La Junta paga la multa del Nevada Un retraso de última hora ha costado 95.302 euros más

  • En el último momento, la reunión de viceconsejeros pidió un nuevo informe jurídico que demoró el pago una semana más

La Junta, condenada a pagar por el retraso del Centro Nevada.

La Junta, condenada a pagar por el retraso del Centro Nevada.

El expediente de gasto que la Junta de Andalucía aprobó en su Consejo de Gobierno del pasado 18 de diciembre, y que fue abonado al Juzgado del caso Nevada el pasado 21 de diciembre, estaba inicialmente previsto para una semana antes. Toda la documentación, con el visto bueno del interventor incluido, fue remitida a la Comisión de Viceconsejeros del 5 de diciembre, un trámite previo a su aprobación definitiva para el abono el 14 de diciembre.

Los cálculos económicos para el pago de los intereses de demora, hasta ese día de abono previsto, eran de 2,5 millones de euros y la cantidad total a pagar, 168,16 millones. Esto es, 95.302 euros menos de lo que al final ha tenido que pagar la Junta de Andalucía en la cuenta del juzgado.

El motivo del aumento ha sido el retraso de una semana en la fecha de aprobación y del pago. Y esto ocurrió porque en aquella reunión de viceconsejeros alguien hizo una “observación”, que consistía en considerar “necesario” la solicitud de un nuevo informe a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre “varios extremos”. Así lo explica en la documentación la secretaria general técnica de esta Consejería.

Aquel informe fue rápido, porque fue encargado el 5 de diciembre y llegó el día 11, con un fin de semana incluido. Lo malo es que ya no fue posible incluir este expediente en el orden del día del Consejo de Gobierno de ese mismo 11 de diciembre y hubo que esperar a la reunión de la semana siguiente. A unos 13.600 euros el día de demora, este retraso de última hora ha costado cerca de 100.000 euros a las arcas públicas.

Este expediente de pago de la Junta (que era una obligación desde junio pasado) se impulsó el pasado 27 de noviembre de 2018, mediante una resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, que insta a hacer frente a la sentencia condenatoria. El resto de informes y documentos se han realizado a lo largo de diciembre, aunque algunos, como el de la Intervención, se han tenido que duplicar por el retraso antes mencionado.

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