La Gremial del Taxi de Granada ha mostrado su apoyo expreso a la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, y al Ayuntamiento de la capital ante la amenaza de interposición de querella por parte de la patronal de los VTC, Unauto Andalucía, y el aviso por desobediencia dictado por el juez de lo Contencioso Administrativo número 5 ante los reiterados incumplimientos municipales a las medidas cautelares que suspenden dos decretos con los que se pretendía evitar la entrada en funcionamiento de Uber en Granada.

En la misiva de soporte transmitida por la principal asociación de taxistas de la provincia, estos apoyan a la edil Ruz por "hacer su trabajo y aplicar las normas, así como la regulación específica con la que Granada cuenta desde hace años en materia de movilidad".

Además, recuerdan que la legislación sobre circulación en zonas restringidas que ahora está en litigio es una ordenanza de "más de 800 páginas" que fue llevada "a efecto hace tiempo teniendo en cuenta el número de vehículos, ya sean privados o de carácter público, que en el momento conformaban el parque móvil, habitante y flotante".

Los taxistas también ponen de relieve el asunto de la contaminación en Granada y su Área Metropolitana, ya que "sin tener grandes industrias", es una de las "ciudades más contaminadas de España". Por eso recuerdan que "nuestro Ayuntamiento está tomando y tomará, nuevas medidas que palien la polución que estamos padeciendo, entre otras, las limitaciones de velocidad y restricciones de paso". Y para poder controlar este problema, "creemos que los gobernantes pueden y deben tener la potestad de legislar, decretar y dictar, para sin temor y con autoridad, llevar a cabo su labor durante el tiempo comúnmente establecido".

"Por ello, no queda sino mostrar nuestra perplejidad ante los acontecimientos y reiterar nuestro apoyo desde la Gremial del Taxi de Granada, a Raquel Ruz y por extensión a todo el Ayuntamiento", sentenció la asociación.

El viernes, un juez apercibió por desobediencia a la concejal Raquel Ruz

El conflicto entre el Ayuntamiento de Granada, los taxistas y las empresas que prestan servicios de alquiler de vehículos con conductos, llamadas VTC, se remonta a la entrada en funcionamiento de la compañía intermediaria Uber.

El Consistorio emitió en noviembre una Instrucción de Servicio restringía la tramitación de las autorizaciones por los controles de accesos de los vehículos VTC al centro de la capital, donde el tráfico no está abierto salvo consentimiento oficial, pero la justicia suspendió provisionalmente esta norma.

El Ayuntamiento volvió a emitir un decreto en febrero en el mismo sentido, el cual fue de nuevo recurrido por los servicios jurídicos de Unauto, y por el que obtuvieron una nueva cautelar.

La imposición de multas, más de 800, por parte del Ayuntamiento a vehículos que realizan estos servicios volvió a hacer mover ficha a la patronal, que el viernes consiguió el juez De la Oliva advirtiera a los munícipes de desobediencia a la justicia.