La Fundación Lorca cierra definitivamente sus heridas, que han supurado durante casi tres años. La crisis estalló a finales de junio de 2015, cuando la presidenta de la institución, Laura García-Lorca, denunció a Juan Tomás Martín por apropiación indebida y falsedad documental. Y ayer se cerró el círculo después de que el hombre que movió durante años los hilos para la construcción del Centro de la Romanilla reconociera, en el primer día de juicio, que estafó casi dos millones de euros alterando sus honorarios profesionales y desviando dinero que se recibía como subvenciones de distintas administraciones. Juan Tomás Martín aceptó una pena de dos años de prisión -con posible suspensión de la condena- y, según fuentes de la Fundación, se comprometió a devolver todo el dinero extraviado, aunque en la fase preliminar del juicio se declaró insolvente y recurrió a un abogado de oficio, mientras mantenía una lujosa oficina en la elitista calle Serrano de Madrid.

Sin embargo, ayer sostuvo que tiene solvencia económica para afrontar esta cantidad, lo que de paso también echa por tierra su primera declaración en la que, reconociendo los hechos, declaró que el dinero lo había perdido en distintas inversiones en el extranjero y que estaba en la bancarrota.

Así que la pena de cárcel asumida por Juan Tomás Martín podría no requerir su ingreso en prisión. Ayer mismo, el presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, Arturo Beltrán, propuso al acusado suspender la pena de prisión si devuelve la cantidad estafada, dinero que se le reclama a través de la indemnización económica que debe pagar a la Fundación. A la salida del juicio celebrado en Madrid, Laura García-Lorca manifestó que está "satisfecha" a medias, ya que a su juicio es "el mejor resultado" al que se podía haber llegado, según declaraciones recogidas por Europa Press.

El acuerdo de conformidad alcanzado por la defensa con el fiscal, el abogado del Estado y la representación legal de la Fundación permite que se rebaje a 2 años la pena de 5 años de cárcel que solicitaba el fiscal por un delito continuado de estafa, así como la multa de 10 meses a razón de 50 euros diarios (15.000 euros) a 6 meses a razón de 3 euros (540 euros).

El alcance de la estafa fue importante, ya que el acusado desvió a sus empresas cantidades millonarias aprovechándose de la confianza absoluta que Laura García-Lorca tenía depositada en su gestión. El dinero estaba destinado a la construcción del Centro García Lorca y lo desvió a través de facturas falsas a cargo de la Fundación. Según los hechos expuestos en el escrito de acusación de la Fiscalía, Juan Tomás, que era el hombre de confianza de Laura García Lorca en un principio, firmó con la Fundación un acuerdo para prestar un servicio de asesoramiento técnico y una coordinación estratégica para el proyecto Centro Federico García Lorca. Los honorarios por su trabajo se fijaron en el 4% sobre el total de las ayudas aprobadas para realización del proyecto. Más tarde, modificó el acuerdo y elevó sus honorarios hasta el 15% respecto de las ayudas aprobadas. Incluso añadió un párrafo que decía literalmente: "Asimismo, en caso de que Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento realice otras actividades no comprendidas en el presente contrato, ésta presentará sus correspondiente factura que deberá ser abonada en el mismo término que los establecidos en el presente acuerdo", según informa Europa Press.

La Fundación Federico García Lorca recibió de distintas instituciones una subvención total por valor de alrededor de 19 millones de euros, por lo que, según el contrato firmado, hubiera tenido que percibir 748.465,60 euros si se aplicara el porcentaje del 4%. Sin embargo Juan Tomás facturó "indebidamente" a la Fundación 2.566.788,44 euros, esto es, la cantidad de dinero equivalente a la aplicación del 15% de las ayudas recibidas. Por todo esto, la Fiscalía sostiene que el acusado incorporó indebidamente a su patrimonio 1.818.322,84 euros a través de las facturas emitidas por la sociedad de la que era administrador con cargo a la Fundación Federico García Lorca.

Para maquillar esta operación, Juan Tomás Martín utilizó el dinero de la Fundación procedente de un crédito de 4 millones de euros de La Caixa que la institución solicitó para comenzar las obras y que los retrasos no comprometieran las ayudas europeas. De aquí salieron los cerca de 2 millones de euros que ahora tendrá que devolver, dinero que fue abonado por la Fundación al acusado "en la creencia de que correspondían con los honorarios estipulados en el contrato (...) habiendo realizado el propio acusado las transferencias para abonar las facturas, abusando de la confianza que la Fundación tenía depositada en él".

En todo caso, el acuerdo significa un respiro económico para la Fundación, que en su momento se enfrentó a una deuda de cerca de 12 millones de euros que, finalmente, se ha quedado en 1 millón de euros sin justificar y que se amortizarán con el préstamo del legado a Granada durante los tres próximos años. La Fundación llegó a un acuerdo de patrocinio con la Caixa por los 4 millones de euros impagados, Noruega retiró la amenaza de reclamar los 4 millones con los que se financió el equipamiento del Centro Lorca y tanto Junta como Ministerio de Cultura dejaron en el cajón sus anunciados expedientes de reintegro, de también cerca de 4 millones de euros. El último paso será la llegada definitiva del legado.