La cesión del Ministerio de Defensa al Ministerio de Inclusión hace apenas dos meses de dos parcelas frente a la Base Aérea de Armilla localizadas en el término municipal de Alhendín para crear allí un centro de acogida a inmigrantes que podría llegar a alojar a un millar de personas, ha generado el rechazo unánime de los tres municipios que pueden verse más implicados (Alhendín, Armilla y Ogíjares) y ha generado también inquietud entre los vecinos de la zona, un espacio residencial con urbanizaciones, algunas de lujo, y centros educativos.

Se trata de una cesión ya firmada, según fuentes de Defensa, de dos parcelas que suman hasta 105.000 metros cuadrados en la zona conocida como Colonia Dávila. El solar está separado del núcleo de viviendas de Armilla por la Avenida de la Diputación y llega hasta lindar con la urbanización Los Llanos y la parte trasera de El Carmelo, por lo que está en Alhendín, pero también limita con Armilla y Ogíjares. La cesión se ha hecho con carácter de urgencia por un periodo de seis meses, pero según las fuentes el acuerdo tiene vocación de convertirse en una cesión definitiva.

Defensa cede este suelo, fuera de los límites de la Base Aérea pero vinculados a la misma por su compra en 1947 y que están en desuso, y es el Ministerio de Inclusión el que propone su uso para este fin dentro del plan nacional de atención a la presión migratoria tras acentuarse el año pasado la llegada de inmigrantes a Canarias y las costas de la península. Lo poco que se sabe es que tendría capacidad para un máximo de 1.000 personas y que la empresa Tragsa, que se encargaría de las obras, ya informó al Ayuntamiento de Alhendín de las dos fases de la intervención para adecuar el suelo y crear la instalación. Unas obras que se harían de urgencia. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión y con la empresa Tragsa, sin éxito.

Y los ayuntamientos cercanos no han tardado en posicionarse. Los dos alcaldes del PP de Alhendín y Ogíjares y la del PSOE de Armilla han coincidido en rechazar el proyecto, coincidiendo en que no es el sitio ni por las características del suelo ni por su proximidad a viviendas y conocidas urbanizaciones. Una queja que ha llevado al Ministerio a asegurar a la alcaldesa de Armilla que no se trata de una opción cerrada, que está en estudio, la misma versión que ha defendido el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, tras conocerse por los medios la noticia, que no ha sido informada previamente a los ayuntamientos implicados por parte del Gobierno, lo que también critican los regidores.

La instalación de este 'campamento' sería frente a la entrada a la Base Aérea, en un terreno vacío que está más próximo al núcleo de Armilla, pero que pertenece a Alhendín, cuyo alcalde, Francis Rodríguez, ha sido el primero en posicionarse en contra. De hecho, este jueves hay convocado un pleno para tratar el asunto y donde espera contar con el apoyo de “todos los grupos políticos”. En esta sesión se trasladará al Gobierno central que no se va a “permitir la alteración de la realidad urbanística” ni se consentirá que el Ejecutivo de España ni “ninguna otra institución” vaya “contra los intereses” de los vecinos de Alhendín. El primer argumento del Ayuntamiento es que la instalación no está permitida en su normativa urbanística, ya que el suelo está calificado como rústico en su PGOU. 

Rodríguez, además, ha mostrado su sorpresa y malestar ante la notificación recibida por la empresa Tragsa en la que anuncia el inicio de las obras en la conocida como Colonia Dávila para, según indica el documento, “la implantación de centros de migrantes”. La empresa, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, ha notificado al Consistorio a través del registro de entrada la realización de obras en este espacio municipal en dos fases, la primera para la adecuación de la parcela y la segunda para un campamento 1.200 en atención a las personas llegadas a las costas españolas.

"El Ayuntamiento no ha recibido informe alguno por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre este proyecto ni se han pedido los preceptivos permisos municipales. Estamos sorprendidos viendo cómo el Gobierno de Pedro Sánchez atropella al municipio de Alhendín actuando con deslealtad institucional”, ha destacado el alcalde de la localidad.

