Si hay algo que está marcando el compás durante estos meses –y más en los últimos días– es la falta de acuerdo entre los partidos para formar Gobierno a nivel nacional -este mismo martes, el Rey de España no ha propuesto al socialista Pedro Sánchez como candidato por lo que el país está abocado a unas nuevas elecciones generales-, un "problema" que acarrea una "parálisis institucional" que también se ha colado en la apertura del Año Judicial.

"Nos preocupa el contexto actual de interinidad política y problemas de formación de gobierno, con añadida parálisis institucional, que, sin duda, repercute en las expectativas de mejoras y reformas". De este modo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, instó a los partidos políticos a desbloquear esta situación durante su discurso con motivo del nuevo Año Judicial celebrado la tarde de este martes, y al que asistieron, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, el vicepresidente de la Junta y consejero de Cultura, Juan Marín, o la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en el que también reivindicó la necesidad de modernizar el sistema judicial.

Del Río, que aseguró que según el último sondeo del CIS en materia judicial "casi el 80% de los españoles destacaba la necesidad de reformar nuestra Justicia y más del 60% opinaba que los recursos de los Juzgados y Tribunales son insuficientes", reiteró que es necesario implantar un nuevo modelo territorial y organizativo, en "una de las épocas históricas con mayores índices de litigiosidad".

En este punto, destacó que Andalucía es una de las comunidades "más litigiosas de España". "Superamos la tasa media nacional en más de un 20% y estamos situados en segundo lugar en cuanto al número de asuntos que ingresan en nuestros tribunales cada año", expresó Del Río, tras lo que criticó que "la ratio de jueces por habitante se sitúa en Andalucía por debajo de la media nacional y europea".

"Se habla, con razón, del colapso del proyecto de modernización de la Justicia, que tuvo como hito clave el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia el 28 de mayo de 2001", expresó el presidente del TSJA. En este sentido, insistió en la necesidad de un Gobierno estable para abrir "un debate democrático sobre el problema de la justicia" y conocer "cuánto dinero estamos dispuestos a gastar" en ella, cómo puede mejorar lo que hay y la calidad de jueces o cuánto se está "dispuesto a esperar para las importantes reformas organizativas y mejoras".

Del Río enumeró las necesidades de reforma en torno a tres grandes ejes: "la organización judicial, el desarrollo tecnológico y las reformas procesales", además de insistir en particularidades de Andalucía, donde "es acuciante acometer un ambicioso plan de actuación" en materia de infraestructuras.

Ante ello, instó a los nuevos representantes de la institución autonómica, en concreto a la Consejería de Justicia, a "que no se contente con el simple desbloqueo de ciertas iniciativas", sino que vaya más allá, pues existen grandes diferencias entre "el estado y la dotación existente en muchos edificios judiciales con el existente en dependencias de cualquier otra Administración".

Asimismo, también se abordaron los retos tecnológicos a los que ha de hacer frente el sector judicial. Mientras que ya se ha consolidado el sistema de presentación de escritos y realización de comunicaciones por medios telemáticos, ahora el guión continua con la fase de desarrollo e implantación del denominado expediente digital.

En este aspecto se alertó de "ciertos problemas funcionales, carencias estructurales y conflictos competencias que afectan, de modo muy sensible, a las condiciones en que se lleva a cabo el trabajo de los Jueces y Magistrados".

En un momento de su discurso.

Si bien Del Río admitió la "predisposición" de la Consejería para el buen fin de este proceso, criticó que "el diseño del expediente judicial electrónico y de los programas y herramientas facilitados por la Administración prestacional no contempla, a día de hoy, todas las necesidades específicas para el trabajo de los jueces y magistrados".

Otro de los aspectos que han quedado obsoletos es el proceso penal que responde a un "modelo instaurado en el siglo XIX". Por este motivo, el presidente del TSJA reiteró la "apremiante necesidad de reforma, de un instrumento a través del cual se ventila prácticamente el 70% de los asuntos litigiosos". Además, evidenció "la importancia de contar con instrumentos procesales adecuados a la realidad social y económica actual, que nos permitan alcanzar una mayor celeridad en la respuesta judicial, al tiempo que ofrecer una cierta previsibilidad ante supuestos semejantes y fortalecer la seguridad jurídica".

En cuanto a la distribución de los efectivos personales, se ha vuelto a reiterar en la necesidad de realizar cambios en la organización. "Hemos insistido en la necesidad de implantar una organización de trabajo colegiado y compartido, que permita la mejor gestión y aprovechamiento de los actuales recursos", indicó Del Río, que tampoco se olvidó de la "urgencia" de acometer una reorganización territorial. Para ello, instó a "concentrar o agrupar partidos judiciales limítrofes y cercanos, superando la atomización de las actuales demarcaciones judiciales para un aprovechamiento más eficaz de los recursos que ya se tienen".

Durante su discurso, el presidente del TSJA también destacó las novedades que, "a falta de un proyecto de reforma más ambicioso", suponen un germen modificativo para avanzar". Por ello, además se reclamó, "de forma insistente", la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales cercanos, cuando repercuta en una mejora cualitativa de la atención de la víctima, todo ello sin perjuicio de reforzar las medidas contra la violencia de género y seguir desarrollando los proyectos y programas del Pacto de Estado".

De este modo, Del Río anunció que se cuentan con unas previsiones legales que "favorecen poner en práctica iniciativas tendentes a la concentración y/o especialización de órganos judiciales, así como al establecimiento de una colegiación de jueces en un mismo Juzgado", todo ello con el fin de comenzar "la evolución organizativa que tanto tiempo venimos deseando".