Motril copia la política xenófoba de Sarkozy de expulsión de gitanos

Tras el desalojo de varias familias que vivían en un asentamiento de chabolas que habían levantado en unos terrenos municipales ubicados en las cercanías de la Rambla de los Álamos, ayer la empresa Limdeco procedió a limpiar y retirar las chozas en las que habían estado habitando durante al menos cuatro meses una veintena de personas, muchas de ellas de origen rumano. Días antes habían llegado a un acuerdo con el Consistorio para que éste les sufragara el viaje de retorno a su país de origen. Esta medida ha provocado las críticas de varias ONG, que comparan la medida adoptada por el Ayuntamiento con la política puesta en marcha en Francia por Nicolas Sarkozy y que tanta polémica generó en su momento.

Una de las tres personas que se mantienen en el asentamiento indicaba en el día de ayer a Granada Hoy que no quieren volver a su país ya que allí no tienen trabajo, y que "sus paisanos se habían vuelto después de que el Ayuntamiento les pagara el billete de vuelta".

Apunta que ellos viven de la chatarra, que van recogiendo de la basura, y que no tienen ningún problema al no tener menores a su cargo. Recuerda que han sido unos quince los que han optado por volver a su país el lunes por la noche, entre los que se encuentran niños pequeños y una mujer embarazada. Y días antes lo hicieron otros seis. Ahora en la zona sólo permanecen tres personas, un matrimonio y un amigo.

Por su parte, el concejal de Interior del Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes (PP), informó de que todo el proceso se ha desarrollado "desde la más estricta legalidad", puesto que se ha seguido el procedimiento habitual de desahucio administrativo y que éste no responde a ninguna "cuestión de nacionalidad".

"Allí también había españoles o magrebíes", señaló el edil, quien informó de que varias máquinas han limpiado la zona de la Rambla de los Álamos, donde se encontraba el asentamiento, y han retirado la basura acumulada.

Fuentes recordó que durante su estancia las familias han recibido atención de Cruz Roja y del área municipal de Acción Social y que hubo un acuerdo con los implicados, a los que se les facilitaron los medios para regresar a su país.

Fuentes del Consulado General de Rumanía en Sevilla precisaron por su parte que se trata de un "caso excepcional" de "retorno voluntario", resultado de la "estrecha colaboración" que existe entre este organismo y el Consistorio de Motril, con el que tienen firmado un acuerdo para ofrecer servicios consultares itinerantes.

El Consulado expidió tres títulos de viaje a aquellas personas que querían abandonar el país, tenían caducada su documentación y carecían de recursos para costear el viaje.

El pasado 29 de octubre, el Ayuntamiento de Motril acordó en sesión plenaria este desalojo, lo que IU comparó con las medidas emprendidas en Francia por Nicolas Sarkozy, críticas a las que se suman diferentes colectivos en defensa de los inmigrantes, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación Gitana Anaquerando y también Motril Acoge, que han suscrito un comunicado conjunto en el que critican la actuación del Ayuntamiento la cual han calificado como una expulsión "disfrazada" por motivos étnicos.

El proceso, censuran, "en ningún momento ha estado acompañado de una actuación integral y coordinada por parte de los Servicios Sociales de Motril", que podrían haber articulado "alternativas" ante esta situación de precariedad en la vivienda. Además, señalan que la aprobación del desalojo, la repatriación y el derribo del asentamiento ha estado marcado por una "falta de transparencia total", y muestran su preocupación por esta "expulsión encubierta debido al origen étnico de las personas afectadas".

Las asociaciones han recordado asimismo las declaraciones efectuadas en el pleno municipal del 29 de octubre por el concejal Antonio Escámez, miembro del equipo de gobierno en Motril, en las que éste describía a los rumanos gitanos como "una raza itinerante a la que le gusta vivir en chabolas rodeados de perros, haciendo fuegos y alimentándose de la basura".

"Esperamos" que estas duras declaraciones "no sean representativas del sentir de la coalición al poder en Motril", han confiado las firmantes, que han criticado que sus afirmaciones no hayan tenido ningún tipo de consecuencia política ni se hayan desmentido y que además se hayan visto "reforzadas" por la expulsión de las familias afectadas.