La venta de un piso en Marbella sienta en el banquillo a Ávila Rojas y Liétor

La supuesta venta irregular de un piso de Marbella (Málaga) ha sentado hoy en el banquillo de los acusados a dos de los imputados en la operación Malaya contra la corrupción urbanística, los empresarios José Ávilas Rojas y Andrés Liétor, que se enfrentan a penas de entre tres y cuatro años de prisión.

En el juicio, que ha comenzado en la Audiencia de Granada, la Fiscalía acusa únicamente de estafa a Liétor, para quien ha mantenido su petición de tres años de cárcel, mientras que la acusación particular, ejercida por un comprador inicial del apartamento, acusa además a Ávilas Rojas y al también empresario Paulino Gómez Lucio.

En concreto, esa parte imputa a Ávila Rojas una estafa, por la que pide tres años de cárcel; a Gómez Lucio, quien compró el mismo inmueble que antes ya fue adquirido por el querellante, un delito de simulación contractual, por el que le pide también tres años; y a Liétor, ambos delitos, por los que le solicita cuatro años.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al verano de 1998, cuando Liétor, actuando sin poderes en nombre de una empresa de Ávila Rojas (Incar SA), firmó un contrato privado con Emilio F.N., por el que se vendía un apartamento ubicado en el residencial "El Dorado" de Marbella.

En una de las cláusulas de ese contrato se hacía constar que la parte vendedora se obligaba a cancelar un embargo a favor de la Agencia Tributaria que pesaba contra el mencionado inmueble por importe cercano a los 1.400 millones de pesetas (8,29 millones de euros).

Si llegado octubre de 1998 no se hubiera cancelado dicho embargo el comprador, que a la firma del contrato privado tomó posesión de la finca, podía exigir la obligación adquirida por el vendedor o exigir la devolución de la cantidad pagada.

Según el fiscal, posteriormente, en julio de 2000, Incar SA vendió en virtud de escritura pública a la mercantil CCF Comercial Financiera 21 el mismo apartamento, que a su vez en enero de 2003, en virtud de otra escritura, fue comprado por Paulino Gómez Lucio.

En el juicio, que mañana quedará visto para sentencia tras la presentación de los informes finales, Liétor ha reconocido "metió la pata" al firmar "ingenuamente" -de acuerdo con una cláusula del contrato privado- que la compra inicial de Emilio F.N. se formalizaría cuando se retirara el embargo que pesaba sobre el piso.

Fue este mismo acusado quien, con posterioridad, adquirió ese mismo apartamento en representación de CCF21, aunque ha asegurado que, como esa compra se hizo de forma conjunta a otras propiedades, en aquel momento le fue "absolutamente imposible" saber que se trataba del mismo inmueble.

Ávila Rojas ha declarado que no tuvo conocimiento alguno de la primera operación de venta, que no recibió dinero al respecto por parte de Liétor y que, si su empresa hubiera tenido constancia de que el apartamento ya estaba vendido, "lógicamente" no lo hubiera puesto a la venta, ni CCF21 lo habría podido comprar.

Por su parte, Gómez Lucio también ha asegurado que cuando adquirió la vivienda a CCF21 a través de su empresa Administraciones Zemogg SL no sabía que ésta ya pertenecía a Emilio F.N., aunque en cualquier caso le "incomodaba" ser consciente de que ese apartamento de "El Dorado", donde él tenía otra casa, estuviera ocupado.

El perjudicado y querellante, que ha declarado como testigo, ha dicho que fue Liétor quien le ofreció la posibilidad de firmar un contrato privado hasta que se resolviera el embargo, después de no haber podido firmar cuando pretendía la escritura de la vivienda, al conocer las circunstancias que pesaban contra la misma.

Fue en una reunión de la comunidad de propietarios, ha relatado, cuando se enteró de que su casa había sido vendida a otra persona -el empresario Gómez Lucio-, quien incluso intentó desahuciarlo.