicamente del Gobierno andaluz. A la cabeza de esta propuesta está la Universidad de Granada (UGR), que desarrolla un 'ecosistema' ligado a la inteligencia artificial con epicentro en el edificio antes denominado como BioRegión y ahora rebautizado como AI Lab Granada en el PTS.

El Real Decreto establecía que la decisión sobre dónde se ubicarán estos organismos dependerá de una comisión consultiva, que se constituyó ayer miércoles 6 de abril. Según la información facilitada a través de un comunicado por el Ministerio de Política Territorial, este órgano asesorará al Gobierno en la determinación de las nuevas sedes de la Administración General del Estado, "sin incremento del gasto, porque trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los distintos departamentos ministeriales que la integran". 

La comisión está presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Junto a ella, el secretario de Estado de Política Territorial, Afredo González, que ejercerá de vicepresidente; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvaréz, vocal permanente; y el directos general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando galindo, que será secretario de la comisión recién creada.

Además, estarán en este ente Andrés Valverde, director adjunto del Gabinete de la Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Gemma del Rey, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Hilda Jiménez, directora general del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Juan Tejedor, director general de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública; Clara Mapelli, directora general de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública; Belén Villar, directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Rafael Oñate, director del Gabinete del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y Gabriel Castañares, directorgeneral de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030 del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.

Este organismo asesor se reunirá al menos una vez al año "y siempre que haya que determinar la sede física de una entidad pública". Será el encargado de elaborar un informe sobre los requisitos que se deben tener en cuenta para la elección de la sede, realizará un dictamen con el análisis de las posibles ciudades que pueden albergar ese organismo público y, finalmente, elaborará un informe anual que se llevará al Consejo de Ministros. "Los criterios de la comisión para la determinación de las sedes reforzarán las políticas del Gobierno en distintas áreas, especialmente ante el reto demográfico", especifica el comunicado del Ministerio de Política Territorial. 

Con el objetivo de "dar la oportunidad a otros territorios con la instalación de los nuevos organismos públicos", como explicó la ministra Rodríguez, se quiere favorecer la creación de empleo y la instalación de otras empresas e industrias en otros territorios que no sean Madrid.

Las administraciones pueden presentar las distintas candidaturas de las localidades para albergar las sedes de las nuevas entidades públicas estatales. Se abre la puerta a que se puedan ofrecer distintas cesiones, como la de bienes inmuebles, o asumir cargas financieras "de modo que la Administración General del Estado no tenga que asumir íntegramente el coste de la nueva entidad". 

El ministro de Universidades, Joan Subirats, adelantó precisamente en el Rectorado de la Universidad de Granada a primeros de marzo, antes de la publicación del Real Decreto, que el Gobierno elegiría de manera "no discrecional" las nuevas sedes, entre ellas las de la Agencia y Centro Nacional de Inteligencia Artificial.

El proceso

La posibilidad de ser sede de un organismo estatal nace una vez que el Consejo de Ministros decide la creación de un nuevo ente. La comisión recién creada fija los requisitos, que deben ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las comunidades autónomas o entidades públicas pueden entonces presentar sus candidaturas. La comisión prepara entonces un informe que analizará las distintas sedes y remitirá este documento al Consejo de Ministros, que será quien tome la decisión final. ésta se publicará en el el BOE y se establece que todo el procedimiento no puede prolongarse más allá de seis meses.

Se tendrán en cuenta una serie de criteros para la elección de estas futuras sedes de organismos nacionales, como la cohesión social y territorial o los niveles de desempleo. 

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