La sentencia es clara: La Justicia en Andalucía se encuentra al borde del colapso, sin que en 2022 haya habido ningún avance organizativo, procesal o tecnológico para remediarlo. Así de claro se ha mostrado el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en la presentación este miércoles de la Memoria Anual del TSJA correspondiente al año 2022. Una afirmación que, dice, "duele" y "no es agradable" de decir pero que se agudiza por el retraso ya de dos décadas en las reformas prometidas. Una situación en la que la responsabilidad primera es de los dirigentes políticos y grupos parlamentarios, incapaces hasta ahora de materializar esos cambios que año tras año lleva pidiendo el TSJA a modo de predicación en el desierto.

"Tenemos una ratio de jueces muy inferior al volumen y sin reformas y leyes que esperamos desde el año 2000 (como la de eficiencia organizativa, procesal y tecnológica), que iban a estar en 2021 y 2022 y ya no sabemos si serán capaces de aprobarlas para este verano, da lugar a unos problemas que no son coyunturales sino estructurales y que pueden dar lugar a un colapso de la administración porque no podemos dar respuesta a todo y en tiempos razonables", ha sentenciado Del Río, que espera que "no haya nuevas decepciones" y que se pueda ya "romper con 20 años de transitoriedad".

Una realidad que le lleva al "desánimo" y genera un "desasosiego importante". "¿Por qué un año más hay que revivir situaciones parecidas? ¿Por qué pedir de nuevo? Por favor, llevamos 20 años retrasando, de transitoriedad. Lo dejamos todo a expensas de la profesionalidad pero los demás también tienen responsabilidad. Hay reformas que pueden incidir y mejorar mucho y algunas son de creación de pero otras son de gestionar mejor lo que tenemos", explica.

Según Del Río, las reformas del sistema y el refuerzo de medios humanos y materiales son necesarios. Porque, "¿la base que tenemos sostiene el edificio? Pues los cimientos se resienten bastante", explica, asegurando que hay una nueva oportunidad para que "los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en grandes reformas en materia de justicia".

"Yo pido a todos los trabajadores de Justicia que sean responsables, conscientes con el servicio que prestamos, pero también debe ser esa responsabilidad para la clase política porque si no, la justicia puede colapsar y sería una pena", sostiene.

Más asuntos en las jurisdicciones Civil y Penal

Y es que Andalucía vuelve a estar a la cabeza de la litigiosidad en España, con un 4% más de asuntos que el año anterior y un 3% más de asuntos pendientes que quedan sobre las mesas de los jueces. Según la memoria, las jurisdicciones Civil y Penal son las que registraron una subida de asuntos en 2022 con un 7 y un 4%, respectivamente. 

Y pese a la falta de medios, los tribunales andaluces han resuelto la casi totalidad de los asuntos ingresados anualmente, "pero no pueden disminuir el volumen de asuntos pendientes acumulados de otros años".

Por todo esto, el TSJA sigue pidiendo un año más el refuerzo de personal con la creación de nuevas plazas judiciales. Serían necesarias 19 plazas en órganos colegiados y 67 en órganos unipersonales, pero Del Río reconoce que va a ser difícil conseguirlas cuando ya el Ministerio ha dicho que con la nueva incorporación que planea a Andalucía no llegarán más de 14, un número insuficiente según los cálculos del tribunal.

Del Río, en la sede del TSJA este miércoles.

"Seguimos en los años permanentes de no disminución del nivel de entrada de asuntos, con 1,2 millones de asuntos anuales, con una tasa de litigiosidad que no está relacionada con el número de jueces que hay y que va a impedir mejores resultados", ha asegurado el presidente. La jurisdicción social es la única donde no ha aumentado la entrada de expedientes. 

Más de 1,2 millones de asuntos nuevos

Según la memoria, los tribunales andaluces ingresaron en 2022 1.254.304 asuntos frente a los 1.203.452 de 2021, lo que supone el ingreso de un 4% más de asuntos y que lleva indiscutiblemente a aumentar los niveles de litigiosidad en la comunidad, que presenta una tasa superior en un 6% a la media estatal. Si en España han sido 104,8 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del TSJA la tasa sube a 149,6, la segunda más alta de España. 

Durante 2002 subieron los asuntos ingresados en las jurisdicciones civil y penal, se mantuvo en la social y disminuyó en la contencioso administrativa. En lo civil se ingresaron un 7% más de asuntos que en 2021, siguiendo la tendencia ascendente desde 2017 por la litigiosidad derivada de las cláusulas suelo. "Aunque ha disminuido un 36% el ingreso de estos asuntos durante 2022, los juzgados aún tienen una bolsa de asuntos pendientes muy elevada", recoge la memoria, que advierte de que la mayor parte de juzgados andaluces de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción se encuentra con una carga de trabajo muy por encima de los criterios orientativos del Consejo General del Poder Judicial".

