El pasado 22 de mayo, tras varias concentraciones y jornadas de paro, los funcionarios de la Administración de Justicia de Granada, junto con los de Andalucía y el resto de España, iniciaban una huelga indefinida que ha paralizado el normal funcionamiento de la justicia. 

Son miles los trámites, juicios y vistas que se han quedado suspendidas o canceladas, y durante este tiempo más de la mitad de la plantilla de los juzgados de Granada ha permanecido ejerciendo esta huelga, con picos del 80% de seguimiento, según los sindicatos convocantes.

Estas movilizaciones han subido de nivel este viernes, con la organización de una manifestación con una caravana de vehículos que ha recorrido toda Granada para reclamar "la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO) y mejoras retributivas".

Varias decenas de coches y furgonetas decoradas con carteles para la ocasión, comandadas por un grupo de funcionarios que corría a pie disfrazados de templarios, han ejemplificado su lucha "por una Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO) sin trampas, funciones claras y retribuciones justas", mientras recordaban que "sin nosotros no hay justicia" y que "no más funciones sin retribuciones".

La movilización ha partido desde el barrio de La Chana y ha cruzado las calles más céntricas de la capital nazarí, como la Avenida de la Constitución, la Gran Vía de Colón, Reyes Católicos, Puerta Real, calle Recogidas, calle Neptuno, o calle Arabial, hasta finalizar en el Zaidín, a las puertas de la sede del PSOE de Granada.

La "posición" del Ministerio de Justicia, de negar "cualquier subida" retributiva, ha provocado la "indignación del colectivo que constituye más del 90% del personal que trabaja en los juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y otros servicios no jurisdiccionales".

Los convocantes han asegurado que el equipo de la ministra de Justicia Pilar Llop no reconoce "la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y de medicina forense) ni las funciones reales de los cuerpos generales". Además, han acusado al Ministerio de "despreciar" la implicación, la participación y el papel "determinante" de la "inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia" en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.

Al hilo, también han afeado a Justicia que quiera "imponer, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa, poniendo en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas".

Las elecciones nacionales, un frenazo a la negociación

"El deterioro, atasco y colapso en muchos casos de la Administración de Justiciaes una evidencia que nadie discute. El anuncio de elecciones generales para el 23 de julio modificó el escenario de la negociación, al ser utilizado este hecho de forma sistemática por el Ministerio para eludir la preceptiva negociación y como excusa para evitar el compromiso con alguna posible salida al conflicto, hasta el punto de que el Ministerio ha cerrado la puerta a la negociación", han destacado los sindicatos convocantes (CSIF, STAJ, CCOO y UGT). 

Pese a ello, el delegado de STAJ en Granada, Antonio García, ha asegurado a este periódico que los comicios del 23J no son una excusa para poder negociar una mejora retributiva en el salario de los funcionarios, ni la aprobación de la carrera profesional.

"Es cierto que la modificación de la LOEO que pedimos no puede llevarse a cabo porque para ello las Cortes deben estar constituidas, pero el resto de demandas si se pueden negociar aunque se haya iniciado ya la precampaña. Mejoras retributivas y reconocimiento de la carrera profesional. Pero el cerrojazo del Gobierno es total. No nos oyen, y es por ello que tenemos que seguir levantando la voz", ha valorado.

Durante los últimos días, la focalización de las protestas se ha centrado en la sede de los socialistas granadinos, a quienes reclaman que presionen a su Ejecutiva Nacional para que elijan a un representante para negociar que no les deje tirados, "un interlocutor válido".

Además, en un comunicado, todos los sindicatos han asegurado que quieren, con estas reclamaciones, comunicar a quien encabeza las listas electorales al Congreso y el Senado "que los sindicatos pediremos a todo el personal que representamos que no den su voto a este partido político si no nos apoyan ante el gobierno para que solucione el conflicto".

Una huelga con miles de procesos parados

García ha querido, además, pedir perdón tanto a los ciudadanos de a pie como a los abogados y profesionales de Justicia que se han visto afectados por las movilizaciones intermitentes desde abril y la huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo.

El delegado sindical de STAJ en Granada, Antonio garcía, disfrazado de templario antes de iniciar la marcha

"Sabemos que son los más afectados por nuestras movilizaciones, pero debemos seguir con nuestras reivindicaciones. Si el Ministerio de Justicia atendió las reclamaciones de los abogados, ¿por qué no quieren tratar con nosotros? No somos personal de segunda, queremos que se reconozca nuestra labor", ha concluido el representante sindical.

Las organizaciones convocantes exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto Complemento general del puesto, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de un millón de juicios se han visto suspendidos y aplazados en toda España, así como más de 40 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados.