La guerra entre el Ayuntamiento de Granada y las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) acaba de sumar una nueva victoria para las segundas. El juez de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada ha dictado una providencia en la que obliga al Consistorio a cumplir con los dos autos de medidas cautelares que impuso el mismo. Además, se apercibe por desobediencia al área de Movilidad y a su concejal, Raquel Ruz.

Esta advertencia, a la que ha tenido acceso Granada Hoy y dictada por el juez Antonio de la Oliva, se produce después de que la patronal de la VTC, Unauto Andalucía, informara el pasado lunes de que sus asociados habían recibido en los últimos meses, en concreto desde la entrada en funcionamiento de los coches de Uber en Granada, más de 800 multas.

Este hecho, según la patronal, incumple las resoluciones de imposición de medidas cautelares por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada, que suspendían las limitaciones de acceso a zonas restringidas de tráfico en la capital, y mediante las cuales, los coches VTC pueden circular por el centro de la ciudad.

El importe total de las multas asciende a más de 32.000 euros que ninguno de los conductores ni de las empresas que prestan ese tipo de servicios han pagado, según pudo saber esta redacción.

La advertencia de desobediencia dictada por el juez De la Oliva podría tener como consecuencia para la concejal de Movilidad la remisión de los hechos a "Fiscalía y que se le abra causa a ella y a los funcionarios", según ha explicado el abogado de Unauto, José Andrés Díaz.

El letrado ha vuelto a advertir a Raquel Ruz que con esta providencia, y en caso de insistir en la imposición de multas por parte del Ayuntamiento, con el inicio de una querella contra ella y "los responsables" del área.

Díaz, además, ha comentado que se le ha enviado carta administrativa, tanto a la concejal como al Ayuntamiento, "diciéndole que anulen las multas conforme a las resoluciones judiciales que acordaron la suspensión".