La socialista Loli Cañavate espera que el Gobierno sea "sensible" y no lo construya

Aunque el solar está en término municipal de Alhendín, este limita con Ogíjares y Armilla. El Ayuntamiento armillero también se ha opuesto a la instalación de este alojamiento para inmigrantes con hasta mil plazas de capacidad. La alcaldesa, la socialista Loli Cañavate, se ha manifestado en contra de un proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez y ha dicho que Armilla es un municipio "solidario" pero "de manera lógica", no con el millar de personas que se podrían acoger allí. Cañavate, que asegura que no ha tenido información oficial previa a la aparición en los medios de la noticia, ha dicho que se ha puesto en contacto con los ministerios implicados tas conocerla para emitir su malestar y que el Ministerio le transmite que la decisión "no es firme", que hay opciones en estudio y que no está claro que finalmente se construya.

Una respuesta ministerial que choca con el acuerdo de cesión ya firmado y con la información de la empresa de las obras en dos fases, pero que daría margen para que el Gobierno recule y atienda las peticiones de los ayuntamientos de la zona, preocupados por la instalación del centro y sus efectos en los municipios. 

Cañavate ha comunicado oficialmente al Ministerio que no le parecen los terrenos idóneos porque colapsaría los servicios de los municipios de alrededor con ese volumen de personas, porque esos suelos no son compatibles urbanísticamente y por las condiciones del suelo, junto a zonas residenciales y centros educativos, argumentos que espera sean valorados por el Ministerio, al que pide que sea "sensible" con las quejas de los municipios.

Además, asegura que desde ayer mismo los vecinos se están poniendo en contacto con el Ayuntamiento para transmitirles sus "inquietud y falta de información".

El otro Ayuntamiento afectado sería el de Ogíjares. Aunque linda con el terreno en una esquina, el alcalde del PP, Estéfano Polo, ha criticado duramente que el "Gobierno no haya consensuado con los alcaldes de los municipios adyacentes por respeto institucional y para explicar este proyecto".

Polo, que insiste en que ese hijo de padres inmigrantes y que él mismo nació fuera de España, se ha mostrado a favor de la inmigración "pero regulada". Preocupado, apunta que estos centros abren de 9 de la mañana a 9 de la noche y que "si no han entrado se quedan fuera en una zona llena de viviendas alrededor", además "muy caras".

"Somos un pueblo tranquilo y se tendría que plantear otro sitio, no una zona residencial y con colegios cercanos", ha insistido, asegurando que ya han redactado un documento para pedir oficialmente información e insistiendo en que respeta y apoya la construcción de estos centros, pero en este caso "no es el sitio adecuado".

El subdelegado del Gobierno defiende que solo está en estudio

Ayer también se posicionó preguntado por la prensa el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que aludió también a que no es una decisión definitiva, sino en estudio dentro de la cesión que el Ministerio de Defensa está haciendo al de Inclusión y Migraciones para la "posibilidad" de utilizarlos como instalaciones para la atención humanitaria. Sí dijo como novedad que destinaría a acoger a solicitantes de asilo mientras se tramitan sus papeles y para casos de protección internacional. "Entre esos terrenos que en toda España se están estudiando para ser cedidos con ese objeto están algunos terrenos de la Base Aérea de Armilla, que es una instalación muy amplia y, por tanto, en principio permitiría esto. Es una cuestión de derechos humanos, de atención humanitaria", ha defendido.

"Ahora mismo no se puede hablar de nada, sí que estas instalaciones ya funcionan en otros lugares como Alcalá de Henares, Carabanchel, Mérida o Cartagena y se están estudiando en otros lugares", dijo el subdelegado, que asegura que "todo va a depender de la situación humanitaria, de si es necesario este tipo de instalaciones porque se produzca una situación de inmigración que lo requiera. Es una cuestión de protección internacional de solicitantes de asilo, que tienen que estar durante un tiempo mientras se tramita la solicitud, por lo que tienen un carácter temporal estas instalaciones", aseguró.

Según Montilla, no hay aún una capacidad establecida para este centro, pero las instalaciones que ya están funcionando en España son autosuficientes, teniendo dentro todos los servicios para atenderlos, "por lo que no pueden ser pequeñas", teniendo entre 500 y 1.000 personas. Dentro tendría actividades sanitarias, educativas, psicológicas... según ya están funcionando otros centros. 

En el caso de la base aérea lo que hay en este momento es "un estudio", insiste el subdelegado, que asegura que no hay información a los ayuntamientos afectados de la zona porque no hay nada definitivo, solo estudios, por lo que "a quien ha preguntado se le ha dicho lo que estoy diciendo porque no hay nada formal", aunque ha dicho que se atenderá con transparencia cualquier duda.