Granada

La Inspección de la UGR registra ocho denuncias por acoso en el último año

  • El reglamento recoge que el Rectorado acuda a la Fiscalía pero no hay un protocolo interno todavía

La Universidad de Granada registró el año pasado ocho quejas por casos de acoso laboral, psicológico o sexual. Estos hechos, que pueden derivar en procedimientos judiciales de índole penal, se pusieron en conocimiento de la Inspección de Servicios durante el curso 2014/15, pero la institución docente no dispone aún de un protocolo de actuación específico para actuar en estos casos.

Hace unos días se conoció el caso de una alumna de la UGR que ha denunciado a uno de los profesores por presuntos "abusos sexuales", unos hechos que la estudiante puso primero en conocimiento de la propia Universidad, que, según su versión, "actuó con celeridad, ofreciendo a la denunciante su apoyo". Sin embargo, la Asamblea Feminista Unitaria de Granada lamentó, al hilo de este caso, que la actuación de la institución no pueda ser más efectiva por la falta de un protocolo de prevención y actuación en situaciones de acoso y abuso sexual. En concreto, lamentan que el docente siga en activo y que la alumna haya tenido que llegar a someterse al examen de este profesor después de haber puesto la denuncia ante la Policía.

La propia Universidad admitió en su comunicado del pasado lunes, relativo a este tema, que aún no existe un procedimiento normalizado a seguir. La Unidad de Igualdad de la UGR está trabajando con los diferentes colectivos implicados en la elaboración de un Procedimiento para la prevención, actuación y protección ante casos de acoso en la Universidad de Granada. Según la institución, este instrumento, "que está próximo a publicarse, además de centrarse en la investigación del acoso, pretende congregar las actuaciones pertinentes para prevenir, detectar y actuar contra las situaciones de acoso laboral, sexual, por razón de sexo, por orientación sexual y otras discriminaciones según las convicciones religiosas o de origen, que se puedan llevar a cabo en la Universidad de Granada".

La Asamblea Feminista Unitaria reclama a la UGR que cree ese protocolo de actuación para asegurar "la protección y el apoyo total a las víctimas". La agrupación de mujeres puso múltiples ejemplos de universidades españolas que sí cuentan con procedimientos normalizados.

De forma transitoria, la Asamblea pide a la Universidad y su rectora, Pilar Aranda, que cree una comisión de investigación para este caso, como se hace en otras instituciones docentes del país. El objetivo sería que, en caso de confirmarse los hechos denunciados, el profesor no pueda permanecer con su actividad docente habitual durante el tiempo tan largo como el que requiere un procedimiento judicial.

La Asamblea Feminista Unitaria, que ha bautizado a la alumna con el nombre ficticio de Paula, afirma que la joven denunció ante el Defensor Universitario "que había sufrido abuso sexual en al menos dos ocasiones por parte de su profesor, que de acuerdo a su relato la forzó, le tocó los genitales y le dejó unos moratones marcados en las ingles". A raíz de su queja, siempre según el comunicado, Inspección de Servicios le recomendó denunciar por vía penal, puso a su disposición una psicóloga, le ofreció cambiar de clase y la derivó a una asociación de mujeres maltratadas financiada por la Junta de Andalucía, que fue quien le proporcionó una abogada.

Esta alumna de la UGR presentó su denuncia a finales de diciembre de 2015, pero al Asamblea Feminista asegura que en todo este tiempo no se ha puesto en contacto con ella el instructor del expediente de este profesor, que se habría abierto como en el caso de cualquier otra queja que llega a la Inspección de Servicios de la UGR. No obstante, la Universidad de Granada no aclaró a este periódico qué actuaciones concretas se han llevado a cabo, como la hipotética apertura de un expediente, por razones de "confidencialidad". El artículo 4 del Reglamento de la Inspección de Servicios establece que, ante indicios de ilícitos penales, se daría cuenta a la rectora para que lo comunique al Ministerio Fiscal y le traslade las actuaciones emprendidas por la institución. Los servicios de Comunicación de la UGR informaron de que si la institución no acude a la Fiscalía sería por no encontrar esos indicios.

La Universidad de Granada evalúa su propio funcionamiento mediante el trabajo de la Inspección de Servicios, que tiene una parte de actuaciones ordinarias y otra de casos extraordinarios, entre los que se incluyen las denuncias, hechos irregulares comunicados o conductas impropias de cualquier miembro de la comunidad universitaria. Las disfunciones en los servicios (25), los incidentes en los exámenes (20) o las agresiones verbales, insultos, palabras o hechos indecentes (19) son los asuntos más denunciados a lo largo de este año.

El acoso laboral, psicológico o sexual es un apartado menos nutrido que los anteriores pero destaca con mayor número de casos (8) que otros 15 asuntos como irregularidades en concursos o faltas de asistencia al trabajo. El informe anual de la Inspección de Servicios revela que este grupo de trabajo atendió el año pasado un total de 149 asuntos de los que requieren actuaciones extraordinarias, lo que supone un descenso respecto a los 192 del año anterior. De todos ellos, se han resuelto 141 y 11 han llegado a un expediente disciplinario.

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