Multas de hasta 5.000 euros por no cambiar el contador del agua en Granada

Una cosa tan simple como sustituir el contador de agua por su antigüedad puede ahorrar hasta 5.000 euros en multas a 56.533 granadinos que no lo han cambiado desde hace doce años. La nueva Orden Ministerial, publicada el pasado 24 de febrero, que obliga a poner nuevos contadores en las casas haya instrumentos de medición que superen esta edad concreta.

Según los datos de la empresa Ista, especializada en servicios de medición de consumos de energía y agua, en la provincia de Granada habría 56.000 contadores de agua que superan esta barrera de los 12 años de antigüedad, por lo que avisa a los consumidores de este cambio necesario. Asimismo, la empresa señala por otra parte que la sustitución de los equipos de medición permitirá ahorros del 15% al año en la factura del agua.

Esta medida, que ya se aplica en otros países de la Unión Europea como Alemania, facilitará el control del gasto y reducirá los posibles errores de medición en unos aparatos que normalmente tienen una vida útil de cinco o seis años. Como novedad, esta norma establece que los contadores de agua que se estropeen, deberán ser sustituidos por otros nuevos, no siendo posible su reparación.

Esta sustitución permitirá, además, un mayor ahorro económico en los hogares granadinos. "Considerando que una familia media gasta unos 225 euros al año en agua, sustituir los contadores antiguos por otros con una medición equilibrada supondrá un ahorro medio del 15%, esto es, unos 35 euros", explica Sofía Flores, responsable de Ista de la zona Sur.

Según los datos de la compañía, en nuestro país hay un total de tres millones de contadores de propiedad particular que tienen una antigüedad superior a los 12 años. "Si el propietario de una vivienda es además propietario de su contador divisionario, será el responsable de cumplir con esta obligación, para la que hay un periodo de adaptación de cinco años, aunque también puede delegar esta responsabilidad en un gestor", afirma Flores.

El incumplimiento de estas obligaciones podría acarrear multas de hasta 5.000 euros, tal como establece la Ley de Metrología de 2014, recuerdan desde Ista.

La aprobación y puesta en marcha de esta Orden Ministerial facilita la modernización de los equipos de medición, mejorando las lecturas y la adopción de medidas que permitan el ahorro energético.

Para su aplicación en todo el territorio nacional, el Gobierno central dará un plazo de cinco años, al término de los cuales se habrán tenido que sustituir todos los equipos.