La Junta de Andalucía ha recalcado este jueves que la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para Granada, que conlleva la liberalización de horarios comerciales, no es "una cuestión autonómica" sino fruto de una "ley estatal que hay que aplicar" y ha opinado que el Ayuntamiento de la ciudad debió "afinar más" su propuesta para evitar que afecte a toda la ciudad.

Así lo ha señalado el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, José Javier Martín Cañizares, en declaraciones a Europa Press después de que el Ayuntamiento granadino se haya mostrado dispuesto a "llegar hasta las últimas consecuencias", incluyendo la vía judicial, para evitar una liberalización de horarios comerciales que a su juicio "sería devastadora para el comercio local".

El delegado ha señalado que se trata de una cuestión "estatal", pues la normativa obliga a que los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan registrado más de 600.000 pernoctaciones anuales cuenten, al menos, con una zona de gran afluencia turística, en la cual los establecimientos de más de 300 metros cuadrados tendrán plena libertad para determinar los días y horarios de apertura al público en los periodos del año fijados.

La ciudad de Granada está "obligada" por tanto, a contar con esta designación, pero el delegado de Empleo matiza que los ayuntamientos pueden solicitar "aportando datos objetivos" la delimitación de estas zonas y también de los meses en que se puede aplicar esta libertad horaria, pero de no hacerlo se aplicará en todo el municipio y para todo el año.

El delegado ha defendido que estos y otros extremos se explicaron al Ayuntamiento de Granada, con el que se ha estado en "permanente contacto" con este asunto, pero que, sin embargo, propuso limitarlo a la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esto es, el entorno de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín.

Martín explica que "esta propuesta no encaja con lo que viene definido en la ley" en tanto que se deja fuera de la delimitación de Zona de Gran Afluencia Turística a un 82,7% de las plazas hoteleras con las que cuenta la ciudad, un 69,4% de los inmuebles BIC y un 40% de los museos.

"Para evitar que, por aplicación de la normativa estatal, se amplíe a toda la ciudad el Ayuntamiento de Granada tenía que haber afinado más en su propuesta para que como mucho afectara al casco histórico y no a otros barrios, con datos objetivos y realistas que demostraran que era la zona más turística, con más pernoctaciones, monumentos BIC y museos, y explicando por qué dejaban fuera el resto" del municipio, "se lo explicamos", pero "no lo han hecho, ellos sabrán por qué", ha espetado.

"El Ayuntamiento sigue empeñado en que se mantenga la zona de Patrimonio Mundial, pero le pide a la Junta que incumpla una sentencia del Supremo que obliga aplicar esta ley", ha lamentado el delegado, quien ha precisado que la solicitud que realizó el consistorio contenía una limitación temporal de los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre que corresponde, según los datos estadísticos, a los meses de mayor número de pernoctaciones y que al estar "acreditada" sí ha sido aceptada.

"Lamentaríamos que se quiera manipular a la opinión pública, responsabilizando a la Junta de actuaciones que van en contra de los intereses del sector comercial, pues lo que hace es aplicar una ley de ámbito estatal, apoyando a los ayuntamientos para que pueda restringirse dicha libertad horaria a los meses en los que objetivamente hay más afluencia turística", ha agregado el delegado, que ha tendido la mano al diálogo en este asunto.