El inmueble granadino que reportó más liquidez a la Junta de Andalucía fue el de la calle Tablas, donde está la sede de Hacienda. Se fijó el precio en 9 millones de euros, frente a los 8,4 millones de la valoración. No obstante, en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta, donde este edificio se cuantificaba en 11,9 millones de euros.

Las propiedades fueron objeto de una tasación especial para este proceso de venta, lo que se tuvo en cuenta en la valoración final de cara a la venta.

Y el tercero de los edificios vendidos en Granada, el de Avenida del Sur (Delegación de Salud, junto a la Caleta), tiene unas circunstancias muy especiales, pues es el culpable de que la pérdida patrimonial de la Junta con esta operación en toda Andalucía se incrementara en 81,4 millones de euros. Sobre el papel, este edificio tenía un valor neto contable de 90,7 millones de euros y fue vendido por 8,9 millones de euros, de ahí la abultada diferencia negativa para las cuentas públicas. La Cámara de Cuentas, que elaboró un informe sobre la operación, alertó del error material en la valoración de este edificio de Granada. Según los datos rectificados que aportó este órgano de consulta y fiscalización, el edificio de Avenida del Sur no tendría un valor de 90 millones, sino de 9,2; de modo que su venta por 8,9 millones sólo sería deficitaria en 337.386 euros, frente a los 81 que aparecen reflejados.

En Granada, los 709.000, 702.000 y 210.000 que ha de pagar la Junta cada año por seguir utilizando cada uno de esos tres edificios que ya han sido vendidos estarían cubiertos por los 20,6 millones pagados por el comprador hasta 12,7 años (salvo leves variaciones por el ajuste del alquiler al IPC) desde que se firmó la operación en 2014. A partir de 2027 y hasta 2034 (fin del contrato), el uso de esas oficinas le costará el dinero.

La "contrapartida" del acuerdo de María Jesús Montero

Moreno ha recordado que en 2014, cuando era consejera de Hacienda y responsable de Patrimonio de la Junta de Andalucía, la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "la Junta decidió vende a la empresa de inversiones Holmer por 300 millones de euros un total de 70 edificios en los que trabajaban más de 8.600 empleados públicos". Aquel acuerdo, ha añadido, "tenía una contrapartida que bajo mi punto de vista era completamente lesiva con los intereses de la administración autonómica", ya que "se obligaba a la Junta a alquilar esos edificios a los nuevos propietarios, a los que le habíamos vendido nuestro patrimonio público, por un periodo de 20 años".

"Solo este año hemos pagado 35.600.000 euros por el alquiler de estos 70 edificios, un precio que se va revalorizando", ha añadido.

Ha apuntado que el actual gobierno de Andalucía "ha logrado poner fin a este problema", acabando así con otras de las herencias del anterior gobierno, "una herencia envenenada". "Hasta el 2034, año al que expiraba el contrato inicial de la Junta de Andalucía, habríamos pagado por los alquileres un total de 708 millones de euros, en concepto de renta, cifra que varía en función de la vinculación del IPC, casi dos veces y media lo que hemos recibido por el pago de esos edificios". Y a partir de ahí todos los años de por vida una renta que "superaría sin duda los 40 millones de euros al año", ha agregado, para exponer que hasta final de 2023 "se habrán abonado unos 279 millones de euros en este concepto y de aquí al 2034 se tendría que seguir abonando un coste estimado de 430 millones, más los gastos, como he dicho, de conservación y reparación".