Morales Cara y Cañavate pedirán al TS que revise sus penas por el Nevada

El exalcalde y el exconcejal de Urbanismo de Armilla que fueron condenados en el caso Nevada, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, sacaron ayer pecho tras las dos últimas sentencias dictadas por altos tribunales que avalan la legalidad de la licencia de obras y de la gestión urbanística que permitieron la construcción del Centro Comercial Nevada. Ambos ofrecieron una rueda de prensa para anunciar que piensan pedir al Tribunal Supremo (TS) que revise las penas que se les impusieron por prevaricación, al tiempo que exigieron que se restituya su honorabilidad "ante la sociedad y en el PSOE", partido del que se acabaron marchando.

Los que en su día fueron considerados, junto al promotor de la superficie comercial, Tomás Olivo, los principales acusados en la causa penal que instruyó el juez Miguel Ángel del Arco, indicaron además que se reservan "el derecho a pedir las responsabilidades a que hubiere lugar y las posibles indemnizaciones que se pudieran derivar".

Tanto Morales Cara como Cañavate están convencidos de que los dos fallos dictados en la vía administrativa por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo demuestran que son "inocentes" y que fueron "condenados injustamente".

Por ello, y porque se han sentido durante los diez últimos años víctimas de un "linchamiento político y público sin precedentes en Granada", creen que tanto los responsables del PP "tendrán que pedir perdón" como los responsables de la Comisión Provincial de Urbanismo en aquella época, que en su día paralizó el PGOU de Armilla en lo referente a los planes parciales B y C, sobre los que se construyó el Nevada. En este punto, Cañavate mostró un recorte de prensa del año 2006 sobre unas declaraciones suyas en las que ya sostenía que los terrenos en los que se iba a levantar el Nevada eran "suelo urbano consolidado". Así, la última sentencia dictada por el TS, que viene a respaldar aquella afirmación, "permite que Olivo construya ahora lo que ha derribado", aseguró el exedil, que al igual que Morales Cara fue condenado a 15 meses de prisión y 8 años y medio de inhabilitación para cargo público.

"Fuimos una Junta de Gobierno Local que adoptamos decisiones legales y por ello se truncó nuestro honor. Creemos que esa revisión se debe dar en justicia", expresó el exregidor, que puso de relieve que con estas sentencias "se ha terminado el Centro Comercial Nevada y lo que esperamos es que se abra de una puñetera vez". En este punto, agregó que el que se creasen los 4.000 puestos de trabajo previstos y que se generase riqueza para Armilla "era lo único que pretendió la Junta de Gobierno Local al conceder la licencia y aprobar los planes parciales".

Los dos expolíticos insistieron en el "daño moral" causado y apuntaron directamente hacia "varios sectores del partido y enemigos que habíamos dejado en la cuneta que nos estaban acechando para liquidarnos", además de hacia "la presión mediática, auspiciada por el juez instructor", el titular del Juzgado de Instrucción 6. Es más, repartieron un comunicado a la prensa en el que afirman que el magistrado "filtraba los autos y actuaciones que dictaba a los medios de comunicación antes de notificarlos a los interesados". También le acusan de colocar "titulares extravagantes para mediatizar, aún más si cabe, a la opinión pública", así como de llevar a cabo "una instrucción de parte".

En opinión de ambos, debería de haber sido ahora cuando tendría que haber comenzado el juicio penal. "Han sido unos años muy difíciles a nivel familiar, personal y político", confesó el exalcalde. Cañavate dijo haber echado de menos "alguna llamada telefónica estos días" de ciertas personas del partido al que acusan de dejarles "huérfanos".

En este contexto, insistieron en que el PP, que fue una de las partes acusadoras en el proceso judicial, tiene ahora "una oportunidad de oro de la leche" para pedir perdón. Para Cañavate, el caso Nevada "fue un verdadero disparate y hubiese sido mejor que hubiese sido un sueño".

La sentencia condenatoria fue dictada por el Juzgado de lo Penal 3 en 2010, si bien los castigos fueron endurecidos un año después por la Audiencia de Granada. La justicia consideró probado que Morales Cara y Cañavate prevaricaron -al igual que el resto de la Junta de Gobierno Local- por votar a favor de la licencia de obras del Nevada pese a no contar con el informe jurídico preceptivo -desapareció del expediente- y existir otros en sentido desfavorable. El promotor fue considerado autor de un delito contra la ordenación del territorio por invadir con una esquina del edificio un espacio en ese momento considerado zona verde.