El caso de los contratos fantasma de Emucesa llagará a juicio en la Audiencia Provincial de Granada. En el banquillo se sentarán dos exconcejales del Partido Popular, Eduardo Moral y María Francés, y 5 de las personas que estuvieron en nómina de la empresa municipal de cementerios como supuestos altos cargos durante los sucesivos gobiernos del alcalde José Torres Hurtado. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, Rosa María Ginel Pretel (que acaba de asumir este caso abierto en 2018), firmó el pasado 4 de octubre un auto de apertura de juicio oral contra 7 de los 9 investigados en esta causa. En la resolución, a la que ha tenido acceso Granada Hoy, la magistrada también impone a los acusados una serie de fianzas que van a desde los 32.521 euros de la exedil María Francés a los 286.310 euros que tendrán que aportar de forma solidaria 4 de los implicados. En total, suman 645.608 euros, para indemnizar a Emucesa y al Servicio Público de Empleo.

Los acusados se enfrentarán en ese juicio a la Fiscalía y a otras cinco acusaciones particulares (Abogacía del Estado, Seguridad Social, Emucesa, PSOE y la exedil de Vamos Granada Marta Gutiérrez, que fue la que llevó el caso a la Fiscalía). En el auto la jueza de instrucción les atribuye a todos cuatro posibles delitos continuados: fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación. 

Los investigados que se quedan apartados de la causa son uno de los contratados, el político del PP Andrés Palacios (que no fue procesado hace meses, al considerar el juez que en su caso sí había indicios de haber trabajado de forma real en la empresa) y el que era gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz Rodríguez, que no ha sido objeto de acusación por ninguna de las partes en esta última fase del procedimiento y "no queda suficientemente acreditada la participación en los delitos".

Este representante de la empresa, para el que la jueza ha decretado el sobreseimiento provisional, fue el que alertó en un documento de que había personas ajenas a la sociedad que habían cobrado nóminas durante años (lo que permitió la denuncia del caso) y después fue llevado a la causa como investigado a petición de los propios exconcejales imputados, que lo señalaron en sus declaraciones al decir que estuvo al corriente de la situación. 

El auto da por reproducidos en el auto las penas solicitadas y los hechos que relacionan la Fiscalía y el resto de las acusaciones en sus escritos. El Ministerio Público solicita 6 y 5 años de prisión para los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de la capital Eduardo Moral y María Francés, por la posible contratación irregular de esos altos cargos cuando fueron consejeros delegados de Emucesa. Para los 5 empleados, reclama condenas que oscilan entre los 4 y 5 años y medio de cárcel.

Los "contratos fantasma" (nombre con el que es conocido este caso desde el inicio) hacen referencia a una serie de personas que durante el periodo de 2003 a 2016 (antes de la privatización parcial de la sociedad de cementerios) estuvieron en nómina de la empresa pública sin acudir a trabajar ni quedar acreditado, según la Fiscalía, que realizasen trabajo alguno. 

Los dos exediles acusados fueron los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Granada que durante dos periodos diferentes (el relevo se produjo en 2011) tenían las competencias para llevar el control político de la empresa de cementerios. Eran los consejeros delegados de Emucesa. A lo largo de aquellos años, ambos fueron haciendo una serie de contrataciones de alta dirección a personas que, como se ha admitido en las declaraciones judiciales, tenían vínculos o eran afines o afiliados al Partido Popular. 

Algunas de las acusaciones, como la denunciante Vamos Granada, ha señalado la presunta financiación irregular del partido a través de estas contrataciones de la empresa pública en su etapa de gobierno, aunque se trata de un tipo delictivo más reciente que los hechos investigados. 

"Aun cuando a la fecha en que ocurrieron los hechos no había entrado en vigor la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal y con ella la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos y organizaciones políticas, se puede establecer claramente una relación directa entre estas contrataciones, en todos los casos de personal afín de la organización del Partido Popular, y la financiación de las actividades de esta agrupación política", expone el escrito del PSOE, en la misma de otros que la jueza da por reproducidos. 

Carlos L. L., Ana María N. T., María Cristina G. C., Laura L. O. y María Angustias M. L. son los otros 5 acusados que tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial por haber sido contratados y cobrar nóminas de Emucesa sin que hayan podido acreditar (a juicio de las acusaciones y la jueza instructora) las tareas desarrolladas en ese tiempo. 

Además, tras su cese en el organigrama de la empresa de cementerios, algunos de ellos estuvieron percibiendo las ayudas por desempleo. De ahí que participe como acusación la Abogacía del Estado y la Seguridad Social, que vela por sus intereses en unas supuestas cotizaciones irregulares.  

Una de las acusadas, Laura L. O., al inicio del procedimiento depositó las cantidades percibidas en la cuenta del juzgado, motivo por el que la jueza no le ha exigido fianza en el último auto de apertura de juicio oral.