El caso Juana Rivas, condenada a 5 años de cárcel por retener a sus hijos, se decide en el Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional español, pero además será tratado al final por el pleno de magistrados que lo conforman, un proceso reservado para asuntos del máximo interés para la unificación de doctrina. 

La Sala ha suspendido el señalamiento previsto para el 17 de febrero, en el que se iba a deliberar y fallar sobre el recurso de casación de Juana Rivas contra su condena a cinco años de cárcel por sustracción de menores. En lugar de encargarse de ello tres magistrados, el asunto es elevado al pleno del Alto Tribunal, "cuando por turno corresponda".

La condena impuesta por un juzgado de lo Penal de Granada fue ratificada después, en segunda instancia, por la Audiencia Provincial de Granada, pero un recurso de casación de la granadina ha llevado este asunto al Tribunal Supremo, donde hay un filtro para admitir las impugnaciones por motivos tasados. Además, ahora este alto tribunal ha decidido someter el caso a la consideración del pleno en su conjunto.  

El abogado Carlos Aránguez, que asumió la defensa de Juana Rivas ante el Tribunal Supremo, ha expresado a Efe su "satisfacción" por que este caso sea finalmente analizado por el pleno del Tribunal Supremo, lo que a su juicio revela la complejidad del caso, que puede sentar jurisprudencia en el Derecho español "al más alto nivel".

Por su parte, Enrique Zambrano, letrado de Francesco Arcuri, -expareja de Rivas y padre de sus dos hijos-, entiende que el tribunal quiera interpretar la aplicación del artículo que se refiere a la pluralidad de sujetos pasivos, es decir si hubo dos delitos de sustracción de menores o bien solo uno, con independencia de los menores afectados.

Juana Rivas recibió en realidad una condena doble, es decir, que fue castigada por dos delitos iguales al entender los jueces que la enjuiciaron y revisaron sus recursos que es necesario contar un delito por cada uno de sus dos hijos. Pero esta es una conclusión que ha generado controversia y que en otros casos no se ha aplicado del mismo modo en España, de ahí que corresponda al Tribunal Supremo, como órgano unificador de doctrina, estudiar el asunto y establecer un criterio claro para éste y otros procesos similares.

La defensa de Rivas pidió su libre absolución o que, en su defecto, se le rebaje la pena como autora de un único delito de sustracción de menores y no de dos, extremo que ha apoyado la Fiscalía del Supremo, lo que reduciría la pena de cárcel a la mitad.  

Este pleno puede ser convocado cuando se considere necesario que la deliberación sobre un asunto se lleve a cabo por todos los magistrados, atendiendo a la función unificadora y de creación de doctrina jurisprudencial que incumbe al Tribunal Supremo.

Los niños permanecen actualmente en Italia con la expareja de Rivas, el italiano Francesco Arcuri, al que Juana ha acusado de maltrato hacia estos.

Un largo camino judicial

El largo y mediático periplo judicial que ha acompañado a la historia de esta vecina de Maracena (Granada) dio comienzo el verano de 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos frente a él, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que, años después, en 2016, ella volvió a denunciar por maltrato.

La decisión de no entregarlos a su padre, con quien compartía la custodia de los menores, se tradujo en una condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, una sentencia que obtuvo una fuerte contestación social desde el movimiento feminista y que, tras su confirmación posterior por la Audiencia de Granada, espera el pronunciamiento del Tribunal Supremo, al que Rivas recurrió.

El último varapalo judicial al que se enfrentó Rivas fue el archivo, por parte de la Justicia italiana, de las ocho denuncias que interpuso entre 2016 y 2018 contra su expareja por maltrato hacia los dos hijos de ambos, aunque aún quedaban pendientes de resolver otras cinco denuncias por maltrato hacia los niños interpuestas en 2019.

Finalmente, la Justicia italiana concedió la custodia en exclusiva de los dos hijos a Arcuri, aunque permitió que Rivas pudiera verlos un fin de semana de cada dos si vive en Italia o uno de cada cinco si reside en España.

Los niños viven con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de Cerdeña, desde agosto de 2017, cuando Rivas finalmente acató la orden judicial en España que la obligaba a entregárselos al padre.