Juana Rivas pide que sus hijos sean acogidos en un centro de acogida de menores antes que regresar con su padre a Italia, algo que tiene como fecha límite este 15 de agosto. Con este escenario, la madre de Maracena apura los cauces legales y , en este momento, técnicos de los Servicios de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Granada estudian la solicitud de Juana Rivas para la tutela e ingreso de sus dos hijos en un centro de acogida "al existir", según aduce la madre de Maracena, "riesgo grave para su integridad física y psicológica" si vuelven a Italia este jueves, una vez termine el periodo vacacional estipulado con ella.

Fuentes de la Junta consultadas por Europa Press han explicado que este caso se trata con todas las precauciones que se toman cuando hay procesos que afectan a la situación de menores. Tras tomar una decisión, la resolución será trasladada a la progenitora.

En la solicitud, registrada este pasado lunes, Juana Rivas, condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos alegando una supuesta situación de maltrato, vuelve a remitirse a los últimos informes del Servicio Andaluz de Salud.

Estos informes se refieren, según consta en el documento, al "riesgo que puede suponer para la integridad física y psicológica" de los menores, de 13 y cinco años, "continuar con su actual convivencia familiar", con su padre, Francesco Arcuri, en Carloforte (Italia), donde viven.

Los informes clínicos se han realizado "conforme a la normativa que regula el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil" de la Consejería a la que ahora recurre Juana Rivas, que también pide atender a la legislación internacional al respecto.

En caso de que no se adopte la medida de tutela e ingreso en centro de menores que solicita "u otra similar", Rivas pide a los responsables de la Junta que "garanticen que, por las autoridades italianas correspondientes, se han puesto en marcha medidas de protección" para sus hijos a partir del 15 de agosto, tutelándolos y "no entregándolos, por tanto, al presunto agresor".

Alude a la "desprotección y el desamparo" en que podrían quedar sus hijos en Italia, y se pregunta cuál sería la situación si el padre de los niños viviera en Madrid. "¿Son las fronteras políticas las que hacen desaparecer el riesgo?", agrega.

La madre granadina solicitó, a finales del pasado mes de julio, en una denuncia, la adopción de medidas cautelares para proteger a sus hijos antes de su vuelta a Italia, lo cual denegó el Juzgado de Instrucción 3 de Granada aduciendo a que ello correspondería en su caso a la jurisdicción italiana, en una decisión que ha recurrido ante la Audiencia Provincial, que estudia el caso estos días.