La Justicia absuelve al expresidente de la Cámara por el pleno 'fantasma'

La crisis institucional que vivió la Cámara de Comercio de Granada durante los años 2013 y 2014, cuyas ramificaciones se extendieron hasta bien entrado el año siguiente, ha dado por cerrado uno de sus capítulos más oscuros: el juicio que sentó en el banquillo al expresidente y al exsecretario general de la corporación a cuenta del pleno 'fantasma' en el que se aprobó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y el despido de una trabajadora.

La Audiencia Provincial de Granada ha absuelto a Javier Jiménez, expresidente de la Cámara, del delito de prevaricación del que fue acusado en su momento y por el que se enfrentaba a nueve años de inhabilitación. La sentencia, fechada el 9 de febrero, sí condena a Jaime Parra, el exsecretario general, a seis meses de suspensión de empleo y cargo público por un delito de falsedad documental cometido por imprudencia grave, ya que considera probado que en el acta de la sesión, que no reunió el quórum suficiente, fueron incluidos como presentes dos miembros del pleno que en realidad no asistieron, dando validez a los acuerdos adoptados. También lo condena al pago de una multa de 2.160 euros y de un tercio de las costas procesales.

En cualquier caso, la sentencia rebaja sensiblemente las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular, ya que absuelve a Parra de los delitos de falsedad documental continuada y de prevaricación, por el que las acusaciones solicitaban cuatro años de cárcel. En concreto, la Fiscalía pedía para Parra cuatro años de prisión, otros cuatro de inhabilitación y multa de 3.240 euros, mientras que la acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Illana en representación de tres trabajadores de la Cámara de Comercio afectados por el ERTE, solicitaba nueve años de inhabilitación profesional por un delito de prevaricación continuada y cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental continuada.

El fallo de la Sección Segunda de la Audiencia, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, absuelve al expresidente de la Cámara al entender, entre otras cuestiones, que "la decisión de dar comienzo al pleno y permitir la toma de acuerdos" pudo ser "meramente provisional, desde la expectativa de que otros miembros pudieran incorporarse" a lo largo de la lesión; y que en todo caso, finalmente Javier Jiménez "no refrendó los acuerdos ni el acta, conocedor de que los mismos se habían tomado sin la mayoría de los miembros del pleno".

Ya durante el juicio, Jiménez alegó que él se limitó a declarar abierto el pleno sin conocer si existía el quórum suficiente para celebrar la sesión, en tanto que esto debía determinarlo el por entonces secretario , al que acusó de falsear el acta de la reunión. Agregó que, de acuerdo a los estatutos de la Cámara de Comercio, en primer lugar se abren las sesiones plenarias, que es lo que él hizo, y luego se especifica si hay quórum suficiente, extremo que debía poner de manifiesto el secretario. De hecho, indicó que en su momento entendió que el pleno no se celebró, y que desconocía que existiese el acta hasta la celebración del siguiente pleno, en febrero de 2013.

Por su parte, durante la celebración del juicio el exsecretario de la Cámara, al que la Fiscalía acusaba de hacer constar en el acta del pleno a dos vocales que no estuvieron presentes para justificar su constitución, negó de forma tajante los hechos y garantizó que si los incluyó en el documento "fue porque estaban allí".

Los dos vocales que aparecen en el acta y que alegan no haber asistido a la sesión declararon como testigos y ratificaron que no acudieron al pleno, uno porque estaba en su lugar de trabajo y la otra porque se encontraba en su casa atendiendo a sus parientes en las vísperas de una celebración familiar.

En cualquier caso, aunque la sentencia considera que el acta del pleno del 11 de septiembre de 2012 se falseó, minimiza los efectos de ese pleno 'fantasma' y rebaja las pretensiones de las acusaciones ya que considera que, en realidad, los acuerdos aprobados en la sesión de aquel pleno, aun no fueran válidos por falta de quórum -acudieron 13 de los 15 vocales necesarios-, "no han sufrido riesgo, real o potencial, alguno".

Dicho de otro modo, tal y como recoge Europa Press, "los acuerdos plasmados en el acta fueron expresión unánime de la voluntad de todos los vocales presentes" y el contenido de los mismos, incluso el que aprobaba las cuentas del ejercicio anterior una vez auditadas, eran "meramente formales y de poca trascendencia real".

El expresidente de la Cámara, Javier Jiménez, mostró ayer en declaraciones a Granada Hoy su "satisfacción" por una sentencia que cierra una etapa difícil, que acabó con su dimisión en abril de 2013. "Estoy muy contento de que el juez me haya dado la razón", indicó Jiménez, que considera que la sentencia certifica que su actuación respecto a los trabajadores, a los que defendió tras considerar que el ERTE, aunque necesario, no se hizo bien, fue la correcta.