Tribunales

El Juzgado ordena tasar los bienes embargados del caso Serrallo

  • Los acusados aportaron decenas propiedades que fueron embargadas y que ahora analizará un perito para valorar si llegan a los dos millones de euros de fianza impuesta

Zona de ocio del Serrallo, junto al centro comercial. Zona de ocio del Serrallo, junto al centro comercial.

Zona de ocio del Serrallo, junto al centro comercial. / g. h.

El Juzgado que ha llevado la instrucción del caso Serrallo acaba de ordenar la tasación de las decenas de propiedades aportadas como fianza por los acusados que tendrán que ir a juicio el año que viene. La cantidad total impuesta era de dos millones de euros a pagar de forma solidaria por todos los implicados. 

Mediante una serie de diligencias de ordenación firmadas por el letrado de la administración de justicia, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha declarado firmes los embargos y ha ordenado a los distintos registros de la propiedad afectados que inscriban la anotación preventiva en esos bienes, con el fin de que no puedan ser vendidos ni sufran cambios en este tiempo.

Además, como medida adicional, se ordena al perito del juzgado que lleve a cabo la tasación de esos bienes embargados. Las fincas e inmuebles aportados tendrían que ser suficientes para cubrir los dos millones de euros de fianza impuesta por la jueza de instrucción cuando firmó el auto de apertura de juicio oral en 2018

La magistrada estableció esa cantidad global para pagar de forma solidaria entre todos los acusados y otras empresas que podrían ser partícipes a título lucrativo de los hechos investigados y que serán sometidos a juicio en unos meses.

El asunto de la fianza ha sido en el último año una de las cuestiones más controvertidas, pues los acusados recurrieron reiteradamente la decisión de la jueza y además hubo un intento de que fuera la aseguradora del Ayuntamiento de Granada la que hicieran frente al pago de la caución, aunque esta póliza fue rechazada al final.

En este caso se ha investigado desde 2014 la construcción y posterior explotación de una discoteca en unos terrenos municipales que estaban destinados a la instalación de un parque infantil, según lo previsto en el pliego de condiciones de la concesión municipal que se adjudicó a una empresa privada. 

El exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, todos los concejales de la junta de gobierno de aquella época y los principales cargos de Urbanismo (además del promotor urbanístico) se enfrentarán en febrero del año próximo al juicio por este caso en la Audiencia Provincial de Granada.

En total, 17 personas acusadas de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide altas penas de cárcel como los 8 años de prisión para el exalcalde Torres Hurtado, su edil de Urbanismo, Isabel Nieto, el empresario Roberto García Arrabal o el funcionario Manuel Lorente. Además hay un buen número de acusaciones particulares y populares.

La imposición de una fianza económica en este caso está relacionada con la posible demolición final del edificio (que llegó a ser cuantificada por el Ayuntamiento), la restitución del orden urbanístico y una hipotética indemnización a terceros, como el empresario que compró después el negocio e la discoteca y no podría explotarlo de ser declarado ilegal el edificio.  

Etiquetas

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios