Más de tres buques Aquarius. Esta sería la traducción del total de inmigrantes llegados a la costa granadina en lo que va de 2018. Desde que comenzó el año, la provincia ha recibido a 2.158 personas que viajaban a bordo de un total de 57 pateras, inmigrantes que tras ser rescatados fueron derivados al Centro de Acogida Temporal (CATE) de Motril y, tras 72 horas allí, o fueron devueltos a su país de origen, o puestos en libertad si no se pudo conocer su nacionalidad, o en caso de existir autorización judicial, fueron internados en Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE).

Al contrario que lo que ocurrirá con los 629 'tripulantes' del Aquarius -según las primeras informaciones del Gobierno, se les considerará como refugiados, lo que supone su permanencia en España-, el protocolo que se activa con los migrantes llegados vía Mediterráneo hasta Motril o a cualquier puerto andaluz es totalmente distinto. Todo ello pese a que muchas de estas personas rescatadas en patera, a las que no se le reconoce este derecho de asilo, comparten nacionalidad con las que llegarán hasta Valencia a bordo del citado buque. Pero además, la alerta humanitaria a consecuencia de la inmigración -los datos de los últimos años demuestran que cada vez va a más- pone en evidencia las deficiencias de espacio que existen en Granada para acoger a todos los rescatados en el mar.

La falta de espacio en el CATE obliga a buscar una solución para alojar a los migrantes

En el año 2015, un total de 969 inmigrantes llegaron al litoral granadino durante todo el ejercicio. Al año siguiente, la cifra se multiplicó: fueron 1.927 personas las que llegaron a la costa, cifra que volvió a multiplicarse durante el año pasado hasta alcanzar los 3.949. Sin embargo, la tendencia lejos de aminorarse, no deja de crecer. Hasta mediados de febrero fueron medio centenar de personas las rescatadas en el mar y trasladadas hasta Motril, mientras que ahora la cifra ya ha alcanzado las 2.158.

Según dicta la actual Ley, cuando se produce el rescate de una patera, se traslada a estas personas hasta un CATE donde, a partir de ese momento, existe un plazo de 72 horas para que sean identificadas. Pasado ese tiempo, son puesta en libertad: o reciben una carta de expulsión para regresar a su país de origen; o ingresan en un CIE -para lo que se necesita una orden judicial-, o quedan libres y son las ONG las que se hacen cargo de ellos. En este caso, existen convenios con Cruz Roja y otras grandes organizaciones, mediante los que reciben partidas presupuestarias para tal fin.

Sin embargo, ante el incremento de la inmigración, se ha generado una problemática: el CATE de Motril no tiene infraestructura suficiente para soportar la incesante llegada de inmigrantes por el Mediterráneo.

El centro motrileño cuenta con un máximo de 80 plazas, espacio que se ve sobrepasado en numerosas ocasiones hasta el punto de registrarse episodios como el que tuvo lugar hace dos semanas, en plena celebración del Corpus en la capital. La saturación del CATE -durante el fin de semana habían llegado a Motril más de 200 inmigrantes- obligó a trasladar hasta las dependencias de la Jefatura Superior de Policía Nacional a 55 que, tras cumplir las 72 horas de detención, fueron liberados y comenzaron a aglutinarse en la estación de autobuses de la capital. Ante ello, fuentes de Subdelegación del Gobierno explicaron que en dicha situación, "son los servicios sociales del Ayuntamiento o la Junta de Andalucía a quienes corresponde hacerse cargo de los inmigrantes". Pero esto no era la primera vez que se vivía: en diciembre, 52 inmigrantes aparecieron en la estación granadina tras haber sido trasladados en un autobús fletado desde el Ayuntamiento de Motril.

Tan solo unos días después del último episodio vivido en la capital, el Ministerio de Interior contactó con Cruz Roja para coordinar un dispositivo de atención a los inmigrantes ante la saturación del centro de acogida motrileño. Así, se habilitó como albergue el centro cultural Los Arcos de Motril.

A raíz de este tipo de eventualidades, desde el Gobierno central, aún con Mariano Rajoy al frente, se dio luz verde a la habilitación de un antiguo pabellón militar (el EVA-9 de Motril) como un espacio al que recurrir ante una llegada masiva de inmigrantes.

Según fuentes consultadas por entonces por este periódico, se recurriría a este espacio ante aluviones de pateras que provocasen el colapso del actual centro. Sin embargo, esta medida, que llegó a ponerse en marcha, se encontró con diversos problemas desde el inicio, ante el rechazo generado entre los motrileños.

El Ayuntamiento de la localidad (PSOE) ordenó la paralización de esta obra de adecuamiento, debido a su rechazo a que se construya un "Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)" en la localidad. A esta negativa también se han sumado varios vecinos que hacen guardia frente a la instalación para evitar que sigan las obras. Y es que, pese a que desde el anterior Gobierno se insistió en que el EVA-9 no sería ni un CIE, ni un CATE (desde el Ejecutivo se mantenía que solo se usaría en casos excepcionales ante una gran oleada de inmigrantes), consideran que no es la medida adecuada para esta situación.

La situación actual es crítica. Los centros de acogida y los CIE están llenos. No existen infraestructuras suficientes para suplir el aluvión de pateras, que cada vez va a más. Y parece más común que se repitan situaciones como las citadas con anterioridad en las que los inmigrantes van a la deriva, también al llegar a tierra. Habilitar el EVA-9 ha sido rechazado por varios partidos, entre ellos el PSOE, que ahora, tras coger el timón a nivel nacional, tendrá que resolver esta situación que ya ha afectado a lo que equivale a tres Aquarius, y aún irá a más con forme vaya transcurriendo el año, según las previsiones ya anunciadas.