La economía municipal no deja de dar sobresaltos. Si el PSOE asegura que su trabajo estos años ha permitido devolver la estabilidad a las arcas municipales, ahorrar y no reducir servicios, el PP habla de todo lo contrario y dice que vuelve a estar más cerca que nunca el fantasma de la intervención sobre el Ayuntamiento.

Según ha denunciado hoy el concejal Francisco Ledesma, los datos del PSOE en remanente de tesorería (-49 millones de euros), en facturas pendientes de pago a proveedores (97 millones) y en el Periodo Medio de Pago (que a mes de febrero estaba en 196 días), hace que la situación no sea nada halagüeña. De hecho, aseguran que hace unos seis días el Ayuntamiento recibió un nuevo requerimiento urgente del Ministerio por incumplimiento del plan de ajuste instando a que se elabore un nuevo plan o se cambie la senda del actual.

Y es que un Informe de Intervención sobre la Liquidación del Presupuesto de 2018 advierte de que “como quiera que no se ha cumplido el importe previsto en el Plan de Ajuste respecto al remanente de Tesorería para gastos generales para el ejercicio 2018, es necesario que se modifique de nuevo el plan de ajuste con la adopción de las medidas adicionales necesarias para reconducir esta situación”.

“De otro modo deberá informarse con carácter negativo la aprobación de nuevo presupuesto”, un extremo que ya tendrá que tener en cuenta el próximo Gobierno resultado de las elecciones si quiere aprobar el presupuesto ya que finalmente no se ha presentado un nuevo expediente este año y la ciudad sigue con los presupuestos prorrogados desde 2015.

“Damos al alcalde hasta el lunes o martes para que presente ese plan de ajuste y que dé explicaciones”, ha dicho Ledesma.

Sobre el remanente de Tesorería, el importe previsto en el plan de ajuste era de -35 millones de euros y en la liquidación de presupuesto de 2018 se ha cerrado a -49 millones. En su día, el concejal de Economía, Baldomero Oliver, explicó que el dato de remanente de Tesorería no era bueno y que había alcanzado esa magnitud por la modificación de los criterios de cálculo en diciembre de 2018 del saldo de dudoso cobro, que sube a los 140 millones de euros.