La jurisdicción penal, por su parte, ingresa un 4% más de asuntos y su cifra final supone el 25% del total de asuntos ingresados a nivel nacional, lo que sitúa a Andalucía en el segundo lugar de litigiosidad en esta jurisdicción. La social ingresó un 0,7% menos y la contenciosa continuó con el descenso del año anterior, pero mucho más acentuado, con un 16% menos, rompiendo la tendencia al alza tan inusual del 2019 por el desmesurado ingreso de asuntos de extranjería.

De todo lo que entró en los juzgados en 2022, los órganos judiciales resolvieron algo menos de lo ingresado. Fueron 1.248.463 asuntos resueltos, un 0,7% más que el año anterior. Y el problema está en lo que va quedando pendiente de años atrás. Así, se quedaron sin resolver 643.622 asuntos, un 3% más de lo que quedaron en trámite a final de 2021. "Todo viene siendo objeto de resolución, lo que no se puede es con lo acumulado de años anteriores, con eso no se puede con el número de juzgados y tribunales y recursos humanos actuales. Es imposible así un rendimiento óptimo y llegar a mejores tiempos", asegura.

"La gran judicialización son ya palabras repetidas cada año y hay sobrecarga innecesaria que debe ser objeto de análisis parlamentario en leyes que parece que son las más complicadas y más conflictivas de la legislatura, aunque digan que para verano quieren tenerla", asegura Del Río, que pide simplificar procesos y medidas como sentencias orales para permitir agilizar la justicia.

El problema es que hacen falta plazas judiciales, mejorar los planes de refuerzo, optimizar ciertos órganos y más recursos personales. 

Los efectos de la falta de reformas

Además, la falta de modernización y la organización actual llevan a que "la Justicia sea percibida como lenta y poco eficiente", algo que ya sí "responde a la realidad". "Pese a los anuncios para modernizar y transformar la justicia a través de aspectos organizativos, procesales y tecnológicos, nada se ha materializado durante 2022" existiendo ya unas demoras "injustificadas" en el caso de la tramitación parlamentaria de los cambios legales pendientes. Algo que ha llevado a Del Río a señalar que "la justicia, en parámetros políticos, no es una prioridad", aunque la realidad social y económica "hacen ineludible el viraje prometido hacia una justicia ágil, efectiva y digital". "Los proyectos de eficiencia procesal, organizativa y digital son necesarios e inaplazables", dice. 

"No queremos predicar en el desierto pero la situación debería ser una oportunidad para que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo en un gran pacto de Estado por la Justicia. Esa necesaria muestra de responsabilidad de la clase política debe marcar el camino. Porque, un día, la Justicia colapsará", concluye. 

Respecto a los asuntos en ejecución, se ha hecho una buena labor pero hay 475.000 ejecutorias pendientes, un tema que también afecta porque hay "cobros de cantidades ingentes de dinero e impacta en el ciudadano y la economía".

Violencia de género, concursos y medios

Del Río ha detallado algunos temas como los casos de violencia de género y menores, "cifras que no gustaría dar". En este apartado las denuncias aumentan un 14%, se conceden el 80% de órdenes de protección y se hace una reflexión sobre el "aumento de la violencia sexual por menores de 14 años pese a que escapan por la edad del ámbito judicial". 

Se destaca también el número de lanzamientos, despidos y concursos, que aflora porque ingresan un 12% más y un 199% el aumento de concursos de personas individuales tras la reforma de junio del año pasado. 

Respecto a medios, se piden nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer para Málaga, Cádiz y Granada para mejorar la respuesta y asistencia. Además, se destaca que pese a que ha habido "muchos proyectos anunciados", pocos se han iniciado. Todos los problemas de Jaén, Cádiz, la Costa del Sol o Algeciras, "siguen casi en los mismos términos". "La Consejería anuncia proyectos e incluso está pensando en acometerlos con fondos europeos así como edificios de nueva construcción pero no tenemos obras realizadas salvo la excepción de Lucena en Córdoba y la ciudad de la justicia en Sevilla".

Los medios personales también siguen parecidos. "Tenemos problemas de oficinas, de interinidad, no se cubren vacantes, hay infradotación de funcionarios y la necesidad de mejor una redistribución. Nada se hace, todo está pendiente de decisiones de la Consejería, ahora conectadas con la ley de eficiencia organizativa nueva. Pero los problemas siguen ahí", advierte.

El nuevo sistema Adriano no funciona

En el aspecto tecnológico los problemas son "delicados". Y es que "la Consejería apuesta por nuevo sistema Adriano pero se están produciendo enormes problemas en la implementación". De hecho, se ha pedido que se paralice, se estudie lo que pasa, porque hay fallos diarios de horas que generan retrasos en la actuación procesal y hay quejas en los juzgados de lo social y lo contencioso, que es donde se ha implantado. "Es un problema muy delicado que tiene que ser abordado. El futuro es una justicia digital pero ahora hay una dificultad enorme para trabajar con ese sistema. La herramienta procesal, ese gran proyecto, no está produciendo resultados y da preocupaciones".