No hay novedad. El subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, ha vuelto a  pronunciarse este jueves sobre el centro de acogida de migrantes que se plantea en un terreno cedido por Defensa al Ministerio de Inclusión frente a la Base Aérea de Armilla, en término municipal de Alhendín. Un recurso, en principio temporal pero con vocación permanente, que levantará la empresa Tragsa y que ha generado el rechazo de los tres ayuntamientos afectados (Alhendín, Armilla y Ogíjares por su proximidad) y la inquietud de los vecinos cercanos. Todos coinciden en mostrar su rechazo porque "no es el sitio adecuado" al estar rodeado de pisos, casas, urbanizaciones y centros educativos como colegios y guarderías.

Y la respuesta de Montilla a esta oposición manifestada claramente por los tres alcaldes (los populares Francis Rodríguez y Estéfano Polo y la socialista Loli Cañavate) y el movimiento vecinal abierto en protesta, es clara: "Hablamos de personas que huyen de una guerra, que tienen que estar atendidas y la defensa de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Por eso se trata de buscar el lugar más adecuado pero desde esa perspectiva y evitando cualquier discurso racista o xenófobo y apelando siempre al diálogo".

Para el subdelegado "estas instalaciones son necesarias y son urgentes porque es una cuestión de derechos humanos, de tratar a las personas en situación de dignidad, y no pueden esperar meses. Las personas tienen que ser atendidas de manera adecuada", ha dicho el subdelegado, ante el escrito recibido en el Ayuntamiento de Alhendín por parte de Tragsa en el que anuncia el inicio de los trabajos en dos fases. 

Con todo, insiste en que se están valorando aún los terrenos donde se daría prioridad a la acogida de personas en situación de protección internacional y que piden asilo. 

Respecto al Pleno municipal del Ayuntamiento de Alhendín que se celebra este mismo jueves para rechazar la construcción en terrenos que no lo permite el PGOU al estar catalogados como suelo rústico, Montilla reconoce que "no se puede ir contra el PGOU" pero que "eso son cuestiones jurídicas que son las que se están estudiando. Cuando se instalen es después de haber hecho todos los estudios técnicos y jurídicos. Y eso es lo que ahora se analiza para encontrar la ubicación más adecuada". 

El subdelegado asegura que las cuestiones urbanísticas son jurídicas, no de decisión política. "Si es adecuado o no habrá que verlo desde la perspectiva jurídica, que va más allá de la decisión política de un Ayuntamiento".