Morales y Cañavate, convencidos de que su actuación ha sido legal

La primera sesión de las 19 prevista para enjuiciar el caso Nevada se desarrolló ayer sin grandes sorpresas. Sólo hubo una acusación, de las cinco que había en el procedimiento, que desertó al inicio de la vista: el grupo de vecinos de la zona de Armilla donde se ubica el paralizado centro comercial se retiró del procedimiento, "con expresa reserva de acciones civiles". El resto de acusaciones (Fiscalía, PP, Los Verdes y Adobe), permanecieron. Se plantearon algunas cuestiones previas, consistentes en la aportación de documentos e informes periciales que fueron aceptados, y durante los interrogatorios ocurrió también lo esperado: los principales acusados negaron haber actuado fuera de la legalidad.

Sólo fueron interrogados ayer el ex concejal de Urbanismo de Armilla Gabriel Cañavate, el ex alcalde socialista José Antonio Morales Cara y Tomás Olivo, éste último como dueño de la empresa General de Galerías Comerciales, promotora del centro comercial.

Los dos primeros contestaron a las preguntas del fiscal y las defensas en la misma línea, negándose a responder al resto de acusaciones. Ambos aseguraron de forma tajante que cuando se aprobó el Plan Parcial del Nevada nunca creyeron que pudiera haber ninguna disposición contraria al ordenamiento jurídico.

De hecho, como recordaron, la aprobación de aquel plan parcial para levantar en el pago de la Cerraca la enorme construcción promovida por Olivo, "no fue recurrida a posteriori" en la vía contencioso administrativa por la Junta.

Tras la aprobación inicial del plan, que se produjo en enero de 2005, se solicitó el preceptivo informe, "pero no vinculante", a la Delegación de Obras Públicas, que lo emitió el 25 de mayo de ese año. En él, según el fiscal, se ponían bastantes "reparos" a la obra proyectada y se advertía de la posible ilegalidad del proyecto. Sobre este punto, tanto Morales Cara como Cañavate precisaron que no se trataba de reparos, sino de "observaciones", las cuales fueron subsanadas antes de la aprobación definitiva del plan.

Dicha subsanación se produjo tras una reunión que mantuvieron con el delegado de Obras Públicas, en la que "se aclararon prácticamente la totalidad de las observaciones, que desde mi punto de vista eran erróneas", afirmó Cañavate. Morales Cara especificó un poco más al respecto y explicó, por ejemplo, que Obras Públicas advertía en ese documento de que el plan parcial podía afectar a un cauce público, cuando no había ningún río afectado .

Eso sí, según subrayaron, la aprobación definitiva se realizó condicionada a tres puntos: que la calle posterior del centro pasara de 11 a 12 metros; que todos los aparcamientos fueran públicos y que toda la construcción por debajo de rasante fuera de aparcamiento público.

El ex alcalde declaró que estuvo en todo momento convencido de que el plan parcial "respetaba las normas subsidiarias de Armilla y la legalidad vigente". Negó así que la edificación haya vulnerado alturas y recalcó que el proyecto se aprobó "por el interés general" del municipio y sin ningún tipo de urgencia, recordando además que empezó a tramitarse en 1996.

Tanto el ex edil como el ex alcalde admitieron que en el expediente del Nevada no existía un informe del letrado municipal "porque no se emitió". Sí figuraba un informe que había sido realizado por el arquitecto municipal , José Casimiro Vera -también encausado- por ser éste quien "realizaba todos los informes técnicos" en las actuaciones urbanísticas del municipio, cuyas normas subsidiarias fueron además redactadas por él.

Sobre el informe del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Granada, Cañavate (que en aquellas fechas era vicepresidente primero de la institución provincial) explicó que se pidió ante las observaciones que había hecho Obras Públicas, pero no porque se fuera a pronunciar en un sentido concreto su autora, la abogada Raquel Yeste, también acusada en el caso. "A Raquel Yeste la he conocido personalmente hoy", afirmó Cañavate.

Morales Cara dejó claro, al igual que el ex concejal de Urbanismo, que durante la tramitación del Nevada, el secretario municipal -que era según ellos quien custodiaba el expediente- nunca les advirtió de "ninguna ilegalidad", sino que tan sólo les hizo una "advertencia verbal" de que faltaba el informe del letrado municipal. "En otros expedientes ha faltado también el informe del letrado y no ha conducido a donde estoy yo ahora", se quejó Morales Cara.

En cuanto a un informe calificado por el fiscal como "fantasma", elaborado por el abogado del Ayuntamiento, no incluido en el expediente y por lo visto contrario al Nevada, ambos acusados afirmaron haberse enterado de su existencia durante la instrucción del caso, que fue realizada por el juez de Instrucción 6, Miguel Ángel del Arco. "Me hubiera gustado que hubiera sido incorporado al expediente, por entender que eran apreciaciones subsanables", confesó el ex alcalde, que por dicho documento está procesado, como Cañavate, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Además está encausado por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. Ambos se enfrentan a dos años de cárcel y 20 de inhabilitación. Por su parte, Tomás Olivo, que se enfrenta a 26 meses de prisión, indicó que lo construido se adapta a lo proyectado inicialmente. Agregó que la Comisión Asesora de Comercio Interior de la Junta les sugirió, para concederles la licencia comercial, que hicieran unas instalaciones que dieran asistencia a todo el área metropolitana, de ahí, dijo, que compraran más suelo, y recordó que en la puesta de la primera piedra la clase política y económica "dio sus bendiciones al proyecto".

Las obras están paralizadas por orden judicial desde el 26 de abril de 2007, aunque fueron autorizados algunos trabajos de seguridad, a los que Olivo dice haberse ajustado, en contra de lo que mantiene el fiscal. El juicio continúa hoy.