Granada está a punto de comenzar una larga y delicada andadura ante la Justicia para pelear por lo que considera un agravio. El Consejo de Ministros eligió el pasado 5 de diciembre a Coruña como sede para la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) en detrimento de la candidatura granadina, pergeñada durante meses por la Universidad de Granada y que concitó un respaldo unánime pocas veces visto en la provincia. La Junta, la Diputación, el Ayuntamiento, agentes sociales y Universidad remaron en la misma dirección, una apuesta que se topó de bruces con la decisión de llevar la susodicha Agencia a Galicia.

Una vez dado el palo, desde las instituciones se promovió llevar la cuestión a los tribunales. Primero se acordó así en la reunión del Pacto por Granada y posteriormente la comisión de Empleo, Emprendimiento, Smart City, Innovación, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Granada dio el visto bueno, por unanimidad, a presentar el recurso ante el Supremo.

En la comisión tanto Vox como el PP puntualizaron la necesidad de llevar el asunto al pleno municipal. Esta cuestión no es menor si se tiene en cuenta el informe de la Asesoría Jurídica que estaba dentro de la documentación de la comisión. En este informe se aborda la interposición de recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de Consejo de Ministros del pasado día 5 de diciembre. La Asesoría Jurídica indica que tras conocer el informe de la Dirección General de Ciencia e Innovación sobre los defectos en la valoración de las candidaturas "entiende que procedería la impugnación del acuerdo" tomado por el Gobierno central.

El jefe de la Asesoría Jurídica apunta a que "de decidirse la interposición de recurso" debería recurrirse ante la Sala Tercera de Tribunal Supremo. En cuanto a los plazos, el Ayuntamiento tiene hasta el 6 de febrero., Ese día se cumplen dos meses desde que se publicara en BOE la decisión de llevar la Agencia a Coruña. 

El mismo responsable de la Asesoría Jurídica determina que es el Ayuntamiento de Granada el que "está legitimado" para recurrir aunque aquí apostilla una cuestión que debe solucionarse para que el paso ante los tribunales no sea tumbado a las primeras de cambio. "Para comparecer válidamente" ante el órgano judicial es requisito el informe del letrado municipal y además "la adopción de acuerdo de ejercicio de acciones judiciales por el órgano competente". En este caso, el mismo letrado determina que a quien compete es el pleno del Ayuntamiento de Granada. "El acuerdo de ejercicio de acciones deberá adoptarse por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno", prosigue el informe de la Asesoría Jurídica que concluye que es "procedente la interposición de recurso contencioso administrativo en los términos y previo cumplimiento de los requisitos expresados", esto es, de que se dé el visto bueno en pleno.

Este mismo punto se abordó en la comisión que dio luz verde al procedimiento judicial tanto por el grupo municipal de Vox como el del PP. El concejal popular Luis González indicó en declaraciones remitidas por el grupo municipal que "hay que pedir la suspensión cautelar" de la decisión de llevar la Agencia a Coruña. El PP, además, ya ha solicitado el pleno que requiere la Asesoría Jurídica para iniciar el procedimiento judicial.

Por su parte, el concejal y portavoz del equipo de gobierno municipal, Jacobo Calvo, señaló que "en los próximos días" se materializará el recurso, posiblemente a partir del día 3 de enero dadas las fechas festivas de estos días. Sobre el procedimiento, el edil del PSOE señaló que el proceso puede prolongarse más de un año. El procedimiento comenzaría con un escrito de interposición, el requerimiento al Gobierno del expediente para que se pueda analizar por parte del Ayuntamiento y posteriormente elaborar la demanda. Junto con la Asesoría Jurídica se valorará, dijo Calvo, la necesidad de pedir medidas cautelares en relación con la decisión de instalar la Agencia en Coruña.