Granada

El Juzgado embarga al exconcejal Eduardo Moral por no pagar la fianza del caso Emucesa

  • Al exedil se le embargarán cuentas, bienes y parte del sueldo hasta que complete los 286.310 euros de fianza impagada que le impuso la jueza

A la izquierda el exedil Moral en su etapa como consejero delegado de Emucesa A la izquierda el exedil Moral en su etapa como consejero delegado de Emucesa

A la izquierda el exedil Moral en su etapa como consejero delegado de Emucesa

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha ordenado el embargo de bienes, cuentas y parte del sueldo del exconcejal del PP del Ayuntamiento de Granada Eduardo Moral hasta completar los 286.310 euros de fianza impagada que le impuso la jueza que investiga el caso de los contratos 'fantasma' de Emucesa.

Aunque el antiguo responsable político del cementerio de Granada envió en octubre pasado un escrito al Juzgado para solicitar una rebaja de la cantidad fijada por sus posibles responsabilidades económicas en este caso, la petición fue rechazada y ahora el órgano judicial le reclama ese dinero por la vía del embargo.

Eduardo Moral es uno de los dos concejales del PP que están acusados y que irán a juicio por este caso de supuesta contratación irregular de personal afín al PP en el cementerio de Granada durante los mandatos del alcalde José Torres Hurtado. La otra edil, María Francés, y dos de las contratadas por ella han firmado un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocen su culpabilidad a cambio de una rebaja de las condenas. También aceptaron devolver el dinero de sus salarios y lo exigido por la jueza.

Pero Moral y otras tres personas cuyos contratos laborales fueron firmados por él para cobrar sueldos de alta dirección no han llegado por ahora a acuerdo alguno. Este edil es que el que tiene que asumir la fianza más alta y transcurrido el plazo que le otorgó el Juzgado no ha pagado esa cantidad. De ahí que el letrado de la Administración de Justicia de ese órganos (competente en materia de fianzas) haya firmado un decreto en el que ordena el embargo de una finca, sus cuentas bancarias, cualquier devolución económica de Hacienda y parte del sueldo que cobra actualmente el antiguo concejal.

En el último auto de apertura de juicio oral, del 4 de octubre pasado, se les atribuyeron los delitos continuados de fraude en la contratación y malversación de caudales públicos en concurso medial (cuando un delito es necesario para cometer el otro) con los de falsedad en documento oficial y prevaricación.

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